“Concluimos que, bajo nuestra estructura constitucional de separación de poderes, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad contra el procesamiento penal por actos oficiales durante su mandato”, dice el veredicto, decidido 6-3 en una Corte Suprema de mayoría conservadora.
La decisión ha hecho temer a muchos académicos que podría allanar el camino para que futuros presidentes queden impunes ante el sistema de justicia penal por casi cualquier cosa.
“Un presidente con malos motivos y mal carácter puede fácilmente encubrir malas acciones bajo el desempeño de su cargo y no temer ser procesado”, según le dijo Randall Eliason, profesor de derecho de la Universidad George Washington y exfiscal de corrupción pública, al diario The Wall Street Journal.
Pero el fallo no solo arroja dudas sobre los hechos realizados por Trump en el pasado, sino que también plantea muchas incógnitas sobre qué límites tendrá de cara a una hipotética nueva presidencia y cuáles de sus actos o decisiones estarán protegidas por esta inmunidad.
“Este es un gran precedente. Todos estamos centrados en lo que esto significa para 2024 y para Donald Trump, pero esta es una opinión que amplía enormemente el poder presidencial. Lo que hace es crear una especie de zona de inmunidad alrededor del presidente para actos oficiales y para cosas similares a actos oficiales”, dijo Rick Hasen, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de California.
“Eso pone un gran pulgar en la balanza a favor del presidente si alguna vez hay algún tipo de proceso penal”, agregó en entrevista con la radio pública estadounidense, NPR.
¿Qué acciones podrían quedar ahora amparadas bajo la inmunidad presidencial?
“Dejemos que explote los entresijos de su gobierno para su victoria personal, dejemos que use el poder para objetivos perversos”, escribió en su texto de disenso tras conocerse el veredicto.
“La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”, lamentó.
“Mirando más allá del destino de este caso en particular, las consecuencias a largo plazo de la decisión de hoy son duras. La Corte efectivamente crea una zona libre de leyes alrededor del presidente (…) Esta nueva inmunidad en actos oficiales queda disponible ahora como ‘un arma cargada’ para cualquier presidente que desee anteponer sus intereses, su supervivencia política o su beneficio financiero ante los intereses de la nación”, añadió.
Para dar muestra del amplio poder que esta medida podría suponer para el expresidente, Sotomayor puso diversos ejemplos de actuaciones que podrían quedar amparadas bajo esta figura de la inmunidad parcial.
“¿Si ordena a los marines asesinar a un rival político? Es inmune. ¿Si organiza un golpe de Estado para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Si acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”, afirmó.
La magistrada Kentaji Brown Jackson también se sumó a las críticas y declaró que la decisión de la corte abre la puerta a un escenario “peligroso” y a no garantizar el principio de que “nadie está por encima de la ley”.
“Ese principio central se ha preservado en nuestro país y ha evitado que evolucione hacia el nepotismo. Aún así, la corte ha optado por cambiar eso para cualquier futuro presidente que esté dispuesto a sobrepasar cualquier límite impuesto por el Congreso”, aseguró.
Numerosos analistas y medios estadounidenses cuestionaron la medida por considerar que da al presidente “carta blanca” para cometer cualquier tipo de actos criminales que puede justificar como “oficiales”.
David Becker, experto en Derecho Electoral y director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, una organización sin fines de lucro, calificó de “increíblemente amplia” y “profundamente inquietante” la inmunidad otorgada a Trump.
“Casi todo lo que hace un presidente con el poder ejecutivo se caracteriza como un acto oficial”, dijo en una llamada con periodistas tras el fallo. “Para cualquier individuo sin escrúpulos que llegue a la Oficina Oval y que pueda perder una elección. La forma en que interpreto esta opinión es que podría ser una hoja de ruta para aquellos que buscan permanecer en el poder”, concluyó.
En un extracto de la decisión, los magistrados aseguran que “el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley”, se aclara
Sin embargo, la amplitud de inmunidad “absoluta” que le fue otorgada al presidente para sus actos oficiales va más allá incluso de lo que los mismos abogados de Trump pidieron durante la audiencia ante la Corte Suprema también ha hecho.
“Los presidentes pueden asesinar, violar, robar y prácticamente hacer lo que quieran, siempre y cuando argumenten que asesinar, violar o robar es parte del trabajo oficial del presidente de Estados Unidos. No existe ningún delito que traspase el velo de la inmunidad absoluta”, decía The Nation.
¿Cuál es la diferencia entre “actos oficiales” y “no oficiales”?
“Puede resultar difícil distinguir las acciones oficiales del presidente de las no oficiales”, reconoció el presidente de la corte, John Roberts.
Y esta es, precisamente, una de las cuestiones clave para determinar hasta dónde llegará el alcance de esta inmunidad y qué actos quedarán amparados bajo esta figura y cuáles no.
El tribunal concluyó que un presidente es absolutamente inmune a acciones realizadas dentro de su autoridad constitucional básica, lo que incluye actividades como conceder indultos, nombrar funcionarios del gabinete, participar en relaciones exteriores y actuar como comandante en jefe del país.
Pero en esos ejemplos, caben muchas de las interrogantes a las que se refirió Sotomayor y que también aparecieron cuando se presentó el caso ante la Corte en abril.
Todo lo demás se considera presuntamente privilegiado siempre que se pueda considerar que se ubica dentro del perímetro exterior de su responsabilidad como presidente. Ese mismo amplio estándar brinda a los presidentes protección contra demandas civiles, por ejemplo.
Sin embargo, un tribunal podría determinar que ciertas conductas o actos como un discurso de campaña o una recaudación de fondos constituye un acto no oficial, para el cual no existiría inmunidad.
La poca concreción en este punto abre la puerta a multitud de litigios legales para que decidan qué quedará bajo la protección de este paraguas de inmunidad o no.
La magistrada Jackson describió el fallo como demasiado vago y aseguró que resulta casi imposible saber cuándo y bajo qué circunstancias un presidente puede ser considerado responsable de crímenes.
“Para cada acusación, los tribunales deben enfrentar este desafío primero, sin importar cuán bien documentado o atroz pueda ser el acto criminal”, escribió en su disenso.
Desde hace meses, este ha sido el debate principal entre los jueces de la Corte Suprema. Mientras que Trump defendía que toda la acusación por su presunta interferencia electoral en 2020 debería desestimarse, basándose en su inmunidad presidencial, los magistrados debían decidir hasta qué punto están protegidos los actos oficiales y cuáles deberían ser considerados como tal.
“Es decepcionante”: oficial herido en el asalto al Capitolio rechaza fallo de corte sobre inmunidad de Trump
