Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la comunidad migrante se ha convertido en el blanco principal y, en Florida, no es la excepción. Recientemente, el gobierno de Ron DeSantis aprobó nuevas legislaciones para endurecer el control sobre la inmigración irregular en el estado y reforzar la colaboración entre las autoridades locales y las agencias federales, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Estas nuevas normativas son la SB 4-C y SB 2-C. La primera está enfocada a medidas más estrictas para evitar la entrada ilegal de inmigrantes, mientras que la segunda pretende reforzar la colaboración con el ICE, que es la agencia encargada de llevar a cabo los operativos de migración y deportación. Tan sólo en los primeros 50 días de la administración Trump, el ICE arrestó a 32,809 inmigrantes indocumentados.
Así afectarán las nuevas leyes a la comunidad migrante en Florida
A través de la SB 4-C, el gobierno de DeSantis establece diversas penas para los “extranjeros no autorizados”, que, según describe la ley, son todos aquellos que no cuenten con un estatus legal en Estados Unidos. Los “extranjeros no autorizados” que ingresen o intenten ingresar tras haber eludido la inspección migratoria federal, estarán cometiendo un delito menor de primer grado, equivalente a un mínimo de nueve meses en prisión. Si se trata de un reingreso, el mínimo sería de dos años en prisión, dado que se trataría de un delito grave de tercer grado.
Todos los “extranjeros no autorizados” permanecerán bajo arresto hasta que se resuelva el caso y no serán elegibles a programas de desvío previos o posteriores al arresto. Bajo esta línea, las autoridades locales deberán notificar a las agencias federales sobre cualquier arresto relacionado con los “extranjeros no autorizados” y proporcionar toda la información necesaria, incluyendo datos biométricos. Asimismo, todo “extranjero no autorizado” que sea condenado por un delito capital podría enfrentarse a una pena de muerte obligatoria.
Por su lado, la SB 2-C establece una cooperación directa entre autoridades locales y agencias federales. A partir de ahora, el estado tiene prohibido emitir licencias de conducir para indocumentados y considerará inválidas las que hayan sido emitidas en el pasado, ya sea en el mismo estado o en uno diferente.
Dado que esta legislación está más enfocada hacia una cooperación entre autoridades, todo funcionario estatal o local que se niegue a cumplir órdenes de autoridades migratorias federales podría enfrentarse a la suspensión de su cargo o multas de hasta $5,000 dólares. También se crearán organismos internos para coordinar y supervisar la coordinación entre autoridades, además de destinar fondos para cubrir los gastos relacionados
Aunado a ello, se cuenta con el programa 287(g), que da a los oficiales del orden público estatal y local la autoridad de realizar funciones específicas de oficiales de inmigración, bajo la dirección y supervisión de la agencia.
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