Los Ángeles — Con la aprobación de la Cámara de Representantes a favor de la Ley Laken Riley, H.R. 29, un proyecto de ley que exige la detención de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos, activistas levantan la voz.
Se espera que el Senado aborde el proyecto de ley liderado por el Partido Republicano el viernes.
El Proyecto de Ley Laken Riley es una iniciativa legislativa en los Estados Unidos que propone facultar a las autoridades locales para detener a inmigrantes indocumentados implicados en delitos no violentos, como el robo. Esta propuesta lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería en Georgia que perdió la vida a manos de un inmigrante indocumentado con un historial de arrestos por cargos relacionados con robos
De acuerdo con los líderes pro inmigrantes, el nuevo proyecto de ley viola los principios constitucionales al otorgar a los fiscales generales estatales un poder ilimitado para solicitar órdenes judiciales federales que obliguen al poder ejecutivo a detener y deportar a personas específicas, revocar decisiones individuales sobre libertad condicional humanitaria y, lo más preocupante, dejar de emitir visas a países enteros, de acuerdo con National Immigration Law Center.
“La política de inmigración pertenece al nivel federal, no a las manos de los fiscales generales estatales”, sostiene la organización pro inmigrante.
Según este proyecto de ley, las autoridades de inmigración estarían obligadas a poner a una persona bajo custodia de inmigración después de un arresto relacionado con un robo, incluso si un juez penal determina que no presenta ningún riesgo y la libera bajo fianza. La persona quedaría atrapada en un centro de detención de inmigrantes sin posibilidad de solicitar la liberación, ni siquiera para asistir a su audiencia en el tribunal penal sobre los cargos subyacentes.
El proyecto de ley limitaría la capacidad del poder ejecutivo para elaborar políticas de inmigración, independientemente de si hay un demócrata o un republicano en la Casa Blanca. El proyecto de ley garantiza a los estados la legitimación para demandar al gobierno federal por una gama impresionantemente amplia de acciones relacionadas con la inmigración, que van desde políticas de detención y visas hasta decisiones de detención y liberación en casos individuales de inmigración. Las agencias federales, bajo control demócrata o republicano, se enfrentarían a litigios a cada paso de los estados gobernados por el partido político opuesto. Las administraciones probablemente dejarían incluso de intentar emitir nuevas políticas de inmigración cuando se enfrentaran a litigios interminables por cada memorando y regulación.
Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice dijo que el proyecto de convertirse en ley, “daría poder a los fanáticos antiinmigrantes estatales, como Ken Paxton y Kris Kobach, para revocar un precedente de larga data al permitir que los fiscales generales estatales tomen las riendas de la política federal de inmigración y sumerjan a nuestro obsoleto sistema de inmigración en un caos aún mayor”.
“Esta legislación no tiene como objetivo hacer que el pueblo estadounidense esté más seguro; se trata de demonizar aún más a los inmigrantes con fines políticos”, sostuvo.
Al punto de vista de Cárdenas, el proyecto de ley pisotea importantes principios del debido proceso: “da luz verde a la detención y deportación de los acusados, en lugar de los condenados por delitos menores. La Ley Laken Riley incluye una serie de medidas no relacionadas, radicales y dañinas, al tiempo que confía la política federal de inmigración a los fiscales generales estatales republicanos más rabiosos y antiinmigrantes”, dijo.
Como señaló el experto en políticas Aaron Reichlin-Melnick del Consejo Estadounidense de Inmigración en un hilo de redes sociales: “La Ley Laken Riley permitiría a Ken Paxton demandar para obligar a Estados Unidos a bloquear todas las visas de China. No me lo estoy inventando; esa es una autoridad que otorgaría a cualquier fiscal general estatal”.
Para aquellos que buscan más contexto, declaró
Reichlin-Melnick, la ley autoriza a los fiscales generales estatales a, entre otras cosas, acudir a los tribunales para hacer cumplir una ley de la era de la Guerra Fría que permite al gobierno federal imponer sanciones de visas a los países que no aceptan la deportación de sus nacionales.
Los activistas sostienen que el proyecto de ley es una receta para el caos en los tribunales federales.
El proyecto de ley es duplicativo, el gobierno federal ya tiene la autoridad para detener a todas las personas que enfrentan procedimientos de deportación. El proyecto de ley modifica la disposición de “detención obligatoria” de la ley federal de inmigración para que se aplique a las personas indocumentadas que sean acusadas, arrestadas o condenadas por cualquier delito relacionado con el robo. Pero el Departamento de Seguridad Nacional ya tiene autoridad estatutaria para detener a cualquier persona indocumentada que enfrente procedimientos de deportación, incluidas aquellas acusadas de un delito penal.
Lo que hace el proyecto de ley es aplicar la “detención obligatoria”, que requiere la detención sin ninguna oportunidad de siquiera solicitar la liberación bajo fianza. En la práctica, esto significa que el proyecto de ley exigiría al gobierno detener a una madre indocumentada arrestada por cargos de hurto de pañales sin siquiera concederle una audiencia de fianza, durante la duración de sus procedimientos de deportación.
Casi todas las personas que enfrentan cargos penales en el sistema de justicia penal tienen derecho a una audiencia individualizada de fianza, incluso por cargos tan graves como el asesinato. Este proyecto de ley es particularmente extremo porque aplica la detención obligatoria de inmigrantes únicamente sobre la base de una detención o acusación, lo que corre el riesgo de la detención prolongada de personas inocentes de los cargos presentados contra ellas.
Por ahora, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), insta a la Cámara de Representantes y al Senado de los Estados Unidos a oponerse a la propuesta de Laken Riley.
Angelica Salas, directora ejecutiva de la CHIRLA, ha calificado al proyecto como odioso.
“Este es el primer intento de lo que podemos esperar que sea un ataque total por parte de la administración entrante de Trump contra las familias inmigrantes y trabajadoras en los Estados Unidos. El proyecto de ley manipula y explota una tragedia para criminalizar y demonizar a las comunidades inmigrantes. Es claramente un proyecto que busca convertir en chivos expiatorios y perfilar racialmente a los inmigrantes con consecuencias devastadoras”, dijo Salas.
“Si se vota como ley, también autorizaría a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los fiscales generales estatales, a utilizar los tribunales para atacar a los inmigrantes de largo plazo, los beneficiarios de DACA y TPS y las familias de estatus mixto”, dijo.
El Proyecto de Ley Laken Riley fue presentado por el congresista Mike Collins, un republicano de Georgia. Collins introdujo esta legislación como una respuesta a la trágica muerte de Laken Riley, argumentando que el proyecto busca fortalecer la seguridad pública al dar a las autoridades locales más herramientas para manejar casos relacionados con inmigrantes indocumentados que han cometido delitos.
