Los avances médicos para tratar la obesidad siguen chocando con barreras políticas. La Administración Trump ha dado marcha atrás a una propuesta impulsada por el Gobierno de Joe Biden que habría permitido la cobertura de los medicamentos contra la obesidad dentro del programa Medicare. La iniciativa fue detenida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) el pasado viernes. En ella se contemplaba la inclusión de fármacos como Wegovy (Novo Nordisk) y Zepbound (Eli Lilly), de la clase GLP-1, indicados específicamente para la pérdida de peso.
El coste actual de estos medicamentos ronda los 1.000 dólares mensuales sin seguro
La propuesta rechazada habría permitido que millones de personas pudieran acceder a estos medicamentos innovadores, cuyo uso ha demostrado una pérdida de peso de hasta el 20%, además de una reducción significativa del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, el coste medio de entre 900 y 1.300 dólares al mes sin cobertura pública convierte su uso continuado en una posibilidad remota para buena parte de la población vulnerable.
Cobertura limitada
Hasta ahora, Medicare solo cubre estos compuestos cuando se prescriben para diabetes tipo 2. Las versiones aprobadas para la obesidad no están incluidas, a pesar de que comparten el principio activo. Esta exclusión ha sido considerada contradictoria por parte de expertos y empresas farmacéuticas.
Medicare solo cubre estos compuestos cuando se prescriben para diabetes tipo 2
Desde Novo Nordisk se ha destacado que “el anuncio fue limitado”, y que esperan una definición más precisa de obesidad en el marco regulatorio. Lilly, por su parte, expresó su decepción y reiteró su compromiso para lograr una cobertura pública que incluya estos tratamientos. El coste actual de estos medicamentos ronda los 1.000 dólares mensuales sin seguro, una cifra inasumible para la mayoría de pacientes. Su eficacia, sin embargo, ha sido demostrada en ensayos clínicos: permiten una pérdida de peso del 15 al 20% y ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2.
Motivos económicos
El impacto presupuestario que podría suponer su financiación ha sido utilizado como argumento por los detractores de la medida. Según Courtney Breen, analista de Bernstein, “con los aranceles farmacéuticos en negociación, este no es el momento para dar sin recibir”. La propuesta no solo habría ampliado el acceso a los tratamientos, sino que también habría contribuido a reconocer la obesidad como una enfermedad crónica, algo que la comunidad científica lleva años reclamando. Esa consideración permitiría desarrollar políticas más eficaces y coordinadas desde el sistema sanitario.
La propuesta no solo habría ampliado el acceso a los tratamientos, sino que también habría contribuido a reconocer la obesidad como una enfermedad crónica
Desde el actual Departamento de Salud, encabezado por Robert F. Kennedy Jr., se mantiene una visión más conservadora. Kennedy ha declarado que la obesidad debe abordarse mediante una alimentación saludable y cambios en el estilo de vida, no con medicamentos. Estas declaraciones han sido criticadas por no reflejar la complejidad biológica y social de esta patología.
Precedente preocupante
En el mismo comunicado, los CMS rechazaron otras dos propuestas. Una buscaba revisar las políticas de acceso a la atención desde un enfoque de equidad sanitaria. La otra intentaba establecer restricciones al uso de herramientas de inteligencia artificial, debido a denuncias sobre su uso para denegar o retrasar tratamientos. El hecho de que estos medicamentos no hayan sido cubiertos por Medicare se ha interpretado como una oportunidad perdida para mejorar los resultados en salud. También se ha señalado que, a medio plazo, su uso podría generar ahorro al reducir hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la obesidad.
Los CMS rechazaron otras dos propuestas: la revisión de las políticas de acceso a la atención desde un enfoque de equidad sanitaria y el establecimiento de restricciones al uso de herramientas de inteligencia artificial
En la práctica, la medida deja fuera de cobertura a millones de personas que, por edad o situación económica, dependen del sistema público. La obesidad continúa sin recibir el mismo tratamiento institucional que otras enfermedades crónicas, a pesar de su impacto sanitario y económico. El acceso a estos fármacos, por tanto, seguirá determinado por la capacidad de pago individual. La financiación pública ha sido postergada, una vez más, en un contexto de tensiones políticas y cálculo presupuestario.
