El informe de ONU Derechos Humanos señala que los grupos armados ilegales son responsables del 66% de estos homicidios.
En un informe presentado en el marco de la COP16 que se celebra en Cali, la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos ha alertado sobre la alarmante situación de los defensores del medio ambiente en el país.
Desde 2016, se han registrado 248 asesinatos de estas personas, destacando que un 89% de las víctimas son indígenas, afrodescendientes y campesinos.
El documento subraya que el impacto de la violencia es particularmente severo en estas comunidades, con el Pacífico colombiano como la región más afectada.
Según el informe, el 56% de los homicidios de defensores ambientales se concentra en esta área, siendo Cauca el departamento con la mayor cifra, con 76 casos documentados.
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Otras regiones de alta violencia incluyen las cuencas de la Amazonía y la Orinoquía, así como el Magdalena Medio, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
El informe también señala que los grupos armados ilegales son responsables del 66% de estos homicidios, mientras que un 4% de los casos pueden atribuirse a actores políticos o económicos.
Además de los asesinatos, se han documentado numerosas amenazas y estigmatizaciones contra quienes defienden los derechos ambientales, lo que pone en riesgo su labor en la defensa de la tierra, el agua y la biodiversidad.
ONU Derechos Humanos condena firmemente estos actos de violencia y hace un llamado a los grupos armados para que respeten la vida e integridad de los defensores ambientales.
La entidad también insta a las autoridades colombianas a reconocer el papel crucial que desempeñan estos defensores en la protección del medio ambiente.
Entre las recomendaciones de la ONU se incluyen:
1. Que las autoridades a todos los niveles intensifiquen sus esfuerzos para reconocer y proteger la labor de los defensores del medio ambiente, adoptando una definición amplia de su función.
2. Que se eviten prácticas de estigmatización y se implementen campañas de reconocimiento para contrarrestar esta problemática.
3. Que el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales desarrollen un plan de acción para implementar el Acuerdo de Escazú, promoviendo la transparencia y la participación en la gestión ambiental.
Este informe destaca la urgente necesidad de proteger a quienes arriesgan sus vidas para defender el medio ambiente en Colombia, un país que enfrenta desafíos significativos en materia de derechos humanos y conservación.
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