Un gran jurado de Manhattan ha acusado este martes de terrorismo al joven de 26 años que presuntamente disparó y mató el pasado 4 de diciembre a Brian Thompson, consejero delegado de la compañía de seguros UnitedHealthcare, a las puertas de un hotel del centro de Nueva York, ha informado este martes el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Mangione fue detenido el lunes de la semana pasada en un McDonald’s de Altoona (Pensilvania) e imputado en el tribunal local por varios delitos, como tenencia ilegal de armas y falsificación de documentos. El juez decretó prisión incondicional y el acusado está recluido desde entonces en el penal estatal de Huntingdon.
A la espera de su extradición desde Pensilvania, quedaban pendientes de formular los cargos por el asesinato perpetrado en Nueva York. Horas después de ser detenido, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan presentó documentos acusando a Mangione de asesinato y otros delitos, once en total. La imputación formal de este martes, que se basa en esa documentación, atribuye al joven, entre otros, sendos cargos de asesinato en primero y segundo grado, posesión ilegal de un arma y falsificación de documentos, como el carné de conducir de Nueva Jersey que usó para registrarse en un hostal de Manhattan. La novedad es la consideración del delito de asesinato en primer grado como un acto de terrorismo, gracias a una ley de Nueva York derivada del 11-S que añade esa agravante en casos de gran impacto. El terrorismo era también una de las hipótesis que apuntaban investigadores y expertos en terrorismo doméstico al analizar un crimen que ha sacudido el billonario negocio de los seguros de salud en EE UU. El delito de asesinato en primer grado puede deparar a Mangione una cadena perpetua si es declarado culpable, ha subrayado Bragg.
El fiscal de distrito ha señalado que la muerte de Thompson en una calle del centro de Manhattan “fue un asesinato que pretendía provocar terror. Y esa fue la reacción (…) Fue un asesinato aterrador, bien planeado y deliberado que pretendía causar conmoción e intimidación”, ha dicho este martes en una conferencia de prensa. “Ocurrió en una de las zonas más bulliciosas de nuestra ciudad, amenazó la seguridad de los residentes locales y de los turistas por igual, de los viajeros y de los empresarios que acaban de empezar su día”, ha añadido Bragg.
Thompson, de 50 años y padre de dos hijos adolescentes, fue tiroteado por la espalda, a corta distancia, cuando a primera hora de la mañana se dirigía a un hotel donde UnitedHealthcare —la mayor aseguradora médica de Estados Unidos, con 50 millones de clientes—, celebraba la conferencia anual de inversores. El asesinato afloró un hondo malestar de los asegurados contra las compañías privadas que dan cobertura sanitaria de EE UU, y las redes sociales se llenaron de relatos de terror sobre los abusos y el maltrato de las aseguradoras, como denegar coberturas, el limbo en que muchos pacientes se quedaban por desacuerdos entre médicos y aseguradoras a la hora de asignar el cargo y las cuantiosas facturas que muchos ciudadanos se ven obligados a afrontar pese a pagar religiosamente sus pólizas mensuales. En EE UU, salvo los dos planes federales de cobertura sanitaria para mayores de 65 años (Medicare) y para rentas bajas (Medicaid), no existe un sistema de sanidad universal.
El miedo provocado por el asesinato de Thompson hizo que muchas compañías del ramo, con UnitedHealthcare a la cabeza, retiraran prácticamente en el acto de sus páginas webs los organigramas que mostraban a sus directivos con sus correspondientes fotos, y que empresas cuyos ejecutivos carecían de seguridad privada o escoltas, como el propio Thompson, se plantearan contratar guardaespaldas. Tras el asesinato, en las calles de Nueva York aparecieron numerosos carteles de wanted (se busca) con los nombres y retratos de otros directivos del sector. La avalancha de furia en Internet llevó a la policía a considerar que existía una “amenaza elevada” para los responsables de las firmas.
Una ley de terrorismo debida al 11-S
Una ley neoyorquina aprobada tras los atentados del 11 de septiembre permite a los fiscales imputar delitos como actos de terrorismo cuando “pretendan intimidar o coaccionar a la población civil, influir en las políticas de una unidad de gobierno mediante intimidación o coacción y afectar a la conducta de una unidad de gobierno mediante asesinato, atentado o secuestro”. Los fiscales han utilizado la ley en diversos contextos.
Tras la detención de Mangione en Altoona, detectives del Departamento de Policía de Nueva York viajaron a Pensilvania para encargarse de la investigación, en paralelo al proceso instruido en Pensilvania. Su abogado en ese Estado —tiene otra letrada en Nueva York— ha cuestionado las pruebas de falsificación y el fundamento jurídico de la acusación de posesión de armas, una pistola y un silenciador, algunas de cuyas partes fueron impresas en 3D a partir de modelos muy fáciles de encontrar en Internet. El abogado también ha señalado que Mangione se opone en principio a la extradición a Nueva York, aunque la habitual demora en casos parecidos, como por ejemplo la extradición a Nueva York del acusado de apuñalar a dos personas en el MoMa en 2022, podría retenerle en Pensilvania durante un mínimo de seis semanas. Mangione tiene dos audiencias judiciales programadas para este jueves en Pensilvania, incluida una de extradición, señaló Bragg. Según su abogado, el joven tiene previsto declararse inocente en Pensilvania y en Nueva York.
La teoría que manejan los investigadores es que Mangione, licenciado en informática por una universidad de la prestigiosa la Ivy League y perteneciente a una importante familia de Maryland, actuó movido por su ira contra el sistema sanitario estadounidense. Entre los documentos que fueron hallados en su mochila tras ser detenido, figuraba una carta manuscrita en la que, a modo de manifiesto o declaración de intenciones, llamaba “parásitas” a las compañías de seguros de salud y se quejaba de la codicia de este tipo de empresas. En tres casquillos de las balas de nueve milímetros que usó para matar a Thompson, podían leerse las palabras “defender”, “negar” y “deponer” (o, en el contexto judicial, declarar), un claro eco del lema que esgrimen las compañías de seguros para rechazar reclamaciones de los clientes.
