La semana pasada, el debate en torno al desabastecimiento de medicamentos en Colombia volvió a resurgir. Esta vez, por cuenta de una serie de visitas que encabezó el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a dispensarios de medicamentos, en las cuales, sostuvo el funcionario, se habrían encontrado serias irregularidades.
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A raíz de esta situación, la Supersalud empezó hoy un proceso de investigación contra el gestor farmacéutico, Audifarma, argumentando que los medicamentos son retenidos por las dispensadoras.
Por su parte, Audifarma asegura que no existe en más mínimo interés en obstaculizar la entrega de medicamentos y las EPS sostienen que sí existe problema de disponibilidad de ciertos fármacos.
Mientras esto acontecía, el Invima destacó que desde esa entidad sí se han tomado medidas para atender los problemas de disponibilidad de estos productos resolviendo trámites y sumando esfuerzos con el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de mesas de trabajo con productores, titulares, pacientes y sociedades científicas para encontrar la raíz del problema y buscar soluciones que se puedan ejecutar entre todos.
EL TIEMPO habló con Francisco Rossi, director del Invima, quien compartió su perspectiva sobre el origen de la llamada “crisis de desabastecimiento”. Además, explicó los cambios estructurales que se planean implementar en la entidad y pidió a los pacientes que “no se dejen utilizar” en medio del nuevo debate que se avecina sobre la reforma de la salud.
Llevamos más de un año en lo que algunos catalogan como una “crisis por desabastecimiento de medicamentos”, pero en el Invima aseguran que solo hay 12 fármacos en esta condición. Aclárenos: ¿realmente estamos en una crisis de este tipo o no?
Lo que hemos confirmado y precisado es que se organizó una campaña en torno a este tema, en la que los medios jugaron un papel importante al darle mucho eco. Esta campaña buscaba crear la idea de que el Ministerio de Salud y el Invima habían generado una crisis en todo el sistema para justificar la reforma. Se presentaron varios argumentos, en particular, que esta supuesta crisis de desabastecimiento obedecía a una intención del Minsalud y del Invima de retrasar los trámites de registros sanitarios para que los medicamentos no se pudieran comercializar. Se dijo que había trámites represados por burocracia y corrupción, con el fin de provocar el desabastecimiento. La Procuraduría tuvo un papel relevante en esta narrativa y, lamentablemente, sigue insistiendo en que esto fue intencional. Incluso, actualmente tenemos una medida cautelar que viene de 2019 (del gobierno pasado) y que está relacionada con esta situación.
¿Entonces por qué circulan tantas historias de pacientes que encuentran barreras para adquirir sus medicamentos? ¿Qué está sucediendo?
Hemos insistido durante mucho tiempo en que la escasez de medicamentos es un fenómeno estructural en una economía de mercado. Una de las razones principales es que la industria solo produce lo que es rentable, y muchos medicamentos esenciales para la salud pública no generan suficiente interés comercial. Por eso, en la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, México y otros países se hace una revisión periódica de qué medicamentos están dejando de producirse y por qué. En Colombia, se decidió crear un mecanismo para producir medicamentos estratégicos que no son rentables, como aquellos que tratan la malaria, la tuberculosis o la leishmaniasis. Estos medicamentos se producirán en el laboratorio público de la Universidad de Antioquia, con quien ya tenemos un acuerdo para abordar este problema. Otra razón es la dificultad para obtener materias primas de calidad que vienen de países como China o India, lo que puede causar una escasez global. Además, cuando falta materia prima, los productos llegan primero a los países que pagan mejor y más rápido. Colombia, como una economía de ingresos medios, tarda más en resolver estos problemas. También hay un tema de desconfianza hacia los medicamentos genéricos, tanto por parte de los médicos como de los pacientes, por lo que estamos trabajando con el Ministerio de Salud en campañas de información.
¿Hay problemas en los circuitos de contratación?
