Organizaciones de Latinoamérica piden protección para migrantes LGBTIQ+

La Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Migrantes y Solicitantes de Asilo en las Américas, que agrupa a cerca de 30 organizaciones de distintos países, solicitará a los gobiernos de la región adoptar un enfoque de diversidad sexual y de género para garantizar los derechos de estas personas.

Foto: Alejandra Ortiz Molano

Un día como hoy, hace 40 años, un acuerdo histórico comenzó a trazar un camino de esperanza para millones de personas en América Latina y el Caribe. Se trata de la Declaración de Cartagena, un instrumento jurídico que busca garantizar la protección de los migrantes y refugiados en una región que, por sus crisis políticas, sociales y económicas, se ha convertido en el epicentro de un gran flujo migratorio. Con motivo de la conmemoración, diferentes organizaciones solicitan que los Estados de la región adopten un enfoque de diversidad sexual y de género para proteger los derechos de la población LGBTIQ+.

Y es que la situación de las personas migrantes y refugiadas de orientación e identidad diversa ha empeorado con el tiempo, y su vulnerabilidad se ha incrementado debido a la discriminación y violencia en los países receptores. Según la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Migrantes y Solicitantes de Asilo en las Américas, que agrupa a cerca de 30 organizaciones de diversos países, Colombia, México y Guatemala son los que más vulneran los derechos de esta población.

En Colombia, que en 2024 acoge a más de 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la situación de las personas LGBTIQ+ es crítica. Desde la discriminación laboral y la explotación hasta la falta de acceso a servicios de salud, muchos migrantes ven sus derechos fundamentales vulnerados debido a la falta de regularización de su estatus migratorio, alerta Caribe Afirmativo.

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Por ejemplo, “durante la pandemia, varias mujeres trans de Venezuela llegaron a Colombia cuando estábamos en cuarentena. Aunque existen refugios en el país, ninguno acoge a personas trans. Los refugios para mujeres, además, no aceptan a mujeres trans. Ellas murieron esperando poder ingresar a alguno”, relata Wilson Castañeda, director de esta organización, en entrevista con El Espectador.

Por otro lado, las personas LGBTIQ+ también se enfrentan al riesgo de ser víctimas de redes de trata de personas y explotación sexual. “En el Darién, cuando una persona trans, un hombre gay con expresión de género femenina, o una mujer trans o lesbiana intenta cruzar, tiene diez veces más probabilidades de ser víctima de violencia sexual o de ser secuestrada por un cartel de tratantes que opera a lo largo de la ruta migratoria hasta llegar a México”, agrega.

A esto se suman las amenazas de deportación y la hostilidad que experimentan en su paso por el país debido a su identidad de género o su orientación sexual, lo que crea un ambiente de aislamiento y desesperanza, asegura Castañeda. Además, la falta de información sobre los procesos de reasentamiento y la escasa integración social agravan más la situación de estas personas.

México, por su parte, enfrenta un panorama igualmente complejo. La discriminación por identidad de género y expresión sexual está muy arraigada, no solo en la sociedad, sino dentro de las instituciones estatales, especialmente entre las fuerzas policiales, explica Ana Guadarrama, coordinadora de Intervención de la Fundación Arcoíris, en entrevista con El Espectador.

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Además, explica que no hay suficientes refugios disponibles para las personas LGBTIQ+, y los pocos que existen dependen de fondos de organizaciones que trabajan por su cuenta. “Los trámites migratorios son complicados y lentos, y muchas personas no tienen claridad sobre cómo hacerlos. Además, el personal de salud no está capacitado con un enfoque inclusivo, lo que aumenta la vulnerabilidad y las probabilidades de que les nieguen su derecho a la salud”, apunta Guadarrama.

En Guatemala, la situación en los puntos fronterizos, marcada por la violencia, extorsiones y robos, hace que el paso de las personas LGBTIQ+ sea aún más peligroso. Según Oxfam, no existe ninguna legislación en el país que proteja los derechos de esta población, ni siquiera en lo que respecta a la discriminación. Por lo tanto, si una persona es migrante y además tiene una orientación sexual o identidad de género diversa, se enfrenta a una doble vulnerabilidad, explica Castañeda.

Durante el IV Encuentro de la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Migrantes y Solicitantes de Asilo en las Américas, diversas organizaciones de Guatemala señalaron que estas personas, debido a su situación, carecen de redes de apoyo, lo que aumenta su desprotección. Así, se ven atrapadas entre la violencia en su país de origen, como El Salvador, y la discriminación en el país al que migran.

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En este contexto, las organizaciones miembros de la red pedirán a los Estados que incorporen enfoques de diversidad sexual y de género en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas LGBTIQ+, durante el 40° aniversario de la Declaración de Cartagena, que se celebrará en diciembre en Santiago de Chile. En esta ocasión, los países de América Latina y el Caribe trabajarán juntos para desarrollar un plan para adoptar esta declaración en miras de los próximos 10 años.

La Declaración de Cartagena ya ha sido utilizada para proteger a algunas personas migrantes LGBTIQ+

En dos fallos, el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) de Costa Rica concedió refugio a personas perseguidas por su orientación sexual o identidad de género. En mayo de 2018, se otorgó asilo a un hombre hondureño que había sido testigo de un asesinato y estaba siendo amenazado por su homosexualidad y su diagnóstico de VIH. Un año después, en 2019, el tribunal brindó protección a una mujer trans de El Salvador, víctima de violencia y reclutamiento forzado por parte de una pandilla. Ambas decisiones se basaron en la Declaración de Cartagena.