CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 30 (EL UNIVERSAL).- La ley HB10, recientemente aprobada en Carolina del Norte, obliga a los alguaciles de los condados del estado a colaborar estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para determinar el estatus migratorio de las personas detenidas.
Esta legislación, que entra en vigor este domingo 1 de diciembre, se enfoca en aquellos acusados de delitos graves o ciertos delitos menores, como homicidios, abuso infantil y agresión sexual, obligando a las autoridades a verificar el estatus migratorio y, en caso de ser necesario, a mantener detenidos a los sospechosos por hasta 48 horas adicionales para permitir que ICE tome la custodia.
El texto de la ley ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que fomenta el perfilamiento racial y podría dar pie a arrestos injustificados, incluso por infracciones menores de tránsito.
Además, se ha asociado con la política de deportaciones masivas promovida por el presidente electo Donald Trump. Durante su campaña, Trump prometió implementar medidas más estrictas de deportación, enfocándose en inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos involucrados en delitos graves.
En este contexto, la ley HB10 refuerza la colaboración local con ICE, lo que podría acelerar las deportaciones en Carolina del Norte, especialmente a partir de enero de 2025, cuando Trump asuma el cargo.
Esta legislación llega en un momento crucial, cuando varios condados de Carolina del Norte, liderados por sheriffs demócratas, han dejado de cooperar voluntariamente con ICE, lo que generó la propuesta de HB10 como una medida para restaurar esa cooperación y aumentar las deportaciones.
Sin embargo, la ley ha generado un fuerte rechazo de parte de líderes de la comunidad inmigrante y funcionarios locales, quienes argumentan que esta colaboración pone en riesgo la confianza de la comunidad y contribuye a la discriminación racial.
En resumen, HB10 no solo representa un cambio significativo en las políticas de inmigración a nivel estatal, sino que también se inserta en el contexto de la política nacional de inmigración del futuro gobierno de Trump, cuyo enfoque en las deportaciones masivas podría verse facilitado por leyes como esta.