Efectivamente, justo cuando empezó a debatirse la reforma comenzaron a surgir denuncias sobre escasez y desabastecimiento de medicamentos y a raíz de esto hemos identificado muchos problemas en los circuitos de contratación entre las EPS, las IPS, los distribuidores, mayoristas y operadores logísticos, lo que genera escasez de ciertos medicamentos de marcas específicas, incluso cuando no hay problemas de materias primas o trámites pendientes. Lo cierto es que se exageró al decir que había más de 1.800 productos escasos, en realidad eran muy pocos, y estamos trabajando con todos los actores del sistema para resolver estos casos. En marzo de este año, revisamos la situación y pudimos afirmar que no hay productos con trámites pendientes que estén causando escasez. La mayoría de los productos que siguen escasos tienen pocos oferentes o enfrentan problemas de precio, rentabilidad, materia prima o competencia.
Hoy la Supersalud inició un proceso de investigación a Audifarma porque aseguran que no dispensan medicamentos, a pesar de estar disponibles. El gestor farmacéutico dice que no tiene intención de obstaculizar la entrega de biológicos. ¿Qué sucede ahí?
Existen muchos problemas de carácter comercial. Uno de los motivos por los que se debate la reforma es la necesidad de mejorar la gestión de los recursos del sistema de salud, tanto para la atención médica como para la financiación de medicamentos. Cuando estos contratos no funcionan, puede haber escasez de productos para un determinado proveedor, EPS o paciente. Además, hemos insistido mucho en que, en la mayoría de los países desarrollados, se hace una selección de los fármacos que se financian con recursos públicos. En Colombia, antes teníamos una lista de productos en el POS, pero por diversos intereses comerciales, esta lista desapareció. Hoy, las EPS, los operadores logísticos y los distribuidores están obligados a tener una “lista infinita” de medicamentos contemplados en el PBS, pero ningún país puede manejar esto financieramente. Debemos revisar la autonomía médica y la lista de medicamentos financiables, ya que no es posible sostener un sistema con una lista interminable de medicamentos.
¿Entonces cree que la crisis financiera del sistema afecta a los pacientes que no logran conseguir sus medicamentos?
No creo que el sistema de salud tenga un problema de dinero. Más bien, el problema radica en cómo se ha manejado el dinero. Tenemos suficientes recursos, pero estamos concentrando el gasto en medicamentos de alto costo y en instituciones especializadas. La atención primaria ha sido vista como algo de mala calidad, para personas de bajos recursos, y este enfoque no es sostenible en un país en desarrollo. Necesitamos reorganizarnos, y ese era el objetivo de la reforma. Sin embargo, el debate se ha politizado, dejando de lado los argumentos técnicos y financieros.
La Procuraduría alertó que la entidad tenía 127.000 trámites represados y que esto podría causar el desabastecimiento. ¿Qué pasó con esos trámites? ¿Ya los resolvieron?
Quedó claro que los trámites represados no eran la causa del desabastecimiento. Nos sentimos más tranquilos, aunque también más responsables de señalar que hubo un mal manejo de la información y que este tema se ha superado. Debo aclarar que el término “represados” es inexacto, pero muy útil (en términos políticos) para quienes nos han querido atacar, en el sentido de que todo trámite en el momento en que se presenta y no se ha resuelto está represado, por definición. En realidad, el Invima tenía 26.000 trámites pendientes, no millones. Sin embargo, hemos hecho grandes esfuerzos para resolver estos trámites, aunque aún quedan algunos pendientes, especialmente si se tiene en cuenta que los más antiguos eran hasta de 2017.
¿Cómo lo están resolviendo?
Hemos visto, a raíz de este tema de los trámites, que existe una corrupción estructural. A partir del año entrante, ojalá desde el primero de enero, queremos cambiar por completo el esquema estructural. Estuvimos conversando con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y la conclusión fue que, si no se cambia la estructura, la situación se repite y las personas se acomodan a eso. También hablamos con la fiscal anticorrupción en una conversación corta, pero interesante. Ella nos dijo que podría ayudarnos con casos específicos si presentamos las denuncias correspondientes, y nosotros, por supuesto, apoyamos la investigación en esos casos específicos.
