La Oficina de Derechos Civiles del departamento ha sido históricamente responsable de hacer cumplir la ley a la que se atribuye el auge de los deportes femeninos durante el último medio siglo.
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige el cierre del Departamento de Educación de EE. UU. pone en tela de juicio la aplicación de la equidad de género en el deporte, justo cuando los departamentos deportivos universitarios se preparan para pagar a los estudiantes-atletas por primera vez.
La Oficina de Derechos Civiles del departamento ha sido históricamente responsable de la aplicación del Título IX, la ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas que reciben fondos federales. El Título IX ha sido ampliamente reconocido por el auge del deporte femenino durante el último medio siglo.
La Casa Blanca no ha especificado formalmente qué funciones del departamento de educación podrían transferirse a otros departamentos o eliminarse por completo. Trump declaró el jueves que su administración buscará cerrar el departamento más allá de las “necesidades básicas”, preservando su responsabilidad por la financiación del Título I para escuelas de bajos ingresos, las Becas Pell para la educación superior y los fondos para niños con discapacidades. Sin embargo, completar su desmantelamiento es muy probablemente imposible sin una ley del Congreso, que creó el departamento en 1979. Los republicanos dijeron que presentarán una legislación para lograrlo, mientras que los demócratas se han alineado rápidamente para oponerse a la idea.
La Oficina de Derechos Civiles determina cómo las escuelas primarias y secundarias, así como las universidades, deben brindar igualdad de oportunidades a las atletas femeninas, lo que incluye ayuda financiera equitativa, ascensos, salarios de entrenadores, equipamiento y viajes, entre otros factores.
La oficina investiga quejas y, a mediados de enero, tenía 199 investigaciones pendientes sobre discriminación sexual en el atletismo, de las cuales 58 se encontraban en universidades, según su sitio web.
La Oficina de Derechos Civiles también establece las normas y gestiona las quejas sobre cómo las escuelas responden a las denuncias de acoso y agresión sexual, que a menudo incluyen denuncias por parte de atletas y contra ellas, y que dieron lugar a investigaciones notables, como las de Baylor y Michigan State.
El departamento es responsable de aplicar el Título IX al problema de las atletas transgénero. Trump firmó una orden ejecutiva en febrero que prohíbe a las mujeres transgénero participar en deportes femeninos y femeninos. Poco después, el departamento inició múltiples investigaciones sobre escuelas que, según afirmó, habían permitido o continuaban permitiendo que mujeres transgénero compitieran en equipos femeninos en deportes de primaria y secundaria o universitarios.
Una semana después de esa orden, el departamento de educación emitió una declaración señalando que el Título IX no se aplica a los acuerdos de nombre, imagen y semejanza (NIL), anulando la guía de la administración Biden emitida en diciembre de que las escuelas deben distribuir equitativamente los pagos directos a los atletas masculinos y femeninos.
Afecta directamente a los atletas
La decisión afectaría la obligación de los departamentos deportivos universitarios de distribuir hasta 20.5 millones de dólares anuales en pagos directos a los atletas, como resultado de un acuerdo antimonopolio pendiente que involucra a la NCAA y sus conferencias principales. A la espera de la aprobación judicial, los pagos están programados para comenzar este verano.
Muchos de los principales departamentos deportivos universitarios planean distribuir la mayor parte de ese dinero a los atletas de los deportes que generan más ingresos, como el fútbol americano y el baloncesto masculino, dejando una pequeña porción, a menudo menos del 5%, para el deporte femenino.
El memorando de Biden establecía que los pagos futuros deberían considerarse “ayuda financiera deportiva” y, por lo tanto, deben distribuirse proporcionalmente entre atletas masculinos y femeninos. El comunicado del departamento de educación del mes pasado revocó esa decisión, señalando que “la afirmación de que el Título IX obliga a las escuelas y universidades a distribuir los ingresos de los estudiantes-atletas proporcionalmente con base en consideraciones de equidad de género es radical y requeriría una autoridad legal clara que la respaldara”.
Valerie Bonnette, exempleada de la Oficina de Derechos Civiles y coautora del Manual del Investigador de Atletismo del Título IX de 1990, envió una carta a principios de este mes a los directores deportivos de universidades e instituciones de educación superior para refutar la decisión del departamento.
