Con la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, su regreso a la Casa Blanca genera expectativa sobre cómo se implementarán sus políticas migratorias. Es que el mandatario electo prometió una serie de medidas que, en caso de entrar en vigor, afectarían a las personas extranjeras que se encuentran en Estados Unidos. Incluso es probable que intente quitarle la ciudadanía a migrantes.
Según indicó la abogada especialista Elizabeth Uribe en diálogo con CNN, la desnaturalización aplica a “personas que son nacidas en el extranjero y que calificaron para obtener la ciudadanía estadounidense por medio de la naturalización”.
Según las leyes de Estados Unidos, la ciudadanía no puede ser retirada arbitrariamente, sino solo cuando se demuestre que fue obtenida de manera fraudulenta o que la persona en cuestión incurrió en actividades ilegales durante el proceso o después de este.
Según indica el portal oficial del gobierno de Estados Unidos, hay diferentes motivos por los que las personas pueden perder la nacionalidad de Estados Unidos. Entre ellas, se destacan:
Durante la primera administración de Donald Trump entre 2017 y 2021, las desnaturalizaciones se convirtieron en un enfoque político más visible. En 2018, se creó una sección dentro del Departamento de Justicia dedicada específicamente a estos casos. Entre 2017 y 2020 se presentaron cerca de 100 casos de desnaturalización civil, es decir, poco menos de la mitad de los 228 registrados desde 2008 hasta el comienzo de la tercera década del siglo 21.
Este aumento reflejó un esfuerzo por parte de su administración para reforzar el control sobre el proceso de ciudadanía, enfocándose en individuos con antecedentes penales o considerados una amenaza para la seguridad nacional. Entre las comunidades afectadas se identificaron principalmente migrantes latinos y musulmanes, según señaló Uribe.
Aunque la administración de Joe Biden revisó las políticas implementadas por su predecesor, también se enfrentó a críticas por no desmantelar por completo el aparato de desnaturalización establecido por Trump. En 2022, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que señaló que la nueva política de desnaturalización legitimó estructuras heredadas de la gestión anterior.
Los expertos coinciden en que la desnaturalización es un proceso complejo que no puede aplicarse de manera masiva ni arbitraria, como haría Trump. La Constitución de Estados Unidos protege el derecho a la ciudadanía, lo que significa que cualquier acción en este sentido debe cumplir con las garantías legales establecidas. En este sentido, Uribe explicó que estos trámites requieren evidencia contundente y son supervisados por cortes federales.
No obstante, la posibilidad de un enfoque más agresivo en esta materia ha generado preocupación en comunidades extranjeras y defensores de derechos humanos. Señalan que un aumento en los casos de desnaturalización podría disuadir a futuros inmigrantes de buscar la ciudadanía, lo que afectaría el tejido social y económico de ese país.