Cuéntenos más sobre cómo piensan solucionar este tema de la corrupción estructural
Lo que buscamos cambiar es el mecanismo mediante el cual realizamos los trámites. Actualmente, uno debe radicar una carpeta, que luego se va revisando poco a poco, un proceso que puede tomar desde tres meses hasta tres años. Para solucionar esto, tuvimos acercamientos con las cámaras de comercio y la Andi, que ya han implementado ejercicios de este tipo en diferentes sectores. En el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se implementó uno que combina desarrollos tecnológicos con una lógica de simplificación de trámites, sin perder un ápice de rigor técnico. Queremos replicar este enfoque, eliminando procesos que consumen más tiempo. Nuestro objetivo es lograr en el próximo año que cualquier medicamento, incluso uno nuevo, pueda ser aprobado de manera eficiente, utilizando bases de datos y tecnología que nos permitan agilizar el proceso sin sacrificar la evaluación técnica.
¿Esto haría parte de la reestructuración de la entidad?
Sí, definitivamente. En la propuesta de reestructuración, que ya está bastante avanzada, hemos discutido que tanto el Invima como las agencias regulatorias de otros países le otorgan demasiada importancia al registro sanitario, lo que abre oportunidades para la corrupción. Queremos eliminar esas oportunidades sin sacrificar el rigor técnico, algo que podemos lograr con sistemas de información robustos. Es más, tenemos un convenio con la Andi, en el que vamos a recibir apoyo técnico para fortalecer sistemas de información que nos permitan tener apoyo de sistemas de información sin sacrificar evaluación técnica. Al final, tendremos que ser más inteligentes con el enfoque con el que organizamos los trámites. Creo que eso fue lo que hizo con mucha inteligencia el ICA, con quienes firmamos un convenio para la transferencia de un sistema operativo con el que podremos desarrollar trámites con mayor agilidad.
¿En cuánto tiempo usted calcula que la entidad va a estar reestructurada con lo que ustedes proponen?
Todo dependerá de varios indicadores, pero creo que para marzo o mayo del próximo año habremos logrado la mayor parte de la reestructuración. La clave es reducir la carga de registros y enfocarnos más en la vigilancia. Queremos que los productos en las farmacias y supermercados estén en buenas condiciones. Para ello, trabajaremos en colaboración con oficinas territoriales, secretarías de salud y laboratorios para asegurarnos de que los productos cumplan con los estándares de calidad. Además, es importante que nuestros sistemas de vigilancia funcionen correctamente, no solo para el mercado interno sino también para poder exportar productos como cosméticos, alimentos y medicamentos.
En estos días se va a radicar el nuevo texto de la reforma, ¿cómo ve el sistema de salud a futuro?
Todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos una reforma, aunque no todos coinciden en los detalles de cómo debe ser. Sin embargo, el problema es que la reforma se ha convertido en un debate político. El primer intento fracasó debido a la falta de consensos políticos, lo que fue una gran pérdida de tiempo para un sistema de salud que necesita reformas urgentes. Lamentablemente, creo que el Congreso no será de mucha ayuda en este proceso. No obstante, soy optimista y creo que el país ha empezado a cambiar en muchos aspectos, aunque todavía hay mucho por hacer. Por ejemplo, ya no se acepta como normal la muerte de niños por desnutrición en departamentos como La Guajira o el Amazonas, lo que representa un avance. En cuanto al sistema de salud, no creo que el problema principal sea la falta de dinero. Un país como el nuestro no tiene muchas opciones para destinar más fondos a la salud, y en mi opinión, ese no es el enfoque que necesitamos, aunque seguramente habrá espacio para ese debate.
¿Qué podría decirles a todas esas madres y pacientes crónicos que estas semanas han hecho protestas frente al Ministerio porque dicen que no tienen acceso a sus medicamentos vitales?
Dos cosas: primero, estamos trabajando para resolver cada caso, producto por producto. El Ministerio y el Invima están en contacto con los productores, médicos y pacientes para encontrar soluciones. Esto no significa que el problema se resolverá de la noche a la mañana, pero estamos avanzando. Lo segundo que quiero decirles es que no permitan que se les utilice para ejercer presión sobre la reforma del sistema de salud. La manifestación de pacientes de epilepsia coincidió con el momento en que se iba a presentar la reforma. Sabemos que hay problemas con el suministro de fenitoína, pero es importante entender que el Ministerio no puede comprarla directamente porque ya se destinaron los recursos a las EPS para que lo hicieran. No dejen que las protestas se están usen políticamente, porque eso no resuelve los problemas. Seguimos trabajando para encontrar soluciones y la politización no ayuda en este proceso.