“Durante 50 años, la Oficina de Derechos Civiles ha considerado que cualquier ingreso y financiación externa que beneficie a los estudiantes-atletas está amparada por el Título IX”, afirma la carta. “Este enfoque representa un principio fundamental para todas las leyes de derechos civiles, no solo para el Título IX. Permitir que la financiación externa mitigue la obligación de una institución educativa de garantizar la equidad equivale a condonar la discriminación generalizada que se paga al mejor postor”.
Independientemente de los planes para la distribución de los ingresos futuros del departamento deportivo, el Título IX se ha utilizado durante mucho tiempo para garantizar la igualdad de oportunidades de participación para atletas masculinos y femeninos, becas proporcionales a la participación de cada género y equitatividad en el equipamiento, los viajes, el alojamiento y la publicidad, entre otros factores, incluyendo la remuneración de los entrenadores. Un comunicado de la Fundación de Deportes Femeninos, en respuesta al plan de eliminar el departamento de educación, señaló que, incluso sin la estructura actual, las leyes de equidad de género aún deben aplicarse.
Mucha incertidumbre
“La educación es la piedra angular de muchas experiencias deportivas para niños y niñas en Estados Unidos, y el Título IX es responsable del crecimiento exponencial que hemos visto para mujeres y niñas. El Título IX se ha mantenido firme durante casi 53 años y seguirá vigente”, decía el comunicado.
“Independientemente de dónde se encuentre la supervisión del Título IX, las escuelas deben seguir cumpliéndola y esperamos que se aplique la ley, incluyendo sus regulaciones en materia de atletismo”.
El departamento de educación exigió a las escuelas que informaran anualmente sobre el gasto en deportes masculinos y femeninos, así como la tasa de participación en cada uno, y compartió estos datos en un sitio web público. No está claro qué sucederá con estos requisitos ni con las investigaciones en curso, y la oficina de prensa del departamento no respondió a una solicitud de comentarios.
Los datos del departamento son vitales para medir el cumplimiento de las universidades con la provisión de recursos equitativos a atletas masculinos y femeninos, afirmó Arthur Bryant, abogado que representa frecuentemente a atletas femeninas en disputas relacionadas con el Título IX.
Si bien el Título IX como ley permanece intacto, Bryant señaló que una gran pregunta es qué sucederá con todas las regulaciones e interpretaciones de políticas que administra el departamento. Esto podría incluir desde los métodos para medir el cumplimiento de la equidad de género en el atletismo hasta determinar cómo responder a las denuncias de agresión sexual.
“¿Significa eso que otra parte del gobierno… será responsable, pero sin personal con el nivel de experiencia necesario?”, preguntó. “No creo que nadie lo sepa. No creo que la administración haya expresado ningún plan. Todo es pura fantasía”.
No respondieron las preguntas
La Fundación Heritage se encuentra entre varios grupos que sugieren trasladar la Oficina de Derechos Civiles al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia (DOJ) es responsable de hacer cumplir la Ley de Seguridad en el Campus Jeanne Clery, que, entre otras cosas, exige a las escuelas proporcionar informes de delitos en el campus y servicios para víctimas, y que a menudo se cruza con la sección sobre acoso y agresión sexual del Título IX.
Los funcionarios del Departamento de Educación tampoco respondieron a las preguntas sobre qué responsabilidades, si las hubiera, recaerán sobre el personal actual del DOJ, que probablemente necesitaría capacitación sobre cómo implementar las políticas educativas, ni si se transferirá a trabajadores del departamento de educación.
Los recortes de personal ya han afectado al departamento, que había solicitado personal adicional bajo la administración Biden para hacer frente al creciente número de quejas e investigaciones. La recién nombrada Secretaria, Linda McMahon, ha hecho declaraciones en entrevistas recientes que indican que es probable que la reducción de empleados continúe.
Bryant afirmó que, sin la aplicación de la ley por parte del Departamento de Educación, una mayor responsabilidad para abordar la desigualdad de trato hacia las atletas femeninas y otros problemas de derechos civiles recaerá en los tribunales.
“La aplicación de las leyes contra la discriminación dependerá de la voluntad de las víctimas de discriminación para luchar”, declaró. “Si la ley sigue vigente y el gobierno federal no cuenta con nadie que la haga cumplir, entonces las mujeres y los hombres víctimas de discriminación tendrán que hacerlo por sí mismos, y los tribunales tendrán que involucrarse mucho más en todo”.
Información de The Associated Press fue utilizada en este informe.
