“Si eliminas los 30,000 trabajadores indocumentados en Idaho…, no hay trabajadores esperando ocupar estos empleos,” dijo Rick Naerebout.
BOISE, Idaho — Este artículo apareció originalmente en The Idaho Press.
Los negocios de Idaho y potencialmente miles de trabajadores indocumentados se están preparando para un gran cambio una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo en enero.
Los socios de Holland & Hart, Chris Thomas y Dean Bennett, organizaron una presentación el jueves para que los empleadores se preparen para más auditorías y más deportaciones, como prometió el expresidente para su segundo mandato.
Algunas de estas acciones incrementadas podrían incluir agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) infiltrándose en la fuerza laboral.
“Estamos predicando una filosofía de paranoia, es hora de asumir que cada conversación será recuperada”, dijo Thomas, quien se enfoca en temas migratorios. “Esto es lo que hacen, ya sea a través de agentes infiltrados o personas que han sido amenazadas con deportación.”
Idaho tiene aproximadamente 35,000 inmigrantes indocumentados, según los números de 2021 incluidos en un informe del Centro McClure de la Universidad de Idaho. Aproximadamente el 86% de esas personas indocumentadas están trabajando, principalmente en agricultura, hostelería y construcción, según el informe, y están pagando impuestos sobre la renta, ventas y otros, sin ser elegibles para asistencia pública, como alimentos o Medicaid.
Si el presidente electo pudiera llevar a cabo las deportaciones masivas que ha planificado —lo cual implicaría muchos obstáculos logísticos— podría tener un impacto significativo en varias industrias de Idaho.
“Si eliminas los 30,000 trabajadores no autorizados en Idaho, es decir, mira nuestros números de desempleo, no hay trabajadores esperando ocupar estos empleos”, dijo Rick Naerebout, CEO de la Idaho Dairymen’s Association, refiriéndose a la tasa de desempleo del 3.7% de Idaho en octubre, según el Departamento de Trabajo de Idaho.
Alrededor de 5,000 de esos trabajadores están en la industria láctea, dijo Naerebout. La fuerza laboral láctea de Idaho es aproximadamente 90% extranjera, según la asociación.
“Esto es mucho más que solo la industria láctea de Idaho que podría ser significativamente dañada por deportaciones masivas”, dijo Naerebout.
Thomas les dijo a los empleadores el jueves que se esperen más auditorías de formularios I-9, asegurándose de que todos los empleados estén autorizados para trabajar en los EE. UU. También mencionó la intención declarada de Trump de declarar un estado de emergencia para poder movilizar al ejército estadounidense con el propósito de deportación.
Thomas también explicó ejemplos de agentes que se hacen pasar por empleados o trabajadores indocumentados, revelando su estatus a un empleador para determinar si están empleando a sabiendas a alguien indocumentado.
“Así que aquí está la regla número 1, si tiene una conversación extraña, por favor cree el documento A en su defensa, y simplemente diga: ‘No sabíamos que estaba aquí ilegalmente, y desafortunadamente, eso significa que hoy es su último día’.”
Bennett agregó que estas conversaciones con los empleados podrían ser difíciles.
“Es difícil cuando tienes un empleado que ha estado contigo durante 15 años, y tal vez te das cuenta de algo al respecto”, dijo. “Comprenda que esto es para su protección individual y la protección de la empresa. Y por mucho que quiera ayudar a alguien que quizás tenga tres hijos que mantener, que no tiene a dónde más ir a trabajar, suena mal, pero usted y la empresa probablemente vengan primero.”
Naerebout dijo que ha estado escuchando cierta preocupación entre la población inmigrante del estado. Algunos, dijo, están menos preocupados porque la retórica similar del primer mandato de Trump no resultó en los cambios drásticos que había discutido durante la campaña.
“Creo que también hay un buen número de ellos (trabajadores migrantes) que lo ven con cautela”, dijo Naerebout. “… Va a ser una mezcla en todo sentido, y al final del día, absolutamente hay más preocupación dentro de las poblaciones inmigrantes.”
