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El Supremo de Estados Unidos se muestra dividido en el caso de la ciudadanía por nacimiento

Autor: Miguel Jimenez

Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostraron este jueves divididos sobre si mantener provisionalmente, a la espera de una decisión sobre el fondo de la cuestión, el derecho a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de inmigrantes sin papeles. El presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó un decreto para derogarla en el primer día de su actual mandato, pero tres jueces federales suspendieron la aplicación de la norma con efectos para todo el país. En la vista oral del caso, las tres juezas progresistas respaldaron esas resoluciones, mientras que los miembros conservadores se mostraron partidarios de poner límites al poder de los magistrados para suspender normas a escala nacional. Algunos de ellos, sin embargo, sugirieron que en este caso lo veían justificado.

El derecho a la nacionalidad por nacimiento se ha convertido en uno de los casos estrella del curso judicial del Supremo. En la vista oral de este jueves en Washington se habló poco sobre el fondo del asunto y mucho sobre el poder de los jueces para suspender con carácter nacional la aplicación de decretos del presidente que consideren ilegales. La Administración de Trump no acudió al Supremo para defender la constitucionalidad del decreto, sino para que las suspensiones dictadas por los jueces solo se apliquen a quienes acudieron a los tribunales. El Supremo dictará su sentencia previsiblemente a finales de junio o principios de julio y su sentido y alcance siguen siendo una incógnita tras la sesión de este jueves.

Aunque el debate sea en buena medida procesal, el caso tiene unas implicaciones enormes ante la tendencia de Trump a forzar los límites del poder ejecutivo, con decisiones que han encontrado en los jueces su principal foco de resistencia. Si, como han dado a entender los magistrados conservadores, se imponen límites a la posibilidad de los jueces para suspender la aplicación de un decreto en todo el país, Trump lograría un gran triunfo, puesto que hay unas 40 suspensiones de sus normas dictadas por los jueces. Eso, más allá de que le den la razón o no en este caso concreto.

Hannah Liu sostiene un cartel en apoyo de la ciudadanía por derecho de nacimiento, este jueves frente al Tribunal Supremo.

El magistrado conservador Clarence Thomas preguntó al abogado de la Administración, John Sauer, desde cuándo vienen los jueces dictando esas suspensiones con carácter “universal”. Sauer contestó que ocurre desde 1963 (en realidad hay casos que se remontan mucho más atrás), pero que su uso se había disparado desde 2007. “Así que sobrevivimos hasta la década de 1960 sin órdenes judiciales universales”, dijo Thomas, mostrando su escepticismo.

Como en Estados Unidos los jueces federales los nombran los presidentes, Sauer argumenta que los litigantes presentan sus demandas donde creen que van a ser atendidas. “Se trata de un problema bipartidista que se ha prolongado durante las últimas cinco administraciones presidenciales”, afirmó.

El propio presidente del Supremo, John Roberts, pareció mostrar su preferencia por que el Tribunal se pronuncie de forma rápida sobre el fondo del asunto en lugar de permitir una suspensión con carácter nacional. Brett Kavanaugh, otro conservador, también se manifestó en favor de fórmulas como las demandas colectivas.

Mientras, las juezas progresistas subrayaron las consecuencias que tendría que una suspensión se aplicase solo a quienes acudieron a los tribunales. Elena Kagan pidió al procurador general que asumiera la hipótesis de que el decreto es ilegal: “¿Todas las personas afectadas por la orden ejecutiva tendrán que presentar su propia demanda? ¿Hay otras alternativas? ¿Cuánto tiempo llevará?“.

Sauer sugirió que las familias afectadas podrían presentar una demanda colectiva. Pero Kagan reaccionó con escepticismo, señalando que esa posibilidad no le inspira “mucha confianza”. “Si se piensa con claridad que la orden ejecutiva es ilegal, ¿cómo se llega a ese resultado y en qué plazo, con su conjunto de normas, sin la posibilidad de una suspensión judicial a nivel nacional?“, insistió.

