La situación de la política norteamericana ha llegado a un extremo de máximo riesgo o clara emergencia.
Alarma roja no porque se avecine una guerra nuclear, sino porque la batalla entre republicanos y demócratas puede ser el explosivo núcleo de la destrucción masiva de su sistema democrático de defensa.
A pocos meses de unas elecciones presidenciales, ninguno de los dos candidatos reúne condiciones para ejercer con las debidas garantías el mando ejecutivo de la nación más poderosa de la tierra.
Para esta próxima legislatura, Joe Biden se ha revelado claramente incapacitado por sus numerosas pruebas de senilidad, decrepitud y deterioro cognitivo. Fallos de reconocimiento, orientación y memoria, despistes y confusiones que lo presentan ante una buena parte de la opinión pública como un precario presidente y como un absurdo candidato.
Donald Trump es igualmente, y en mayor medida, un indeseable aspirante a la Casa Blanca. A su condición de ciudadano condenado por varios delitos e investigado por numerosos más añade la incalificable traición de haber alentado hace cuatro años un ataque contra el Capitolio, sede del poder legislativo. Un individuo así debería estar, además de moralmente, institucionalmente incapacitado para representar a nadie, más allá de a sí mismo en nuevos juicios penales.
Dicho esto, nada fácil resulta entender cómo es posible que los dos grandes y poderosos partidos norteamericanos hayan caído a este nivel de indigencia intelectual. ¿De verdad no tenían los republicanos alternativa a Trump? ¿En serio no hay recambio para Biden entre los demócratas?
El hecho de haber sido ambas siglas incapaces de ofrecer a sus electores nada mejor habla cada vez peor de la independencia de sus bases, de la limpieza de sus procedimientos de elección interna, de la dependencia de esa financiación privada a modo de interesados mecenazgos que después se cobran una a una ¡y de qué manera! sus aparentemente filantrópicas aportaciones.
Un ejemplo, el de Estados Unidos, que está dejando de serlo a ojos vista. Su sistema político, profundamente condicionado por los intereses económicos de las grandes corporaciones, no serviría como modelo a ningún país que pretendiese estrenarse o progresar en democracia.
A España, desde luego, lecciones pocas.
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