EL CAJON.- La expulsión de inmigrantes indocumentados en El Cajon ha generado preocupación entre expertos y economistas, quienes advierten sobre las consecuencias negativas que esto podría tener en la economía local.
La escasez de mano de obra, la reducción en los ingresos fiscales y el impacto negativo en el consumo afectarían a toda la comunidad.
Además, la deportación de padres indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses podría obligar a los menores a abandonar el país, lo que supondría una pérdida para el sistema educativo y fiscal en el que ya se ha invertido.
En 2019, aproximadamente 169,000 inmigrantes no autorizados residían en el condado de San Diego, según el Public Policy Institute of California.
De esta población, alrededor del 34% vivía con al menos un hijo ciudadano estadounidense menor de 18 años, lo que representaba aproximadamente 57,460 individuos.
Este escenario ha generado un intenso debate sobre la política migratoria en la región y su impacto en la estabilidad económica y social.
El alcalde de El Cajon, Bill Wells, ha estado involucrado en este debate al considerar diversas medidas sobre inmigración.
Recientemente, se propuso que una estrategia de amnistía bien estructurada podría beneficiar tanto a la economía local como a la nacional.
Esta propuesta sugiere aplicar sanciones monetarias, como impuestos más altos para los beneficiarios de la amnistía, la eliminación de créditos fiscales por hijos y posibles impuestos adicionales sobre la propiedad para propietarios de vivienda.
Sus defensores argumentan que estas medidas permitirían equilibrar la responsabilidad económica con la estabilidad e integración a largo plazo de los inmigrantes en la comunidad.
El debate sobre inmigración cobró aún más relevancia en la región tras un reciente operativo de las autoridades federales.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la realización de un operativo en la empresa San Diego Powder & Protective Coatings, ubicada en El Cajon, condado de San Diego. De acuerdo con reportes preliminares, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con personal de la Agencia Antidrogas (DEA), desplegaron un operativo a gran escala desde la tarde del 27 de marzo.
Según testigos, al menos 20 trabajadores fueron detenidos durante la intervención, la cual se extendió desde la 1:30 p.m. hasta poco después de las 9:00 p.m.
Durante la operación, todos los empleados fueron retenidos con bridas plásticas y marcados con un rotulador para indicar su lugar de trabajo, de acuerdo con la información difundida en redes sociales por el activista Pedro Ríos.
El despliegue incluyó entre 80 y 100 agentes fuertemente armados y alrededor de 30 a 40 vehículos oficiales, lo que ha sido señalado como uno de los operativos más grandes en California en los últimos años.
Familiares y compañeros de los trabajadores permanecieron en las inmediaciones de la fábrica a la espera de información sobre los detenidos.
En enero de 2024, el Ayuntamiento de El Cajon discutió una resolución sobre el cumplimiento de las leyes migratorias federales.
Durante la reunión del 28 de enero, el Consejo Municipal consideró una propuesta que declaraba que la ciudad no es un santuario y enfatizaba la cooperación con las autoridades federales para la remoción de criminales violentos.
Tras recibir comentarios del público, se presentó una versión revisada de la resolución con el objetivo de equilibrar las preocupaciones sobre seguridad pública con los efectos económicos de las políticas migratorias.
El debate en El Cajon es un reflejo de la discusión más amplia sobre inmigración en California y en el país. Mientras algunos sectores apoyan una aplicación estricta de las leyes migratorias, otros abogan por soluciones que permitan la integración y contribución económica de los inmigrantes no autorizados.
La decisión final del Ayuntamiento podría influir en futuras políticas locales y en la percepción del liderazgo de la ciudad en este tema crucial.
