Donald Trump y sus aliados republicanos prometieron que iban a ir con todo contra los programas migratorios de los demócratas como el del parole CHNV y así han comenzado a hacerlo. No han llegado a la Casa Blanca y ya han publicado un informe en el que no solo tildan al programa de “ilegal”, sino que lo catalogan como “un desastre plagado de fraudes”, culpable de socavar “la seguridad nacional” y de poner “en peligro la seguridad pública”, por encima de los “intereses de los estadounidenses”. Quedan muy pocas dudas de que el fin del programa de parole está a las puertas del próximo año.
El informe de 14 páginas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y su Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento Migratorio publicado el miércoles expone pruebas documentadas de “fraude y abuso rampante” del programa de la administración Biden-Harris, que ha permitido la entrada legal a Estados Unidos a más de 531.000 ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
“A través de CHNV, cada mes hasta 30.000 extranjeros -que de otro modo no tienen base para entrar en el país y que tienen un ‘partidario’ en los Estados Unidos- pueden eludir la frontera y volar directamente al país en vuelos comerciales para que se les conceda la libertad condicional durante dos años”, dice el documento, que fue difundido en la red social X por el GOP Judicial de la Cámara de Representantes.
Después de exponer “los abusos de la ley de inmigración por parte de la administración” demócrata y su imposibilidad de detener una crisis que ha afectado “negativamente” a comunidades de todo el país, los republicanos hicieron un llamado al Congreso para detener un programa que, según ellos, se implementó “sin su autorización”. “Está claro que el Congreso debe actuar para hacer frente a la afluencia masiva de inmigrantes ilegales durante la Administración Biden-Harris y frenar las políticas de fronteras abiertas peligrosamente radicales”, sostienen.
“Evidencias de fraude” de un programa en la mira republicana
A inicios de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la suspensión temporal del programa del parole luego de que las autoridades detectaran evidencias de fraude sobre todo en los formularios de los patrocinadores, las figuras encargadas de respaldar legal y económicamente a los beneficiarios en Estados Unidos. Ahora, las acusaciones de fraude no solo incluyen las ya advertidas, sino infracciones relacionadas con el aparente uso del dinero público y la trata de personas.
El informe detalla que en más de 3.200 ocasiones fue utilizado un mismo número de Seguro Social; que se identificaron más de 460 códigos postales inexistentes en aplicaciones de más de 2.800 beneficiarios; y que, en un caso, 21 aplicaciones fueron enviadas desde la misma dirección IP en nombre de 18 mujeres y solo tres hombres. De esas mujeres, al menos seis eran menores de 18 años.
También insisten en que USCIS ha aprobado a beneficiarios del parole incluso a pesar de que el patrocinador presentó documentos fraudulentos o admitió que parte de sus ingresos son derivados de actividades delictivas o son personas que dependen de la asistencia pública. El documento, además, dice que DHS aprobó a personas que estaban en libertad condicional, eran beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o tenían visados temporales en el país.
El reconocido abogado de Inmigración de la Florida, Willy Allen, no duda de que es posible que este tipo de programas se preste para casos de fraude. “No me sorprende, cualquier programa como este, que permitió el patrocinio de cualquier persona, siempre se abre al fraude”. No obstante, cree que, si el número de casos de fraude son de poco más de 100.000, como han dicho las autoridades, sigue siendo una cifra mínima para los más de dos millones y medio de personas que aplicaron al programa de parole y el pequeño número de beneficiarios. “El programa no fue perfecto, pero sí le permitió la entrada legal a cientos de miles de personas por un periodo de tiempo”.
Los republicanos aseguran en el nuevo informe que, a pesar de “estas pruebas documentadas de fraude” por las cuales se suspendió el programa anteriormente, la Administración Biden-Harris siguió adelante y anunció a finales de agosto de 2024 su reanudación.
“El programa de parole ya está muerto”
Donald Trump no ha disimulado para decir que, una vez tome las riendas del país, dejará atrás programas como el de CBP One con el que los migrantes agendan sus citas en la frontera o el cuestionado programa de parole. “Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales. Van a salir muy rápido”, dijo en una entrevista en Fox News en septiembre. Su vicepresidente electo, JD Vance, también ha suscrito esas palabras y ha dicho que, aunque miles de personas hayan entrado con este tipo de programas, él los seguirá llamando “extranjeros ilegales”.
El documento que recién sacaron a la luz los republicanos es, de hecho, una declaración contra la emigración. En sus páginas sostienen que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris pusieron en práctica programas como estos “para enmascarar la crisis fronteriza y reducir artificialmente el número históricamente elevado de encuentros fronterizos”. El informe sostiene que, desde enero de 2021, el país ha acogido a 7,7 millones de extranjeros ilegales, un tiempo en el que se registraron más de 100.000 encuentros en la frontera suroeste en 44 meses consecutivos.
El fin del programa de parole es solo cuestión de tiempo. El abogado Willy Allen no tiene dudas de que, de hecho, el parole humanitario ya está muerto. “El programa está muerto y murió en julio. En agosto no entró nadie, en septiembre entraron poco más de mil personas y los números de octubre también son bajos. En diciembre no va a continuar. Comenzó como una orden ejecutiva y morirá como una orden ejecutiva”, asegura el letrado.
Muchas son las familias que quedarán en la completa incertidumbre: tanto las que están a la espera de una respuesta del programa, como las que habrán cumplido los dos años de permanencia legal en Estados Unidos. “Tristemente las personas que no han entrado hasta ahora no van a entrar. Tendrán que buscar otras formas de venir a los Estados Unidos, porque ya este camino murió. No importa si estás esperando una respuesta, si aplicaste hace un año”, asegura Allen.
También explica que, en el caso de los cubanos que llegaron al país como beneficiarios del programa, podrán acogerse a la llamada Ley de Ajuste cubano que les abre el camino hacia la residencia permanente. Otro grupo de venezolanos permanecerá bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS), al menos hasta que lo puedan renovar. No obstante, los nicaragüenses y haitianos son quienes se encuentran en la posición más vulnerable. “No van a tener cómo continuar en el país legalmente después de dos años”, insiste el abogado. “Lo que he recomendado a aquellos que tienen miedo de regresar a su país es que este es el momento de solicitar asilo político en los Estados Unidos, porque vienen de países donde enfrentaron la violencia como los haitianos, o la represión política como los cubanos o venezolanos, y este es el momento en que pueden solicitar asilo”.
