La ley, criticada por grupos de derechos humanos, fue promulgada por el presidente polaco, Andrzej Duda.
Polonia ha suspendido temporalmente el derecho de los migrantes que llegan al país a través de su frontera con Bielorrusia a solicitar asilo. El primer ministro, Donald Tusk, aseguró que el polémico proyecto de ley se aprobaría “sin demora” tras su firma por el presidente polaco, Andrzej Duda.
“Creo que es necesario reforzar la seguridad de nuestras fronteras y la seguridad de los polacos”, anunció Duda, a pesar de haber expresado en el pasado su preocupación por que la legislación dificultara a los disidentes de Bielorrusia huir del régimen represivo del país.
La nueva legislación, que permitirá a las autoridades polacas suspender el derecho de asilo durante 60 días seguidos, ha sido duramente criticada por grupos de derechos humanos. En febrero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió a Polonia de que la ley propuesta no sería compatible ni con la legislación internacional ni con la europea en materia de asilo.
El mes pasado, Human Rights Watch dijo que la UE debería emprender acciones legales contra Polonia en caso de que se aplicara el proyecto de ley, añadió que la legislación “va en contra de las obligaciones internacionales y de la UE de Polonia” y animó al Parlamento polaco a que la rechazara.
Tusk ha presentado el proyecto de ley como necesario para combatir el flujo de inmigrantes que entran en Polonia a través de Bielorrusia, donde él y otros miembros de su Gobierno sostienen que Moscú y Minsk están animando deliberadamente a los inmigrantes a intentar cruzar en un intento de desestabilizar Europa.
Una amenaza “grave y real” para la seguridad nacional
La legislación permite a Polonia suspender el derecho de asilo de un inmigrante en aquellas situaciones en las que suponen una “amenaza grave y real” para la seguridad nacional, según Tusk. Permite excepciones para determinadas categorías de personas, como menores, mujeres embarazadas, personas con necesidades sanitarias especiales, personas consideradas en “riesgo real de sufrir daños” si son devueltas a través de la frontera y ciudadanos de países como Bielorrusia.
Una enmienda de última hora al proyecto de ley permite también a las familias que acompañen a menores solicitar asilo en virtud de las nuevas restricciones. A pesar de las críticas de las ONG, Tusk ha mantenido que la legislación está estrictamente dirigida a atajar la inmigración ilegal orquestada por Rusia y Bielorrusia y no vulnera los derechos humanos de los inmigrantes en general.
Los 400 kilómetros de frontera de Polonia con Bielorrusia han sido durante mucho tiempo escenario de crisis, con miles de personas que periódicamente intentan cruzar a Polonia a través de espesos bosques a temperaturas que caen bajo 0°C en invierno.
Varsovia ha gastado miles de millones en fortificar el lugar para combatir la inmigración ilegal, entre otras cosas erigiendo un muro de acero de 5,5 metros rematado con alambre de espino y una barrera electrónica de 206 kilómetros equipada con cámaras que detectan el movimiento.
Los grupos de derechos humanos estiman que cientos de personas han muerto en la frontera entre Polonia y Bielorrusia desde 2021, y que miles de ellas han sido objeto de retenciones ilegales y violentas por parte de los guardias fronterizos polacos.
