La tan anunciada amenaza se ha hecho realidad. El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, ha aprobado en su primer día como mandatario la orden ejecutiva que designa a los cárteles de la droga mexicanos organizaciones terroristas. “No le va a gustar a México”, dijo el magnate mientras firmaba el decreto en un pabellón deportivo frente a sus seguidores. La medida, a decir de los especialistas, dará al Gobierno estadounidense enormes facultades que podrían vulnerar la soberanía de México, traducidas, por ejemplo, en ataques mediante drones o incursiones militares en suelo mexicano. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha defendido con firmeza que la relación bilateral será de cooperación y nunca de subordinación, estará sometido a la presión de obtener resultados en su política antidrogas medibles en los términos de Trump. La relación diplomática de ambos países, liderada en México por una presidenta izquierdista y en EE UU por un político más cargado a la derecha xenófoba y racista, se anticipa ríspida en un tema tan prioritario como el de la seguridad binacional y amenaza con afectar el intercambio comercial, materia en la que los dos países son profundamente dependientes.
El mandatario republicano tiene entre sus máximos objetivos reducir el tráfico de fentanilo, una droga que mata a miles de estadounidenses (en 2023 murieron 70.000 personas a causa del opioide sintético). Sheinbaum, que abandera el discurso de afrontar el problema del narcotráfico mediante las ayudas sociales y la atención de la desigualdad, también ha enfatizado que entre sus prioridades se encuentran menoscabar las estructuras criminales y el decomiso de drogas, golpes de efecto que podrían dar un respiro a las negociaciones con Trump. En Sinaloa, donde dos facciones del Cártel de Sinaloa, Los Chapitos y La Mayiza, libran desde hace meses una guerra total que ha dejado decenas de muertos, la Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, ha capturado a varios líderes criminales y ha decomisado una tonelada de fentanilo, el mayor alijo de esa droga asegurado en México.
El listado de organizaciones terroristas es gestionado por el Departamento de Estado. Actualmente hay incluidos 68 grupos y personas físicas, desde Hamás hasta las FARC de Colombia y Sendero Luminoso de Perú. Si bien las principales consecuencias de estar en la lista son financieras —se facilita a EE UU el bloqueo de flujos de capital entre países y el combate al blanqueo de activos—, también hay una veta que entusiasma a republicanos y demócratas: intervenir militarmente en territorio mexicano con incursiones selectivas encaminadas a dañar a los cárteles. Una maniobra unilateral de ese tipo implicaría echar por los suelos décadas de cooperación bilateral e intercambio de inteligencia entre los dos Gobiernos para combatir el histórico problema del narcotráfico.
Una “invasión suave”
El académico Carlos Pérez-Ricart refiere que la orden para catalogar a los cárteles como terroristas otorga herramientas al sistema de seguridad, de inteligencia y de justicia de Estados Unidos para atacar de forma distinta a las organizaciones criminales mexicanas y abre la puerta a una “invasión suave”. “En lo concreto, para México, implica que el ecosistema de inteligencia de EE UU va a estar ya sobre el país, que es algo que no habíamos visto hasta ahora: va a ser objetivo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos”, advierte. Autor del estudio Cien años de espías y drogas, Pérez-Ricart sostiene que, en el lado positivo de la historia, el nuevo andamiaje permitiría también vigilar a las empresas privadas relacionadas con el crimen organizado, desde las que blanquean recursos hasta las compañías armamentistas que inundan a México con armas ilegales y dotan a los cárteles de su enorme poder de fuego. “Eso incluso puede ser beneficioso para el país”, observa.
El investigador advierte de que, en lo concerniente al combate a los cárteles, México y EE UU buscan dos objetivos distintos y mutuamente excluyentes. “El objetivo de México siempre tiene que ir enfocado a reducir la violencia que generan los cárteles de la droga. El de Estados Unidos es evitar que la droga llegue a su país. Hay una brecha enorme entre ambos objetivos. Incluso persiguiendo uno, debilitas el otro. Y esa es probablemente la tensión en la que está inmersa la relación bilateral”, indica. “Si estas nuevas facultades que se otorgan al gobierno de Estados Unidos van enfocadas a solamente evitar que llegue la droga, van a seguir provocando dinámicas violentas en México”, añade.
Pérez-Ricart expone que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas no funcionan de la misma manera que los grupos terroristas, y se diferencian en su conformación, sus objetivos y sus métodos. Por lo tanto, apunta, no deben abordarse de la misma manera. “El fenómeno de las drogas está basado en la demanda en Estados Unidos, no en la oferta. Mientras la demanda de drogas persista es imposible pensar que el problema lo puedes atacar en la fuente: México”, observa. El académico agrega que, por ello, cualquier proyecto destinado a contener el problema solo con el uso de la fuerza “está destinado a fracasar”. “[Pero] si esto va a implicar un uso focalizado, inteligente, de disrupción de organizaciones violentas, y sobre todo contra los actores que pululan alrededor de las células del tráfico de drogas, creo que es una buena noticia”, considera.
Auge militarista
Oswaldo Zavala, académico y escritor dedicado al estudio del crimen organizado, matiza los alcances de la orden ejecutiva de Trump y observa que, en materia de seguridad, “la soberanía mexicana siempre ha estado vulnerada por la política antidrogas estadounidense”. El investigador señala que la nueva tensión en torno al fentanilo es una etapa más de la subordinación de México a la geopolítica estadounidense, “[una] relación tormentosa, conflictiva, de supuesta cooperación, entre comillas, que muchas veces más bien se parece al chantaje y la extorsión”.
Para el autor de Los cárteles no existen, la principal amenaza a la soberanía mexicana es la imposición desde EE UU y Europa del enfoque militarista en el tratamiento de la inseguridad y la migración. “Cuando hablamos de narcotráfico, hablamos de una manera de expresar las políticas militaristas globales, que en nuestro país toma la forma del combate al crimen organizado, pero que en otros países se llama combate al terrorismo, o en países como Estados Unidos, donde se mezclan incluso los conceptos de narco y terrorismo y, además, inmigración indocumentada”, indica.
Zavala afirma que el avance de la militarización en México se observa en “el uso normalizado del acoso y de la violencia en contra de la propia ciudadanía del país”. El autor ejemplifica con la contención de los flujos migratorios mediante el Ejército, el ciberespionaje militar contra la sociedad civil, la violación de los derechos humanos, el “desproporcionado gasto público en seguridad” o la poca fiscalización sobre las fuerzas armadas. “No vamos a librarnos de este problema si no hay una conciencia clara de que el principal problema en lo inmediato para la seguridad mexicana tiene que ver con nuestro papel dócil que consiente el avance del militarismo nacional en conexión con el militarismo global”, valora.
El diputado Gildardo Pérez, de Movimiento Ciudadano (MC), considera que las amenazas de Trump pueden tener mayor impacto debido a que en México se han debilitado las instituciones, algo de lo que ha responsabilizado a Morena, el partido en el Gobierno. “Estas presiones externas obedecen a un debilitamiento interno. Trump aprovecha la debilidad que tenemos en materia de procuración e impartición de justicia”, señala. “Los políticos de las últimas dos décadas [del PAN, PRI y Morena] no atendieron las causas que estaban provocando ese debilitamiento institucional”, acusa. Más allá de las críticas, la respuesta de Sheinbaum a Trump ha sido de rechazo al sometimiento y ha despertado un cierre de filas con los partidos de oposición. El conservador PAN, la formación opositora mayoritaria, ha rechazado cualquier posibilidad de “intervencionismo extranjero”. México aguarda en una tensa calma el próximo movimiento del nuevo presidente estadounidense.
