El operativo realizado el sábado pasado en un campamento migrante en la ciudad de Chihuahua, violentó los derechos humanos de las personas en tránsito, además de dejar a la deriva a varios menores de edad retenidos por la autoridad.
Así lo señalan varias organizaciones de la sociedad civil, instancias de derechos humanos, y personas expertas en el tema, las cuales condenaron la forma de actuar de las autoridades. Primero del Gobierno del Estado por solicitar el operativo contra un espacio en el que se concentraban las personas migrantes desde hace más de un año, pasando por la municipal y la federal por no seguir sus propios protocolos de actuación en ese tipo de casos.
La Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) confirmó que la competencia para dar información sobre el operativo es del Gobierno del Estado de Chihuahua.
De acuerdo con fuentes al interior del Instituto Nacional de Migración (INM), el día del operativo fueron detenidas 12 personas migrantes, de alrededor de 150 que se encontraban en ese momento. Sin embargo, durante las siguientes horas detuvieron a más personas en diferentes partes.
El mismo sábado a mediodía, la Secretaría de Seguridad Pública informó que en total fueron “rescatadas” 39 personas: 20 hombres y 19 mujeres, de los cuales 17 son menores de edad, dos de ellos no acompañados. En total fueron 7 núcleos familiares.
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De los 17 menores de edad asegurados por las corporaciones de seguridad pública, sólo cuatro fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal.
De acuerdo con un par de migrantes venezolanos detenidos durante el operativo, fueron llevados hasta Villahermosa junto con otros menores de edad que viajaban con sus familias. Es decir, no fueron deportados a sus países de origen y no a todos los menores de edad los canalizaron a la Procuraduría de Protección de la niñez.
De los menores de edad, sólo fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección del DIF los dos adolescentes no acompañados y dos más con sus respectivas familias.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó a Raíchali que los dos adolescentes no acompañados son una mujer de Honduras y un hombre de Venezuela, quienes fueron trasladados a centros de asistencia social o albergues, donde permanecerán hasta que se resuelva su situación migratoria.
Asimismo, los otros niños menores que fueron resguardados con sus papás, son originarios de Venezuela. Los dos hijos son hombres, uno tiene cinco años y el otro es un bebé. La familia fue puesta a disposición del DIF a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y ahora se encuentran en un albergue destinado a familias en situación de movilidad.
Dos expertos en acompañamiento de personas migrantes coinciden en la preocupación de que en el operativo del sábado 18 de enero, no hubo garantías para resguardar los derechos de la niñez migrante.
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Jorge Pérez Cobos, director de la organización Uno de Siete Migrando, destacó que llama la atención que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informara la detención o aseguramiento de menores durante el operativo, acompañados y no acompañados.
“Tuvieron que haber pedido el acompañamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que la misma Procuraduría determinara el interés superior de la niñez, que seguramente no es el caso de estar detenidos o privados de su libertad o alojados, como le quieran llamar. Finalmente los niños no pueden moverse libremente con su familia”, señaló.
A nombre de Uno de Siete Migrando pidió que la dependencia estatal haga las valoraciones y determine el interés de las y los menores, para restituir sus derechos, que no siempre tiene que desencadenar en la deportación de ellos y sus familias.
“Nos preocupa estas determinaciones de las autoridades locales, de decir que no va a haber albergues para niños y niñas migrantes, porque es una clara evasión de sus responsabilidades. El tema de la verificación migratoria lo que no tiene de manera exclusiva Migración, pero las autoridades locales tienen la obligación de la atención a grupos vulnerables y las personas migrantes son grupo vulnerables. Parece que las autoridades estatales y municipales están evadiendo esas responsabilidad y quieren politizar un tema que es de humanidad. Es la vulnerabilidad de personas donde están involucradas las familias”” sentenció el director de Uno de Siete Migrando.
Con él coincide Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).
“En el caso de niñez, tanto la no acompañada como la acompañada , el derecho de no detención se hace extensivo a padres, madres, hermanos mayores de edad, por lo tanto el INM debe dar por lo menos un oficio temporal con vigencia de 30 días con una estancia regular. En ese periodo la Procuraduríad e Menores a nivel estatal, debe generar la determinación del interés superior de niñas y niños”, mencionó.
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Navarrete detalló que además la dependencia eventualmente debe externder una Tarjeta de VIsitante por Razones Humanitarias (TVRH), que tiene vigencia de un año y se renueva mientras subsistan las condiciones, es decir, esto es, mientras niñas y niños tengan menos de 18 años. La TVRH genera una CURP, con la que niñas y niños tienen acceso a educación y las personas adultas a atención médica y empleo.
“Lo que hemos visto como una práctica desde el año pasado a nivel nacional, es la falta de expedición de las tarjetas, lo que vuelve más vulnerables a las personas migrantes. En el caso de Juárez sí han dado tarjetas, hay una mesa de inclusión educativa liderada por UNICEF, una de salud que lidera jurisdicción sanitaria zona norte en la que varias organizaciones participan, se busca solventar la atención médica”, señaló.
En el caso de la ciudad de Chihuahua se han registrado casos preocupantes de menores de edad migrantes que se han escapado de albergues cuando estaban a cargo del DIF estatal.
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