California continúa sus preparativos para la nueva presidencia de Donald Trump. Un grupo de asambleístas demócratas ha propuesto esta semana garantizar en la Constitución estatal el acceso a la mifepristona y el misoprostol, los medicamentos que se utilizan en el 60% de los abortos en Estados Unidos. Los legisladores buscan anticiparse a una eventual prohibición de este tipo de medicamentos en la próxima Administración republicana. Durante la campaña, el hoy presidente electo se mostró abierto a considerar mayores restricciones para hacerse con el cóctel abortivo. Los defensores de los derechos de las mujeres han advertido que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) podría limitar el acceso a dichos medicamentos bajo la tutela del trumpismo.
A la iniciativa se le conoce con el nombre de Ley de Aborto Seguro. Esta ha sido respaldada por una decena de asambleístas estatales, pero tiene como autora principal a Maggy Krell, una abogada quien fue la litigante principal de la organización Planned Parenthood durante la primera presidencia de Trump. Krell coordinó desde ese cargo la estrategia legal para garantizar los derechos reproductivos, bajo asedio en el Gobierno de derechas. El mayor impacto de Trump al derecho al aborto llegó cuando este había abandonado la Casa Blanca. La supermayoría conservadora que dejó en el Supremo derogó Roe contra Wade en 2022.
La norma busca garantizar el acceso a todos los habitantes del Estado a los medicamentos. También protege de cualquier acción legal a los productores, distribuidores, médicos e individuos que los receten o utilicen. “Existen amenazas a la disponibilidad de la mifepristona y el misoprostol, por lo que California podría no garantizar el abasto continuo”, admite la propuesta en su texto. Los asambleístas buscan que la entidad aumente las compras de estos medicamentos para que cualquiera pueda ejercer “sus derechos constitucionales”, en caso de quererlo, e interrumpir un embarazo.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó en 2023 comprar cientos de miles de dosis después de que un juez de Texas, nombrado por Trump, paralizara temporalmente la administración de la mifepristona. Para marzo de este año, la gigantesca reserva ya había sido repartida al público porque la fecha de caducidad amenazaba con afectar la eficacia de los medicamentos. El gobernador ha advertido de que el Estado está preparado para reabastecerse con más píldoras de ser necesario. Otros gobernadores demócratas, como Jay Inslee, del Estado de Washington, han seguido el ejemplo de Newsom.
La FDA aprobó en el 2000 el uso de la mifepristona para terminar con hasta siete semanas de gestación. El periodo se extendió en 2016 a las diez semanas. En 2019, la agencia dio luz verde a un genérico de la sustancia activa. La mifepristona se utiliza generalmente en combinación con el misoprostol en un cóctel que funciona como un procedimiento alternativo a la intervención quirúrgica para suspender el embarazo. De acuerdo al grupo de legisladores que ha presentado la nueva ley, que será votada en las próximas semanas, estos medicamentos solo representan un riesgo de complicaciones de 0,4% y una mortalidad de 0.00064%. “Utilizar medicamentos abortivos es más seguro que llevar el embarazo a término, pues Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad materna de 0.0329%”, asegura la norma. En junio de este año, el Tribunal Supremo mantuvo el acceso a la píldora abortiva en un fallo unánime.
Este derecho, sin embargo, aún tiene que soportar el vendaval que representa la nueva era de Trump. Los activistas que se oponen al aborto aguardan al 20 de enero, fecha en la que el republicano asume el poder, para iniciar el desmantelamiento de las políticas de interrupción del embarazo del Gobierno de Joe Biden. “Los logros provida de Trump en su primera presidencia son los cimientos de su segundo mandato”, aseguró en un comunicado de noviembre Susan Anthony List, una destacada activista del movimiento.
“Es una situación urgente y delicada”, aseguró el lunes Rob Bonta, el fiscal general californiano. “Los extremistas de derechas siguen atacando nuestra autonomía a expensas de la salud de las personas embarazadas”, aseguró en una conferencia de prensa.
Donald Trump intentó alejarse durante la campaña del aborto, un tema que por momentos dañó sus números en las encuestas. El entonces candidato descartó en junio nuevas prohibiciones a los métodos abortivos y aseguró que eran los Estados quienes debían decidir sobre este asunto. En otros, no obstante, presumía haber puesto en sus cargos a los jueces que lograron derogar Roe contra Wade. En una conferencia de prensa celebrada en Mar-a-Lago, Trump dejó entrever la posibilidad de cancelar el acceso a la mifepristona, lo que consideró una opción “abierta y muy humana”. En enero se sabrá al fin si ha llegado el invierno para el medicamento abortivo más utilizado en Estados Unidos.
