San Juan, 3 ene (EFE).- La nueva gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, solicitó este viernes mediante carta al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, la declaración de un estado de emergencia energética para la isla tras el apagón general ocurrido hace tres días.
Este llamado busca priorizar la atención federal para resolver esta crisis que afecta tanto a los ciudadanos como a los sectores industriales de la isla, un Estado Libre Asociado a EE.UU., según el comunicado.
Puerto Rico sufrió un apagón masivo en vísperas de Año Nuevo debido a una avería en una línea soterrada y, aunque se ha restablecido el servicio eléctrico, en los últimos días se han registrado interrupciones temporales debido a la falta de generación.
La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada tras el paso del huracán María en 2017 y, para su reconstrucción, el Gobierno estadounidense ha aprobado millonarios fondos federales.
González, quien asumió ayer el cargo de gobernadora, también firmó una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a optimizar los procesos de permisos y atender la situación crítica de infraestructura vial en la isla.
Estas medidas buscan simplificar trámites, agilizar proyectos federales y atender deslizamientos que afectan a las carreteras tras los huracanes de los últimos años, según el comunicado.
La primera orden ejecutiva establece la creación de un grupo de trabajo para identificar procesos innecesarios y recomendar la derogación de leyes que no se alineen con la política pública.
Este equipo, que tiene un plazo de 60 días para presentar sus recomendaciones, también tiene como objetivo proponer un nuevo reglamento de permisos y agilizar las aprobaciones relacionadas con proyectos financiados con fondos federales.
La segunda orden ejecutiva busca poner en vigor disposiciones de las leyes 118-2024,119-2024y 131-2024 y disponer de procesos para agilizar permisos de proyectos financiados con fondos federales, proyectos designados como críticos o estratégicos y proyectos de emergencia.
En cuanto a la tercera, esta declara un estado de emergencia ante la condición crítica de la infraestructura vial y los deslizamientos ocurridos en diversas carreteras.
Esta medida busca implementar acciones inmediatas para garantizar la seguridad pública, la continuidad del tránsito y la conectividad vial.
Durante el periodo de vigencia de esta declaración, se activará un proceso expedito que exime al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y otras agencias gubernamentales de cumplir con requisitos ordinarios relacionados con permisos y consultas.
