Desde 2020, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha incorporado más de 1,5 millones de perfiles de ADN de personas migrantes a la base de datos federal que es utilizada cotidianamente por los cuerpos de seguridad de ese país. La estadística surge de un reciente informe del Georgetown Law Center on Privacy & Technology, que critica el hecho de que se está llevando adelante un “asalto al genoma humano” y que el gobierno estadounidense “abusa de sus poderes”.
En el artículo, titulado Asalto al genoma: cómo el gobierno de los Estados Unidos está abusando de sus poderes de inmigración para acumular ADN para futuras actividades policiales, los especialistas explican que las muestras genéticas son enviadas a la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para su procesamiento e inclusión permanente en el Sistema de Índice Combinado de ADN. Desde esta plataforma, la información genética queda disponible indefinidamente para agencias policiales locales, estatales y federales, permitiéndoles comparar decenas de miles de perfiles.
Georgetown Law Center on Privacy & Technology plantea que los hallazgos de este informe suscitan dudas sobre posibles violaciones de los derechos de privacidad de los migrantes. Asimismo, sostiene que se infringe la cuarta enmienda de la Constitución de EE.UU., al tiempo que cuestiona la constitucionalidad del programa en sí. El reporte subraya que las muestras genéticas son frecuentemente recolectadas por agentes de inmigración mediante “engaños e intimidación”, pese a las políticas internas que exigen informar a las personas antes de hacerlo.
María es una migrante mexicana que solicitó la residencia para ella, su hija de 10 años, su hermana y su padre en la frontera entre San Diego y Tijuana. En una entrevista con CNN en Español, contó su experiencia. “No te preguntan, solo te dicen: ‘Te voy a tomar la prueba de ADN’. Eso es todo”, aseguró la joven latina de 27 años, que expresó que convive con el temor de no saber qué pasará con su muestra y las de los demás integrantes de su familia.
El Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, dictó la normativa que es mantenida en el mandato de Biden. A partir de entonces, se permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitar muestras de ADN de cualquier persona que la agencia detenga. Según Georgetown Law Center on Privacy & Technology, el término “detenido” en el contexto de inmigración es “amplio” y “vago”. “Prácticamente, nadie queda excluido de la recolección bajo este requisito”, afirman.
Además, aseguran que esta expansión del poder federal se ha implementado sin un debate democrático abierto, mediante lo que ellos consideran “maniobras administrativas discretas”. En tanto, explican que, según ellos, se viola la Cuarta Enmienda, vulnerando los derechos de todas estas personas que están en suelo norteamericano.
El informe, basado en más de un año y medio de investigación, revela las siguientes conclusiones:
Por último, el informe insta a la administración Biden y al Congreso a poner fin inmediato a este programa invasivo. “Se espera que esta información sea útil para organizadores y defensores que trabajan contra las prácticas gubernamentales de vigilancia y recopilación biométrica, con el objetivo de proteger los derechos civiles y evitar la expansión del poder de vigilancia del DHS sobre el genoma humano”, concluyen.
LA NACION
