Con la finalidad de apoyar la política migratoria del presidente, Donald Trump, mediante las deportaciones masivas, el Comité del Senado de Carolina del Norte se encuentra trabajando en una ley para que las agencias estatales colaboren con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
La ley SB 153 busca que las fuerzas del orden locales en Carolina del Norte asuman funciones de control migratorio, obligándolas a establecer acuerdos con autoridades federales, reseña Enlace Latino NC.
La legislación previa (HB 10) estableció la cooperación de los alguaciles con ICE; la nueva propuesta pretende extender este mandato a un espectro más amplio de entidades de seguridad en Carolina del Norte.
“Permítanme comenzar diciendo que el presidente Trump ha tomado medidas rápidas desde que asumió el cargo para detener la ola de inmigración ilegal”, aseguró el senador Buck Newton en el Comité Judicial.
“Me alegra que finalmente hayamos logrado que se aprobara (la ley HB 10), lo cual requería que los sheriffs cooperaran con ICE. El Proyecto de ley del Senado 153 da los siguientes pasos necesarios”, agregó.
Bajo el liderazgo de Phil Berger, presidente del Senado estatal, y con el patrocinio de los senadores Newton y Warren Daniel, copresidentes del Comité Judicial, se presentó la medida.
El siguiente paso para la SB 153 será su discusión en el Comité de Reglas y Operaciones del Senado, programada para el jueves 27 de febrero.
El proyecto de ley de Carolina del Norte cuenta con detractores pro inmigrantes
De acuerdo con Enlace Latino NC, la portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Sammy Salkin, expresó en declaraciones públicas su preocupación por los nuevos desafíos legales y constitucionales que presenta la medida.
“Este proyecto de ley es claramente antiinmigrante”, precisó el portavoz de la ACLU a Enlace Latino NC.
“Esta no es una legislación que vaya a tomar medidas para hacer nuestra comunidad más segura. No está tomando medidas para reducir lo que se llama el “desperdicio de servicios públicos”. Este proyecto de ley está específicamente dirigido a dañar a las comunidades inmigrantes”, añadió.
Además, hizo hincapié en que las repercusiones exceden a los inmigrantes indocumentados, ya que se vislumbra un panorama de mayor discriminación racial y menoscabo de los derechos civiles.
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