El 66% del profesorado de Religión considera que la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación) ha supuesto mayores dificultades para la enseñanza de su asignatura, que la cursan más del 60% de los niños y adolescentes en las escuelas (en torno a tres millones). Este nivel de percepción se mantiene en todas las comunidades autónomas salvo en Cantabria, Galicia y Extremadura, donde ese porcentaje supera el 80%. Así se recoge en las conclusiones de una encuesta realizada por el Observatorio de la Religión en la Escuela, de la Fundación SM, dos años después de la implantación de la normativa en las aulas. Este estudio se ha llevado a cabo entre un colectivo de más de 2.000 docentes de España a través de un cuestionario anónimo.
Cabe destacar que solo las ciudades de Ceuta y Melilla superan el grado de penetración que la materia de Religión tiene en los centros educativos de la comunidad extremeña, donde la cursan un 82,2% de los estudiantes de Educación Primaria y el 74,7% de los de Secundaria. Solo en Bachillerato, con el 43% del total de los alumnos matriculados en esta asignatura, Extremadura es superada por Andalucía, que ocupa la primera posición nacional, según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, publicadas en 2023 pero referentes al curso 2021-2022.
La Lomloe, también conocida como Ley Celaá, por la ministra de educación del PSOE que la impulsó, entró en vigor el 19 de enero de 2021, pese a encontrarse con un amplio desacuerdo por parte de los partidos políticos de la oposición y de diversos agentes sociales y educativos. Con esta norma, la asignatura redujo su carga horaria mínima a una hora semana, la materia dejó de contar para la nota media y, además, se continuaba contemplando como materia optativa que no tendría alternativas a nivel de horario con otras disciplinas, suponiendo que el alumno tendría que realizar un esfuerzo extra en comparación con los compañeros que no cursen esa materia.
Asimismo, el informe advierte las diferencias entre la percepción que tienen los docentes en función de la titularidad de los centros: los profesores de los centros públicos perciben en mayor medida las dificultades de la Lomloe para la enseñanza. En concreto, el 71 % de los docentes estarían muy (43%) o bastante de acuerdo (28%) en señalar dichos problemas. En el caso de los colegios concertados, el porcentaje que muestra su acuerdo en señalar los escollos de la ley desciende hasta el 52 %. Se abre así una brecha de casi 20 puntos porcentuales en esta valoración.
Los problemas
Los docentes de Religión también se muestran muy críticos con la aportación de la Lomloe al sistema de aprendizaje escolar en general: el 40% de los encuestados asegura que la ley no ha mejorado nada el sistema educativo español, y el 45%, que la mejora ha sido «poca». En cuanto a las dificultades que dicen encontrar, el 87% de los profesores apunta a la falta de valoración en el expediente académico como el mayor obstáculo para el buen funcionamiento de la asignatura de Religión en las clases. En esta línea, indican también que existen otros inconvenientes añadidos, como la desaparición de la alternativa, que es también valorada como un gravamen por el 76 % del profesorado de Religión, o la reducción horaria de la asignatura, que es un obstáculo para el 78% de los docentes.
«Las finalidades de la educación siempre han sido de humanización y personalización. En este contexto sociocultural es muy necesario un nuevo tiempo humanista. A eso apuntan algunas iniciativas internacionales y en eso converge nuestra propuesta para la clase de Religión: fortalecer lo personal en los procesos educativos», manifestó el director del ORE, Carlos Esteban, destacando que las dificultades a la hora de plantear la docencia de esta asignatura impactan en la educación en valores de más de tres millones de alumnos en nuestro país.
Los ataques a la libertad religiosa
Los ataques a la libertad religiosa en España han experimentado una ligera reducción del 6%, pasando de 208 casos en 2022 a 195 en el año 2023. De esta forma se desprende del Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España publicado por el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), que se presentó el pasado 18 de noviembre, y en el que se mantiene el dato de que tres de cada cuatro ataques los sufren los cristianos, cada vez con mayor violencia. En concreto, el informe menciona el asesinato en Algeciras que se produjo en enero de 2023, a manos de un yihadista, del sacristán Diego Valencia. Ataque en el que, además, un sacerdote resultó herido.
«En los 13 años en los que el Observatorio para la Libertad Religiosa en España lleva realizando este Informe, nunca habíamos tenido que registrar un caso tan violento», destacó la presidenta del observatorio, María García. En este sentido, lamentó que el ministerio del Interior no convocara a la Comisión de Seguimiento del Plan de acción de lucha contra los delitos de odio. En esta línea, García recordó a su vez que hace a comienzos de noviembre se produjo un ataque a un convento en Gilet (Valencia), en el que murió un fraile y resultaron heridos varios monjes, lo que calificó de «otro ejemplo» de violencia a la libertad religiosa.
Por confesiones religiosas, la católica sigue siendo la más atacada, con 109 casos. Le siguen las agresiones a todos los cristianos, que alcanzan un total de 31 casos. Por su parte, los judíos han sido víctimas de 21 ataques, y los musulmanes de 7. Igualmente, un total de 27 casos se pueden considerar ataques a todas las confesiones religiosas. En atención a las comunidades, la primera es Andalucía, con 26 casos; seguida de Madrid (22) y Cataluña (21). Por otra parte, se han contabilizado 64 casos de ámbito nacional que no corresponden a ninguna región en particular. «El Estado que ha de proteger los derechos de todos, también el derecho fundamental a la libertad religiosa», dijo el catedrático de Derecho de la Universidad de Extremadura, Jaime Rossell.