Naerebout dijo que su industria está más preocupada por lo que podría intentarse a nivel estatal, con muchos legisladores de Idaho pidiendo un cumplimiento más estricto y denunciando la contratación de trabajadores indocumentados.
El miércoles, el gobernador Brad Little se unió a otros 25 gobernadores republicanos firmando una declaración en apoyo de las políticas de inmigración y deportación propuestas por Trump, según informó el Idaho Capital Sun.
La declaración indicaba que los líderes estatales estaban “listos para utilizar todas las herramientas a su disposición —ya sea a través de las fuerzas del orden público estatales o la Guardia Nacional— para apoyar al presidente Trump en esta misión vital”.
En la última sesión, se introdujo legislación en la Legislatura de Idaho que crearía un nuevo delito de entrada ilegal al estado y permitiría a las fuerzas del orden local verificar el estatus migratorio de las personas. El proyecto de ley se asemejaba en gran medida a una ley de Texas que ha sido impugnada en los tribunales, con opositores argumentando que los estados no tienen la autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara y no avanzó en el Senado.
Hubo otras resoluciones introducidas en la Casa Estatal y una fue aprobada pidiendo al gobierno federal que mejore la seguridad fronteriza y detenga la inmigración ilegal.
Muchos legisladores han dicho que todos los empleadores que contraten trabajadores indocumentados deben ser responsabilizados, y acusan a quienes lo hacen de explotar a estos trabajadores.
Naerebout dijo que, a nivel federal, la industria láctea ha hecho cabildeo durante mucho tiempo para tener acceso a un programa de visa de trabajador legal, que otras industrias agrícolas pueden utilizar. Debido a que el trabajo en las lecherías no es estacional, los productores no pueden usar el programa H-2A de trabajadores agrícolas temporales, que proporciona una vía para trabajadores autorizados de fuera de EE.UU.
La industria agrícola de Idaho ha aumentado el uso del programa H-2A un 63% desde 2016, según el informe del Centro McClure. El programa requiere que se priorice a los residentes de EE.UU. para la contratación, y el informe indica que “el aumento sugiere que el interés de los trabajadores autorizados en los puestos agrícolas estacionales no está creciendo al ritmo de las necesidades de la fuerza laboral”.
Para los empleadores, usar un sistema como E-Verify —un sistema del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. destinado a determinar la elegibilidad para trabajar— puede no ser suficiente para protegerlos de ser criminalizados por contratar trabajadores indocumentados, dijo Thomas.
“Todos en el gobierno saben que E-Verify es una broma, no está funcionando”, dijo.
Los empleadores pueden recibir multas o enfrentar sanciones penales por tener formularios I-9 que no cumplan con las normas y, en algunos casos, aceptar documentación fabricada aunque parezca auténtica.
El uso de contratistas a través de agencias de empleo también puede crear responsabilidad para los empleadores, dijo Thomas. Algunas de estas agencias de empleo han sido encontradas obligando ilegalmente a trabajar mediante amenazas de deportación, dijo.
“Cosas realmente desagradables y oscuras”, dijo Thomas, “pero las estamos viendo demasiado a menudo últimamente”.
Naerebout dijo que no está seguro de que las deportaciones masivas se materialicen, pero dijo que las consecuencias podrían ser significativas.
“No puedes eliminar el 50% de la fuerza laboral agrícola sin eliminar la capacidad de EE.UU. de alimentarse a sí mismo”, dijo. “Y ese es realmente el riesgo, es más grande que solo los lácteos, es más grande que solo Idaho… y solo estamos hablando de agricultura, tú y yo no estamos hablando de construcción, hostelería, servicios, medicina o cualquier otro aspecto de la economía que sea igualmente dependiente de esta fuerza laboral como la agricultura.”
Este artículo apareció originalmente en The Idaho Press.
