El Acuerdo Flores (Flores Settlement Agreement, FSA) ha sido un pilar clave en la política migratoria de Estados Unidos desde 1997, ya que establece normas sobre la detención, liberación y condiciones de custodia de menores inmigrantes. Este convenio ha influido en las estrategias de múltiples administraciones y ha sido objeto de constantes debates y litigios. Durante las dos administraciones de Donald Trump, el tratado ha sido amenazado.
El caso Flores
El caso que dio origen al acuerdo comenzó en 1985, cuando Jenny Lisette Flores, una menor salvadoreña de 15 años, fue detenida por la Oficina de Inmigración y Naturalización (INS) tras cruzar la frontera ilegalmente. Flores fue retenida en instalaciones junto con adultos y sometida a condiciones precarias, incluyendo registros corporales diarios. La INS solo permitía la liberación de menores a sus padres o tutores legales, lo que dejaba a muchos niños detenidos indefinidamente.
Ese mismo año, varias organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda colectiva contra el Gobierno de Estados Unidos, argumentando que las condiciones de detención de menores violaban sus derechos bajo las cláusulas de Igual Protección y Debido Proceso de la Constitución.
A lo largo de los años, el caso Flores pasó por múltiples instancias judiciales. En 1988, un tribunal federal ordenó la modificación de las reglas de detención de menores y la provisión de audiencias judiciales inmediatas para los detenidos. Sin embargo, en 1993, la Corte Suprema falló a favor del gobierno, con el argumento que los menores indocumentados no tenían derecho constitucional a ser liberados a alguien que no fuera un pariente cercano.
Finalmente, en 1997, durante la administración de Bill Clinton, el gobierno y los demandantes alcanzaron una resolución conocida como el Acuerdo Flores, que sigue vigente y bajo supervisión judicial.
El Acuerdo Flores y la protección a menores
El Acuerdo Flores estableció estándares nacionales sobre el trato y la detención de menores inmigrantes:
- Los niños deben ser mantenidos en el entorno menos restrictivo posible
- Deben ser liberados sin demoras innecesarias a sus padres, tutores legales u otros adultos responsables
- En caso de no ser liberados, deben ser alojados en instalaciones seguras y sanitarias
- Se establecen requisitos básicos de atención, incluyendo alimentación, agua potable, servicios médicos, higiene y protección contra abusos
- Se prioriza la reunificación familiar siempre que sea posible
El acuerdo debía ser temporal, con validez hasta que el gobierno promulgara regulaciones permanentes. Sin embargo, dado que nunca se emitieron dichas regulaciones, sigue en vigor, y ha sido objeto de disputas legales y críticas por parte de diversas administraciones, especialmente en momentos de crisis migratorias.
Durante la administración de George W. Bush, la responsabilidad de los menores inmigrantes pasó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). En 2008, el Congreso aprobó la Ley de Protección a Víctimas de Trata, que reforzó algunas disposiciones del Acuerdo Flores.
En 2014, con el aumento en la llegada de menores no acompañados desde Centroamérica, la administración de Barack Obama estableció centros de detención familiar en Texas y Pensilvania, desatando críticas por las condiciones de detención.
Primera administración de Trump
El Acuerdo Flores cobró notoriedad en 2018 cuando el gobierno de Donald Trump implementó su política de “tolerancia cero”, que llevó a la separación de miles de familias en la frontera. La administración argumentó que Flores impedía la detención prolongada de familias, lo que los obligaba a separar a los niños de sus padres.
En junio de 2018, Trump firmó una orden ejecutiva pidiendo la detención familiar, y su administración solicitó a la jueza Dolly Gee modificar Flores para permitir la detención indefinida de familias. Gee rechazó la petición, afirmando que el Congreso debía abordar el asunto legislativamente.
En 2019, el gobierno de Trump emitió una orden para terminar el Acuerdo Flores y permitir la detención prolongada de menores. Sin embargo, en septiembre de ese año, la jueza Gee bloqueó la norma, y reafirmó que los estándares de Flores seguían vigentes. La decisión respaldó una regulación del Departamento de Salud y Servicios Humanos que entró en vigor ese año y que, según el gobierno, ofrece protecciones adecuadas para los menores.
Sin embargo, defensores de derechos humanos expresaron preocupación, especialmente porque la regulación permitía que niños fueran retenidos en instalaciones no licenciadas en Estados como Texas y Florida, donde los gobiernos estatales han prohibido estas licencias.
Segunda administración de Trump
Durante la segunda administración de Trump, se han aprobado medidas que afectan directamente las disposiciones del Acuerdo Flores. Una de las acciones ha sido la reactivación de los centros de detención familiar para migrantes. Estos centros, como los ubicados en Karnes y Dilley, Texas, han sido reabiertos para albergar a familias migrantes, lo que ha generado críticas debido a las condiciones de detención y el impacto psicológico en los niños detenidos.
Además, la administración Trump ha suspendido el financiamiento para asistencia legal a menores migrantes no acompañados, lo que representa un golpe al Acuerdo Flores, ya que este garantiza ciertos derechos y protecciones para los niños bajo custodia del gobierno. La continuidad de sus protecciones dependerá en gran medida de las decisiones judiciales y de posibles cambios legislativos en el Congreso.
