Menos de 24 horas después de la publicación de la sentencia de la Corte Suprema que da inmunidad al presidente de EEUU por actos ilegales cometidos en ejercicio de sus funciones, el expresidente Donald Trump tomó el primer paso para anular su reciente condena penal en Manhattan en base a ese fallo, una acción que podría no tener éxito ya que el juicio se centró en actos que Trump realizó como candidato, no como presidente, según una decisión judicial anterior.
De acuerdo a un fallo previo de un juez federal, los hechos que causaron la histórica convicción de Trump el 30 de mayo por 34 cargos por delitos graves, fueron llevados a cabo por el expresidente en su capacidad de ciudadano privado y no en el ejercicio de sus funciones como presidente de Estados Unidos.
El asunto de que las falsificaciones no fueron actos oficiales del presidente ya había sido decidido
Trump fue encontrado culpable por un jurado de Manhattan por haber falsificado 34 registros comerciales relacionados a su actividad privada como empresario. Dichas falsificaciones, que generalmente son castigadas como simples faltas o delitos leves, fueron elevadas a delitos graves porque fueron llevadas a cabo en la comisión de otros delitos.
Los registros fueron falsificados para hacer aparecer como honorarios de abogado los reembolsos hechos al abogado Michael Cohen por el soborno que él mismo había pagado a la actriz porno Stormy Daniels para que no divulgara que había tenido una relación sexual con Trump en 2006.
Según la Fiscalía de Manhattan, los delitos que Trump cometió a través de las falsificaciones fueron: violación de los límites federales de financiamiento de campaña, violación de las leyes electorales estatales al influir ilegalmente en las elecciones de 2016 y violación de las leyes fiscales estatales.
Los registros falsificados por Trump fueron: 11 facturas de Michael Cohen, nueve asientos en el libro mayor de contabilidad de Donald J. Trump, nueve cheques firmados por Donald J. Trump, tres asientos del libro mayor del fideicomiso revocable Donald J. Trump y dos cheques del fideicomiso revocable Donald J. Trump.
Aunque las falsificaciones fueron cometidas entre el 14 de febrero y el 5 de diciembre de 2017, cuando Trump ya ocupaba la Casa Blanca, las mismas no fueron llevadas a cabo en cumplimiento de sus funciones como presidente según el juez federal Alvin Hellerstein del distrito sur de Manhattan en 2023.
Ese año, una de las múltiples tácticas dilatorias usadas por el equipo legal de Trump para prevenir la celebración del juicio o posponerla fue una solicitud para trasladar el juicio a la jurisdicción federal, alegando que las acusaciones involucraban actos oficiales dentro del marco de los deberes presidenciales del acusado.
Ese argumento fue rechazado por Hellerstein quien dijo en su decisión que Trump no había logrado probar que su conducta había sido “para, o relacionada con, cualquier acto realizado por, o para, el presidente bajo la apariencia de los actos oficiales de un presidente”.
Hellerstein fue más allá diciendo que la evidencia mostrada “sugiere abrumadoramente que el asunto fue puramente un asunto personal del presidente: un encubrimiento de un evento vergonzoso”.
“El dinero pagado por el silencio a una estrella de cine para adultos no está relacionado con los actos oficiales del presidente, ni refleja de ninguna manera el tono de los deberes oficiales del presidente” concluyó el juez.
¿Qué ocurre ahora?
Según The New York Times, los abogados de Trump pidieron posponer la audiencia para imponer la sentencia a Trump, la cual había sido agendada para el 11 de julio, a fin de dar tiempo al juez para decidir si el fallo de la Corte Suprema afecta la condena.
En la solicitud de permiso para presentar la moción, los abogados de Trump argumentan que la condena debe ser revocada con base en la decisión de la Corte Suprema, ya que según ellos los fiscales presentaron evidencias relacionadas a actos oficiales que Trump tomó mientras estaba en el cargo, algo que no es permisible de acuerdo a la decisión del lunes.
En un escrito presentado por el fiscal de distrito asistente Joshua Steinglass, la fiscalía dice que “aunque creemos que los argumentos del acusado carecen de fundamento, no nos oponemos a su solicitud de autorización para presentar la demanda ni a su posible solicitud de aplazar la sentencia en espera de la determinación de su moción”.
En caso de que Merchán decida no escuchar o desestimar la moción, los abogados de Trump podrían plantear nuevamente la anulación en base a la decisión de la Corte Suprema cuando apelen la condena una vez que Trump sea sentenciado.
Trump enfrenta la posibilidad de una condena máxima de cuatro años de prisión, pero podría recibir una sentencia de solo semanas de cárcel o incluso de libertad condicional.
Analizamos el fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial de Trump y su posible impacto político
