By Eric Reinhart
Jan. 23, 2025
Reinhart es psiquiatra social, clínico psicoanalítico y antropólogo político.
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La administración Trump tomó medidas esta semana para poner fin a las protecciones que durante mucho tiempo impedían que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizara redadas en hospitales y clínicas médicas. Esta decisión no solo es cruel; es una catástrofe de salud pública en desarrollo.
Los hospitales deben ser santuarios, lugares donde las personas buscan atención sin temor. Si las personas sin documentación temen que ingresar a un hospital las exponga a ICE, muchas evitarán buscar atención médica por completo. Este miedo conducirá a sufrimientos y muertes prevenibles, no solo entre inmigrantes indocumentados, sino también dentro de la comunidad en general. Las enfermedades infecciosas se propagarán innecesariamente, las enfermedades crónicas empeorarán y las situaciones de emergencia que podrían haberse tratado fácilmente se volverán fatales para quienes tengan demasiado miedo de buscar ayuda. Los hijos de padres indocumentados sufrirán. Las mujeres pueden evitar la atención prenatal e intentar dar a luz en casa sin el apoyo adecuado, lo que provocará un aumento en las complicaciones prevenibles, así como en la mortalidad infantil y materna. Los efectos en cadena pondrán en peligro la salud pública en su conjunto y socavarán aún más la credibilidad ética y la moral del sistema de salud de EE.UU.
Los trabajadores indocumentados también son esenciales para el funcionamiento de nuestros sistemas de salud. Desde asistentes de salud domiciliaria hasta enfermeros, personal de limpieza y de servicios alimentarios, las personas indocumentadas desempeñan roles fundamentales en hospitales, clínicas y equipos de atención. A menudo son quienes aseguran que los pacientes reciban atención básica diaria, que las instalaciones estén limpias y seguras, y que el trabajo detrás de escena necesario para que las instituciones médicas funcionen sin problemas se realice. Al perjudicar a estos trabajadores, ya sea porque son ellos mismos los objetivos o porque sus familias y comunidades están bajo asedio, el sistema de salud enfrentará interrupciones generalizadas, particularmente en áreas desatendidas y rurales donde las carencias de fuerza laboraly el personal insuficiente ya son graves. Dirigirse a los trabajadores indocumentados y sus comunidades con arrestos masivos y deportaciones amenaza directamente los mismos sistemas de los que dependemos para cuidar a los enfermos y vulnerables.
Los trabajadores de la salud están en la primera línea de esta crisis, y lo que decidamos hacer en respuesta a ella empeorará o aliviará el sufrimiento. Debemos enfrentar este momento con valentía y claridad. Como médicos, enfermeros, administradores hospitalarios y profesionales de la salud aliados, tenemos el deber fundamental de brindar atención a todos los que cruzan nuestras puertas. Ese deber es incompatible con la cooperación con ICE. Una atención efectiva requiere confianza, y la confianza es imposible si los pacientes creen que sus proveedores de salud están involucrados con sistemas de vigilancia y amenazas de deportación.
Para proteger a nuestros pacientes y cumplir con nuestras obligaciones éticas, los trabajadores de la salud debemos prepararnos y preparar a nuestros colegas para responder a las incursiones de ICE en nuestros lugares de trabajo. Esto comienza con comprender nuestros derechos y responsabilidades. Primero y ante todo, bajo las protecciones garantizadas por la Cuarta Enmienda, los agentes de ICE no pueden ingresar a los espacios privados de una clínica u hospital sin una orden judicial válida. Todas las áreas de atención al paciente son espacios privados. Si ICE aparece, los trabajadores de la salud deben verificar de inmediato si los agentes poseen una orden judicial válida. Una orden válida debe ser emitida por un tribunal federal o estatal y mostrará esta información claramente en su membrete. Si ICE no puede presentar dicha orden cuando se le solicita, el personal debe solicitar respetuosa pero firmemente que abandonen el lugar.
Según el Immigration Defense Project, los agentes de ICE pueden hacerse pasar por policías locales para engañar a las personas y obtener información, permitirles ingresar a espacios privados o atraer a personas a espacios públicos. Pero los agentes de ICE no tienen la misma autoridad que los oficiales de policía. A menos que estén autorizados por acuerdos específicos, los agentes de ICE solo tienen poder de ejecución sobre violaciones relacionadas con la inmigración; no tienen autoridad para hacer cumplir otras leyes, ni tienen autoridad, como lo hacen los policías, para eludir los requisitos de órdenes judiciales para ingresar a espacios privados en circunstancias exigentes, como peligro inminente. A menos que una orden judicial lo requiera específicamente, los trabajadores de la salud no están obligados a compartir información con ICE sobre ellos mismos, sus pacientes o sus compañeros de trabajo. Está dentro de nuestros derechos legales y nuestras obligaciones éticas profesionales negarnos a entregar identificación o documentos simplemente porque ICE los solicite. La ley puede protegernos, pero solo si conocemos y ejercemos los derechos que aún nos otorga (por ahora).
Además de conocer la ley, lo que debe incluir revisar materiales de “Conozca Sus Derechos” de organizaciones como el National Immigration Law Center e Interrupting Criminalization (que ofrece un servicio de consulta para trabajadores y organizaciones de salud), los trabajadores de la salud deben desarrollar protocolos claros para responder a ICE. Estos protocolos deben incluir:
- Alertar a todos los compañeros de trabajo de inmediato: Si se detectan agentes de ICE, el personal debe informar rápidamente a sus colegas y activar un plan de respuesta preestablecido.
- Documentar el encuentro: Registrar los nombres y números de placa de los agentes, así como cualquier acción que realicen. Usar teléfonos para grabar videos, que pueden servir como evidencia en caso de violaciones de derechos.
- Negar la entrada a los agentes de ICE a menos que presenten una orden válida que liste áreas específicas de la clínica u hospital y las personas o cosas que van a ser incautadas.
- Permanecer en silencio: Ejercer el derecho a guardar silencio y animar a otros a hacer lo mismo. Abstenerse de proporcionar información a los agentes de ICE.
- Evitar obstrucción física: Aunque es esencial proteger a pacientes y compañeros de trabajo, obstruir físicamente a los agentes de ICE o proporcionar información falsa puede llevar a un enjuiciamiento. En su lugar, debe usar métodos legales para garantizar que los agentes actúen dentro de los límites legales.
Las instituciones de salud también deben tomar medidas colectivas. Los administradores deben afirmar públicamente su compromiso de proteger a los pacientes de ICE e implementar una capacitación integral para todo el personal sobre cómo manejar tales situaciones. Los hospitales y clínicas deben construir asociaciones con defensores legales, organizaciones de derechos de inmigrantes y grupos comunitarios para garantizar que existan sistemas de apoyo sólidos. Al final, aunque debemos utilizar todos los recursos legales posibles, solo a través de la ayuda mutua, la preparación estratégica y las prácticas diarias de solidaridad podemos protegernos unos a otros de la amenaza de la violencia estatal.
Las incursiones de ICE en hospitales son un ataque directo a los principios fundamentales de la ética médica y la salud pública. No podemos quedarnos al margen y permitir que el miedo socave nuestro deber de cuidar a quienes lo necesitan.
Eric Reinhart es psiquiatra social, clínico psicoanalítico y antropólogo político en Chicago.
