Cerca de medio millón de migrantes que habrían sido beneficiados por el Parole in Place, enfrentan ahora un futuro incierto.
Un juez federal ha anulado la política de “Parole in Place” (PIP) de la administración de Joe Biden, un golpe significativo para las iniciativas migratorias del gobierno saliente. La decisión fue tomada por el juez J. Campbell Barker, designado por Donald Trump, quien consideró que la política excedía la autoridad del poder ejecutivo, ya que el Congreso no había autorizado tal medida.
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El programa PIP, anunciado a principios de 2024, permitía que cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses que llevaban más de diez años en el país pudieran solicitar la residencia permanente sin tener que abandonar Estados Unidos. Esta medida tenía como objetivo evitar la separación de familias y promover la unidad de los hogares con estatus mixto.
El fallo judicial surge tras una demanda liderada por Texas y apoyada por otros 16 estados gobernados por republicanos. En su declaración, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, expresó que el programa PIP representaba una amenaza para la seguridad de las comunidades. “Biden y Harris crearon una crisis en la frontera sur, dejando al pueblo estadounidense pagar las consecuencias. Estados como Missouri tuvieron que actuar para asegurar nuestra frontera”, afirmó Bailey.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que defendió la medida, argumentó que tenía discreción para otorgar “parole” a ciertos inmigrantes. Sin embargo, el juez Barker sentenció que esta interpretación extendía la ley más allá de sus límites, concluyendo que la administración carecía de la autoridad para implementar un programa de tal envergadura.
El PIP permitía a los beneficiarios obtener permisos de trabajo y protección contra la deportación mientras tramitaban su residencia. Para ser elegibles, los solicitantes debían probar residencia continua en el país desde 2014 y estar casados legalmente con un ciudadano estadounidense antes de 2024. Miles de solicitudes procesadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) quedarán ahora en suspenso.
La decisión del juez subraya el papel del poder judicial en la revisión de las acciones ejecutivas, garantizando que se mantengan dentro de los límites constitucionales. Aunque la administración de Biden puede apelar el fallo, la llegada de la administración de Trump promete una postura más estricta en temas migratorios, incluyendo la militarización de la frontera y posibles deportaciones masivas.
Este revés para la política migratoria de Biden impacta a cerca de medio millón de personas que ahora enfrentan un futuro incierto, señaló CBS News.
La demanda y la sentencia – originales en inglés – se pueden leer aquí y aquí. O aquí debajo:
DEMANDA
DICTAMEN DEL JUEZ
