La madrugada de este jueves 5 de septiembre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló a 135 personas presas políticas y las montó en un avión con destino a Guatemala, según ha informado el Gobierno de Estados Unidos a través de un comunicado firmado por Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Administración de Joe Biden y Kamala Harris.
“La Administración de Biden y Harris logró hoy la liberación de 135 presos políticos injustamente detenidos en Nicaragua, por razones humanitarias. Nadie debe ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”, señala la nota de prensa. Poco tiempo después, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el arribo de los presos políticos a Ciudad de Guatemala.
“Nuestro país ha mostrado su firme convicción democrática, que rechaza rotundamente las amenazas de regresión autoritaria”, dijo Arévalo en cuenta de X, antes Twitter. “Hoy reafirmamos ese compromiso y damos de vuelta la solidaridad internacional que tantas veces hemos recibido, acogiendo a 135 hermanos nicaragüenses, presos políticos liberados. Solo en libertad, la democracia, la vida y la humanidad florece. ¡Bienvenidos, hermanos nicaragüenses!”.
El secretario de Estado, Antony Blinken, ha agradecido al presidente guatemalteco “sus esfuerzos y apoyo para dar la bienvenida” a los perseguidos por el régimen sandinista y ha señalado a través de un comunicado que “estos ciudadanos nicaragüenses liberados ahora tendrán la oportunidad de solicitar vías legales para reasentarse en los Estados Unidos o en otro lugar y comenzar el proceso de reconstruir sus vidas” a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura”. “Los Estados Unidos exhortan una vez más al Gobierno de Nicaragua a que ponga fin de inmediato a la detención arbitraria y a la detención de sus ciudadanos por el mero hecho de ejercer sus libertades fundamentales”, resaltó Sullivan.
Nuestro país ha mostrado su firme convicción democrática, que rechaza rotundamente las amenazas de regresión autoritaria.
Hoy reafirmamos ese compromiso y damos de vuelta la solidaridad internacional que tantas veces hemos recibido, acogiendo a 135 hermanos nicaragüenses, presos…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) September 5, 2024
Hasta la publicación de este artículo, el régimen de Ortega y Murillo no ha dicho nada sobre esta excarcelación. Sin embargo, no es la primera vez que Estados Unidos media para conseguir la liberación de presos políticos. La primera gran operación de envergadura fue la Operación Nica Bienvenida, manejada por con sigilo y por un grupo reducido grupo del Departamento de Estado y la Embajada estadounidense en Managua el 9 de febrero de 2023. En esa ocasión, 222 presos políticos –entre ellos líderes opositores, precandidatos presidenciales, periodistas y universitarios, entre otros– fueron enviados al destierro a Estados Unidos, donde fueron beneficiados con el programa del Parole Humanitario. Mientras iban en el avión hacia Dulles, Washington, en el denominado “vuelo de la libertad”, la administración sandinista los despojó a todos de su nacionalidad nicaragüense, confiscó sus bienes y los declaró prófugos de la justicia. El pasado enero, Managua desterró a Roma al obispo Rolando Álvarez y a los sacerdotes y seminaristas que mantenía en prisión tras una mediación con el Vaticano.
Hasta este 5 de septiembre, organismos de sociedad civil contabilizaban a 151 personas presas políticas en Nicaragua. Sin embargo, aún no se conocen las identidades de las 135 enviadas a Guatemala. Estados Unidos solo adelantó que en el grupo se encuentran los 13 miembros de la organización evangélica Puerta de la Montaña, con sede en Texas, “junto con laicos católicos, estudiantes y otros que Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran una amenaza para su gobierno autoritario”.
“Este es el día por el que hemos estado orando y creyendo en Dios”, dijo Jon Britton Hancock, fundador y presidente de Puerta de la Montaña, la organización acusada por el régimen Ortega-Murillo de lavado de dinero en el marco de la persecución religiosa que mantienen, en especial contra el catolicismo. “Miembros del Congreso, del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional trabajaron incansablemente para lograr su liberación de su injusto encarcelamiento”, según publica The New York Times tras la liberación de los pastores.
Hancock, que fue acusado pero nunca detenido, consiguió que miembros del Congreso, en particular el representante Robert Aderholt, republicano de Alabama, instó a la liberación de los ministros.
Marisela Mejía, de 34 años, ministra y administradora de Puerta de la Montaña, acababa de dar a luz cuando fue detenida. Ella y su esposo, Walner O. Blandón, pastor principal de la misión, fueron condenados a 15 años de prisión y a una multa de 80 millones de dólares cada uno. Sus dos hijos, ambos nacidos en Estados Unidos, se quedaron con familiares en Nicaragua durante el encarcelamiento de sus padres y se les permitió reunirse con ellos en Guatemala.
