Legisladores y autoridades de Maryland están debatiendo la posibilidad de abolir los programas 287(g) por las preocupaciones que generan los esfuerzos de la administración Trump al impulsar la deportación de inmigrantes.
Esta medida tiene décadas vigente y permite a las agencias policiales locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para identificar y detener a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.
El debate entre los departamentos del sheriff y grupos de defensa de los inmigrantes se ha mantenido en la Asamblea General en Annapolis y entre los puntos importantes discuten la validez y la eficacia de las colaboraciones entre la policía local y el ICE para la seguridad pública.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero, los acuerdos 287(g) han experimentado un aumento significativo, superando el doble de su número original tanto en Maryland como a nivel nacional, según datos del ICE.
De acuerdo con The Washington Post, hasta el viernes 28 de marzo existían al menos 427 acuerdos entre el ICE y entidades gubernamentales locales en todo el país, con 292 de estos convenios firmados durante la administración Trump. Maryland alberga siete de estas asociaciones en sus condados.
La Asamblea General de Maryland se enfrenta a un punto crítico con la presentación de la Ley de Valores de Maryland, un intento de abordar la creciente división sobre la inmigración en el estado.
El proyecto de ley da a los condados la facultad de decidir cuándo y cómo colaborar con las autoridades de inmigración de EEUU. En varios condados de Maryland, esta decisión ha llevado a la autodenominación de algunas áreas como “jurisdicciones santuario”, donde los funcionarios locales han prohibido la colaboración con el ICE. Por otro lado, el condado de Montgomery ha establecido un acuerdo más informal de cooperación.
A través de la presión de organizaciones como CASA de Maryland, un grupo defensor de los inmigrantes, se ha solicitado la eliminación de todos los acuerdos formales 287(g) y la creación de un proyecto de ley “limpio” que no requiera cooperación obligatoria con el ICE.
Sin embargo, la Cámara de Delegados aprobó un enfoque más moderado, en el que se prohibiría la sección 287(g) y se exigiría un tipo de cooperación diferente con el ICE.
La norma propuesta exigirá que las autoridades penitenciarias en Maryland notifiquen al ICE cuando los inmigrantes indocumentados que hayan sido condenados por delitos específicos estén a punto de ser liberados. Esta obligación abarcará a quienes hayan sido condenados por delitos violentos, cualquier delito grave, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI), y actividades de pandillas. Después de recibir dicha notificación, los funcionarios de inmigración tendrán 48 horas para tomar custodia de los individuos involucrados.
Los senadores de Maryland escucharon por primera vez los argumentos a favor y en contra de la legislación y aún deben decidir si procederán con una votación. Sin una decisión mayoritaria, los acuerdos 287(g) pueden continuar sin modificaciones, lo que mantiene la atención centrada en la discusión sobre la inmigración en el estado.
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