El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado la política de deportación de inmigrantes, luego de redadas de los agentes migratorios, y los están calificando como criminales que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos.
La obispa anglicana Mariann Edgar Budde, la primera mujer en estar al frente de la Diócesis Episcopal de Washington DC, le solicitó clemencia al presidente Trump, para los migrantes y personas LGTB, en una celebración ecuménica a la que asistió el mandatario. La reacción inmediata de Trump fue que esa obispa debía retractarse de lo dicho y pedir una disculpa al público, porque ella era “una radical de izquierda que odia a Trump”. Obvio, la obispa y su iglesia rechazaron el reclamo.
Nadie debe olvidar que la esposa del presidente Trump es de origen esloveno, aunque haya asumido posteriormente la ciudadanía norteamericana. La esposa del vice presidente J. D. Vance, Usha Chilukuri Vance, nació en San Diego, California, pero es de ascendencia de India y practica la religión hindú.
Las deportaciones masivas están prohibidas por las normas internacionales. Se trata de seres humanos que han migrado y se han incorporado a diversas labores, incluyendo la producción y generación de riquezas, en naciones en las que no nacieron, o sus padres fueron los que decidieron migrar y tuvieron hijos que nacieron en otros países.
La política migratoria de Trump incluye desconocer a los nacidos en el territorio de los Estados Unidos, como ciudadanos americanos. Las deportaciones están afectando a millones de personas, incluidos ciudadanas y ciudadanos dominicanos, que residen en diferentes Estados Unidos de Estados Unidos, y también a los que residen en Puerto Rico.
Muchos de los afectados tienen familiares, hijos, hermanos, parejas que favorecieron los propuestas políticas y sociales de la campaña del Partido Republicano.
Otros que también favorecieron las candidaturas republicanas han obtenido ya los documentos de regularización de su estatus en los Estados Unidos, como residentes y como ciudadanos de adopción. Con la política que ha comenzado a mostrarse nadie que sea descendiente de latinos está seguro de nada. De acuerdo con la definición del presidente norteamericano, se trata de delincuentes que debilitan a su país y que se sirven de su economía y de la seguridad que ese país entrega a sus ciudadanos.
El intercambio del presidente Trump con el presidente Gustavo Petro, de Colombia, deja ver solo algunos elementos de la mentalidad sesgada, discriminatoria e injusta que sigue la política oficial desde el 20 de enero del gobierno de los Estados Unidos.
Aunque algunos han cometido delitos, faltado a su responsabilidad como ciudadanos, la mayoría de los inmigrantes llegaron a los Estados Unidos con calificaciones, formación técnica, fuerza, salud y destrezas para emplearse y ofrecer servicios de limpieza, taxis, venta en establecimientos comerciales, servicios de salud, atención en seguridad, industria de la construcción y en escuelas y academias, y ahora no merecen un tratamiento como criminales. Pagaron impuestos, adquirieron viviendas, o las alquilaron, enviaron remesas, ayudaron a familiares cercanos y con fuertes sumas de dinero pagaron los servicios para regularizar su estatus migratorio.
En el caso dominicano los que viven en condiciones de irregularidad en Estados Unidos podrían estar entre los 200 mil y los 225 personas. Otros tanto siguen en condiciones iguales en Puerto Rico, donde también están siendo perseguidos, como si fueran delincuentes o criminales.
Ahora corresponde a las autoridades del país solicitar clemencia y un buen trato de los trabajadores dominicanos que han contribuido con el desarrollo del país enviando cada año alrededor de 10 mil millones de dólares anuales en remesas, enviando paquetes de ropa, medicamentos, vehículos y muchos otros productos norteamericanos. Por la forma en que Trump reprendió las palabras de la obispa anglicana Mariann Edgar Budde, hay que suponer que no se escucharán las peticiones de los que reclamen respeto a los derechos humanos de los procedentes de nuestro territorio.
Por la respuesta del presidente Trump al presidente Petro de Colombia, también suponemos que cualquier solicitud del gobierno dominicano no será considerada. Y habría que cuidarse para evitar represalias del tipo que se anunció para Colombia por impedir el aterrizaje de aeronaves militares que transportaban colombianos considerados delincuentes.
Por la gravedad del caso, y la saña del gobierno de los Estados Unidos, corresponde al gobierno dominicano crear una comisión que reciba, estudie y busque paliativos a los ciudadanos dominicanos deportados desde los Estados Unidos, como consecuencia de la nueva política migratoria del gobierno norteamericano.
Esos dominicanos que vendrían estarían sufriendo persecución, arrebato de su entorno familiar, laboral, religioso, educativo, y crecen que las autoridades dominicanas conozcan la realidad su historia laboral y de las potencialidades y aportes que esas personas pudieran ofrecer al país. Tradicionalmente Estados Unidos deporta ciudadanos condenados por delitos cometidos, y al cumplir las penas los devuelve al país. Son casos diferentes. No deben ser tratados como los tradicionales dominicanyorks que han sido perseguidos, apresados, juzgados condenados y cumplidos penas de prisión.
El país tiene que acudir en auxilio de los deportados por las nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos. Hay deudas sociales y económicas acumuladas con esas personas. Las autoridades tienen que habilitar programas de adaptación, de apoyo y sostenibilidad y de búsqueda de empleos para esas personas, en alianza con el sector privado.
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