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Políticas erradas de Biden-Harris dejan a migrantes en un limbo legal

Autor: Estefani Brito

A poco menos de un mes de las elecciones presidenciales, el Gobierno demócrata ha demostrado su incapacidad para manejar la crisis migratoria sin precedentes que enfrenta el país, con el ingreso de más de 10,6 millones de extranjeros indocumentados por la frontera Sur desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2021.

Con la no extensión del parole a más de medio millón de migrantes, la abogada María Herrera Mellado, especialista en inmigración, asegura que se “refuerza la teoría de que esta administración perdió absolutamente el control de la inmigración ilegal y desordenada y que, además, facilitó la entrada masiva de personas que no cumplían con los requisitos necesarios”.

El programa, que fue implementado por Biden en octubre de 2022, con la esperanza de reducir la migración ilegal, ofreció una vía legal a los miles de venezolanos que huían del régimen de Nicolás Maduro, y se extendió en 2023 a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua.

A dos años de su puesta en marcha, el parole ha permitido la entrada legal vía aérea a 530,000 migrantes, entre ellos, 210,000 haitianos, 117,000 venezolanos, 110,000 cubanos y 93,000 nicaragüenses, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Administración Biden-Harris intentó tapar el sol

La abogada considera que este permiso temporal, que no asegura un estatus migratorio en EEUU, fue un intento del gobierno actual de “tapar el sol con un dedo” ante el desbordamiento que ha sufrido la frontera con México, para decir, como lo hizo el demócrata Tim Walz durante el debate vicepresidencial, que han reducido el número de “encuentros” en la zona.

“Llegó incluso a disminuir los números que se manejaban con Trump, lo cual no tiene ninguna relación con la realidad. Todos sabemos que si bien algunas personas no llegan a la frontera es porque se ha permitido otro tipo de vías alternas”, apunta.

En menos de 65 días, la administración Biden-Harris pasó de la suspensión del parole humanitario ante las evidencias de fraude en al menos 101,000 solicitudes de patrocinio y su posterior reanudación, con la implementación de medidas “más rigurosas”, a la no renovación del permiso para los beneficiarios que están cerca de cumplir dos años en suelo americano.

El programa, que continúa en vigor para nuevos solicitantes, venía con problemas de origen. Uno de ellos, menciona Herrera Mellado, es que no contó con las protecciones necesarias para evitar el fraude masivo.

Las autoridades, continúa, no pidieron al inicio del permiso temporal la documentación necesaria a los patrocinadores ni intentaron precisar la motivación o razones reales que tuvieron los solicitantes para aspirar a una protección humanitaria.

“Con el tiempo se fueron enmendando los formularios y se fueron haciendo preguntas mucho más acertadas tanto a los solicitantes como a los que iban a patrocinar a estos inmigrantes”, agrega.

La falta de un control riguroso, indica, fue aprovechado por algunos patrocinadores para cobrar altos costos o abusar de los migrantes, y permitió, además, que el parole fuera explotado por el crimen organizado y traficantes de personas.

Oxígeno para Trump

Este 7 de octubre, Harris lejos de reconocer lo errada de sus blandas políticas migratorias atribuyó la responsabilidad al Congreso durante una entrevista en CBS News, al alegar que lo necesita para “solucionar realmente el problema”.

“Ella como vicepresidenta dijo que no es un error (flexibilizar las políticas migratorias). No es lo suficientemente humilde para reconocer públicamente que efectivamente se han equivocado, cuando lo está haciendo por debajo de la mesa, lo está haciendo en papel con esta marcha atrás y las últimas reglas de asilo”, precisa.

A 24 días de las presidenciales, en la que Harris se medirá a Donald Trump, el tema migratorio es uno de los más importantes para los electores estadounidenses y latinos. La abogada estima que esta rectificación demócrata le dará “bastante oxígeno” al exmandatario republicano, que fue acusado de “anti-inmigrante” cuando lo que ha intentado es “defender” a EEUU.

“En los últimos meses, la administración Biden-Harris ha dado marcha atrás en todos los programas que ellos mismos idearon y se han acercado a las políticas del expresidente Trump (…) Esto es una muestra más de que es hora de poner a EEUU primero, de cerrar la frontera y dejar de exponer a los ciudadanos estadounidenses al crimen organizado y a un tipo de llegada masiva y desordenada, de la cual las ciudades ni siquiera se pueden hacer cargo”, subraya.

Migrantes en un limbo

Con el parole humanitario, Mellado Herrera señala que el gobierno “elevó las expectativas” y movilizó a miles de ciudadanos a los que sacó de sus países de origen para, finalmente, dejarlos en un “limbo”.

Sin embargo, menciona que aún existen algunas opciones para que los más de 530,000 beneficiarios puedan regular su situación en el país, aunque muchos no vayan a poder ajustar su estatus por falta de documentación.

Además, descarta que la actual administración o una próxima que pueda asumir en enero de 2025, vaya a iniciar un proceso de deportación, a menos que ellos cometan delitos o estén relacionados con el crimen organizado, como la banda trasnacional de origen venezolano el Tren de Aragua, que se ha extendido por varias ciudades de EEUU durante el gobierno demócrata.

¿Qué opciones quedan?

De los más de medio millón de migrantes que necesitan regularizar su estatus migratorio, los menos perjudicados serán los cubanos, quienes tendrán la posibilidad de apelar a la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde hace 58 años.

La legislación brinda a los cubanos la posibilidad de optar a una residencia permanente al año y un día de estar en EEUU, y a la ciudadanía estadounidense cinco años después, siempre y cuando hayan sido procesados de manera legal en un puerto de entrada.

En el caso de los venezolanos y haitianos, quienes califiquen tendrán la posibilidad de ampararse en el Estatus de Protección Temporal (TPS), que ofrece protección provisional contra la deportación y un permiso de trabajo. En el caso de los ciudadanos de Venezuela, podrán acceder al TPS hasta el 2 de abril de 2025, mientras que los haitianos que quieran inscribirse pueden hacerlo hasta el 3 de febrero de 2026.

Nicaragua nunca fue reasignado. ¿Qué significa eso? Que a menos que (el beneficiario) aplicase para el TPS inicialmente, cuando se abrió el proceso para pedir protección temporal, no califican los que hayan llegado después”, agrega.

Otras alternativas para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos serían el asilo, siempre y cuando hayan sido víctimas de persecución por razones políticas, sociales o étnicas. También, pueden conseguir ofertas laborales de empresas que les sirvan de patrocinador, incorporarse al sistema educativo de EEUU o casarse con un ciudadano estadounidense.

Por último, los beneficiarios podrían retornar a su país de origen. Pero con la dictadura de Maduro, por ejemplo, es una posibilidad de descarta de plano en el caso venezolano. “No creemos que eso se vaya a producir (…) Que la gente se vaya a ir de regreso a Venezuela, como está ahora mismo, con unas elecciones (robadas) y con una tiranía allí, no es realista”, enfatiza.

@ebritop22

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