Una mujer protesta con su hijo en brazos frente al Tribunal Supremo, este jueves en Washington.

Kagan fue más allá, sugiriendo que si, como ella considera, el decreto es abiertamente inconstitucional, la Administración de Trump podría seguir perdiendo un caso tras otro en los tribunales inferiores y no recurrirlos para que el Supremo no se pronuncie nunca sobre el fondo y poder seguir aplicando la norma a todos los que no acudan a los tribunales, entre ellos probablemente las personas con menores recursos para hacerlo. “Todas esas personas [que recurran] van a ganar. Y los que no puedan permitirse ir a los tribunales, serán los que salgan perdiendo”, afirmó.

La tercera jueza progresista, Ketanji Brown Jackson, dijo que se instauraría así un “régimen de ‘atrápame si puedes’ en el que todo el mundo necesita tener un abogado y presentar una demanda para que el Gobierno deje de violar los derechos de las personas”, le dijo a Sauer. “Eso no tiene ningún sentido”, dijo la también progresista Sonia Sotomayor sobre la posibilidad de que cientos de miles de personas tengan que acudir por separado a los tribunales para que no se les aplique una norma abiertamente ilegal.

Jeremy Feigenbaum, abogado del Estado de Nueva Jersey, que defendía la suspensión del decreto de Trump, subrayó el absurdo que podría darse si la suspensión de la aplicación de la norma, en lugar de ser nacional, se acordara en unos Estados, pero no en otros. La nacionalidad estadounidense, argumentó, “se apagaría y encendería” al pasar de un Estado a otro. “La nación posterior a la Guerra Civil incluyó en nuestra Constitución que los ciudadanos de Estados Unidos y de los Estados serían todos iguales, sin diferencias entre los distintos Estados”, indicó.

El sentido de la sentencia puede depender de dos jueces conservadores moderados: Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, que se situaron en un terreno intermedio. Dieron a entender que en este caso no ven que una suspensión de la norma restringida a los demandantes sea suficiente.

“Los bebés de los esclavos”

Trump decretó el final del derecho a la nacionalidad por el nacimiento en el territorio de Estados Unidos cuando los padres sean inmigrantes en situación irregular o cuando la presencia de la madre en el país es legal, pero temporal (como, por ejemplo, una visita o con un visado de estudiante, de trabajo o de turista) y el padre no es ciudadano estadounidense o residente legal permanente.

Ese decreto va en contra de lo que ha sido durante más de un siglo la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, que dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Se aprobó para poner fin a la interpretación del Supremo que excluía de forma permanente a las personas de ascendencia africana de la posibilidad de obtener la ciudadanía de los Estados Unidos únicamente por motivos de raza.

Este mismo jueves, Trump insistió en ese origen histórico en un mensaje en su red social, Truth. “La ciudadanía por nacimiento se refiere a los bebés de los esclavos”, escribió. “No estaba destinada a personas que se van de vacaciones para convertirse en ciudadanos permanentes de los Estados Unidos de América y traer consigo a sus familias, riéndose todo el tiempo de lo ‘PRINGADOS’ que somos”, dijo, mintiendo con que es el único país en que se aplica ese régimen. “No tenía nada que ver con la inmigración ilegal de personas de todas partes del mundo”, añadió.

Lo que Trump obvió es que en una sentencia histórica de 1898 sobre un inmigrante asiático, del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el Supremo interpretó de modo amplio la 14ª Enmienda, garantizando la ciudadanía automática a prácticamente todos los niños nacidos en el país. Los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos han adquirido la nacionalidad con indiferencia del estatus legal de sus padres. Trump sostiene que los inmigrantes sin papeles no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y, por tanto, no tienen derecho a la nacionalidad por nacimiento. Tradicionalmente, se ha interpretado que sí lo están y que los únicos excluidos son los hijos del personal diplomático o, en un supuesto hipotético, los descendientes de fuerzas de ocupación sobre suelo estadounidense.

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