Marjolein Faber, ministra neerlandesa de Asilo y Migración, ha informado este miércoles a la Comisión Europea (CE) de que desea la exclusión voluntaria de Países Bajos de la política migratoria comunitaria. Faber es miembro del Partido por la Libertad (PVV), dirigido por el líder ultra Geert Wilders, que encabeza el actual Gobierno, y se propone restringir al máximo la inmigración y el flujo de solicitantes de asilo. En la carta que ha remitido a Bruselas sobre el particular, hace votos para conseguir que otros socios se sumen a esta aspiración. La CE ha recordado hoy mismo que una decisión de esta clase requiere cambios en la normativa sobre la que se sustenta la Unión Europea.
La exclusión voluntaria buscada por Faber puede llevar años, ya que requiere la modificación del Tratado Europeo y el acuerdo de todos los Estados miembros. Es un procedimiento a largo plazo, algo que ella misma reconoce en la carta que ha remitido a la Comisión. En cierto modo, la rapidez con la que ha actuado es un gesto simbólico porque no limitará de inmediato la inmigración. Sin embargo, la ministra no oculta que quiere intentar “que otros Estados miembros se sumen a esta iniciativa para avanzar en el expediente migratorio”. El pasado jueves, en su presentación del programa de Gobierno, el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, ya recalcó que seguiría trabajando en la política común de asilo de la UE. “Pero al final queremos configurarla como mejor nos parezca”, detalló.
Nada más acusar recibo de la petición neerlandesa, la portavoz comunitaria de Interior, Anitta Hipper, ha declarado que la Comisión Europea “no espera cambios inminentes” sobre la normativa de asilo y migración, que seguirá “siendo obligatoria en Países Bajos”, ha dicho. A pesar del golpe de efecto de su solicitud, Marjolein Faber reconoce también en su misiva que Países Bajos considera prioritaria la aplicación del pacto migratorio aprobado en mayo de 2024 por los Veintisiete. Este acuerdo reúne las normas de aplicación para las personas en situación irregular que llegan a la UE, y la portavoz Hipper ha agradecido que haya dejado claro ese punto. Pero incluso con esa admisión, la ministra neerlandesa quiere demostrar ante el electorado que avanza en el programa de Gobierno.
Hungría, sin embargo, quiere seguir sus pasos. Bóka János, ministro para la Unión Europa del Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, ha afirmado este miércoles en X: “Se necesitan medidas drásticas para frenar la migración ilegal; el Gobierno húngaro se unirá a los Países Bajos para solicitar la exclusión voluntaria de las normas de asilo y migración de la UE, si una enmienda del Tratado lo permite”. Y ha añadido: “Se adoptarán las medidas legales y administrativas necesarias. Hungría es y seguirá siendo un miembro comprometido del espacio Schengen”.
Faber ha anunciado su petición a la Comisión Europea a través de su cuenta de X. Muy activa en esta plataforma, la semana pasada, hizo lo mismo para anunciar que Países Bajos tendría “la política de asilo más estricta que haya existido”. Este mensaje concluía diciendo que apostaba “por un país más seguro”, para justificar la reducción del flujo de solicitantes de refugio. Es el argumento esgrimido por el PVV de Wilders, que aboga por reducir lo antes posible su llegada al país. La fórmula que figura en el programa gubernamental es la declaración de una crisis de asilo durante dos años. Otro plan de difícil plasmación en hechos reales, ya que exige activar la Ley de Emergencia destinada a situaciones extraordinarias como una inundación e incluso una guerra.
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Entre las medidas anunciadas por el Gobierno de Países Bajos para limitar el asilo figura eliminar el de carácter indefinido y la reunificación familiar para hijos adultos. Un refugiado solo podrá reagrupar a su familia si cuenta con ingresos estables, vivienda y lleva dos años residiendo de forma legal. Y las personas sin permiso de residencia pueden ser deportadas a la fuerza si es necesario. En estos momentos, solo tres países de la UE disponen de cláusulas de exclusión voluntaria en distintos ámbitos: Dinamarca, Irlanda y Polonia. Los daneses no ha adoptado el euro y están fuera de la unión económica y monetaria. Tampoco participan en la cooperación en materia de justicia y seguridad. Esto último ocurre también en Irlanda, que no forma parte del acuerdo de Schengen, aunque puede optar por aplicar algunas de sus disposiciones. Polonia está fuera de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, pero estos derechos sí están invocados en otros apartados de la legislación europea, según el portal de acceso al Derecho de la Unión Europea.
