Guillermo Alfonso Jaramillo – Ministro de Salud – Ministerio de Salud – Rueda de prensa
Foto: Mauricio Alvarado / El… – Mauricio Alvarado
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El Ministerio de Salud anunció este 31 de diciembre que la UPC para 2025 aumentará en un 5,36 %, por medio de la resolución 2718, que fue firmada ayer. El aumento está más de 10 % por debajo de las expectativas de varios actores del sistema de salud, que reclamaban un incremento superior al 16 %.
La UPC es un elemento clave del sistema de salud: en términos simples, es el monto que el Gobierno gira a las EPS por cada afiliado para cubrir sus servicios médicos, medicamentos y tratamientos. El aumento decretado implica que las EPS del régimen contributivo pasan de recibir $1.444.086 por cada afiliado a recibir $1,521,489. Las EPS del régimen subsidiado, por otro lado, pasan de recibir $1.256.076 a recibir $1,323,401.
El porcentaje se definió con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado en noviembre de 2024, el último disponible hasta el momento. “Esta decisión responde a la necesidad de proteger los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud ante la imposibilidad de efectuar un cálculo, debido a la baja calidad, poca confiabilidad y las inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS”, asegura la entidad en un comunicado.
De acuerdo con el Ministerio, las EPS no reportaron información “confiable, oportuna y clara”, lo que llevó a que se desestimara y se tomara la decisión que estipula la ley. Allí se indica que, al no poder realizar la estimación del aumento con base en la información presentada por las EPS, el ajuste se hará automáticamente según la inflación.
La discusión por los recursos de la salud
Durante meses, esta decisión fue el centro de las discusiones en el sector salud, debido a su impacto en la atención de millones de colombianos. Para explicarlo de forma sencilla, con la UPC se cubren desde las consultas con el médico general hasta el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer (en la mayoría de sus tipos), la diabetes y muchas otras condiciones críticas. A través de la UPC se financia el 97 % de los procedimientos médicos y el 97,12 % de los medicamentos autorizados en el país.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en colaboración con el Centro de Estudios Económicos de la ANIF, calculó que la UPC para 2025 debería subir un 16,4 %. Sectorial, una firma de análisis financiero que estudia al sistema de salud, estimó que debería ajustarse en un 18 %. El último en hacer su apuesta fue la Andi. El gremio que reúne a los empresarios apostó por una UPC que aumentara un 16,9 % en 2025. Sin embargo, la decisión del Gobierno está entre 10 % y 12,7 % por debajo de estas expectativas.
Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, no dio una cifra, pero sí señaló que sus datos evidenciaban incrementos del 27 % en frecuencias y en costos similares, dos elementos que son claves para definir la UPC. Ana María Vesga, directora de ese gremio, aseguró que dentro de la entidad se consideraron escenarios de incremento de la UPC. “En uno de ellos subía lo que indica el IPC (que estará alrededor del 5% y seguirá bajando en 2025). Y en ese caso estimamos que habría un déficit de $10 billones”, señaló.
La decisión del Ministerio de Salud también es importante por lo que ha venido sucediendo con la UPC en los últimos años. Como hemos explicado en anteriores oportunidades, se trata de un cálculo muy complejo que utiliza la información del año anterior, es decir, dos años atrás del año en que estará vigente la UPC.
Por ejemplo, para definir la UPC de 2025, el Ministerio de Salud usó la información de 2023. Son muchos datos, entre ellos la frecuencia de uso de servicios de salud de los colombianos (cada cuánto necesitaron ir al sistema de salud), la demanda de servicios (qué necesitaron) y los precios de cada servicio. Toda esa información es suministrada por las EPS, que a su vez la recogen de los hospitales y las clínicas.
Justamente en esta información es en donde el Minsalud señala no contar con información confiable por parte de las EPS. De acuerdo con esa cartera, se presentaron incrementos que no coinciden con el comportamiento histórico en indicadores como la frecuencia con la que se prestan servicios de salud, “elevados gastos médicos sin la justificación correspondiente, (…) pagos de medicamentos por encima del precio regulado”.
La entidad también asegura que la información reportaba un aumento histórico que no coincidía con el comportamiento histórico de este indicador. Estas reservas son los recursos que deben acumular las EPS con el objetivo de respaldar su funcionamiento y garantizar la atención de los usuarios y tener un colchón financiero que les permita atender, por ejemplo, enfermedades de alto costo.
Frente a esto, Ana María Vesga, directora de Acemi, el gremio de las EPS con mayor cantidad de afiliados del régimen contributivo, aseguró a El Espectador el pasado viernes que “este año estuvimos muy atentos a que ese proceso se realizara de manera completa. De hecho, con ocho de las 10 EPS afiliadas a Acemi, que representan más del 60 % del régimen contributivo, llevamos a cabo el análisis de suficiencia evaluando cómo se comportaron las variables”.
Vesga aseguró que veían con preocupación que en los datos de 2023, que fueron entregados al Minsalud, se presentaban incrementos del 27 % en indicadores como la frecuencia de las atenciones en salud. También dijo que esa información fue “retroalimentada” por el Minsalud, pero que desde entonces no habían recibido información sobre el cálculo de la UPC.
Además de estos datos, el Ministerio de Salud debe hacer proyecciones con la inflación esperada para el siguiente año y los cambios que puedan presentarse en el sistema de salud. Por ejemplo, para ajustar la UPC de 2025, el Ministerio debe prever cuál será la inflación en 2025, la demanda de servicios de salud y los costos asociados, entre otros factores.
Sin embargo, es precisamente en estas proyecciones donde analistas y académicos han identificado problemas. Por ejemplo, en 2022, la UPC se calculó con una inflación proyectada del 3,7 %, pero la inflación real fue del 13,12 %. En 2023, se calculó con una proyección del 7,1 %, mientras que la inflación alcanzó el 9,28 %.
Debido a estos errores, entidades como el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia estiman que el desfase de la UPC fue del 7,2 % en 2022 y del 4,9 % en 2023, en comparación con los valores fijados por el Estado. Para cubrir los gastos reales que tuvo el sistema de salud durante esos años, sería necesario un ajuste adicional de aproximadamente $7,1 billones. En esa línea, argumentan, la UPC ha estado desfinanciada en los últimos años, lo que implica que los recursos asignados no han sido suficientes para cubrir los costos reales del sistema de salud. Esto ha generado un déficit en el sistema.
De esta manera, en el cálculo de la UPC de 2025 estaba la esperanza de corregir los desfases financieros acumulados en años anteriores y garantizar una asignación de recursos más acorde con los costos reales.
Sistema en rojo
Todo esto sucede en un contexto de profunda crisis económica en el sistema de salud. Como contábamos hace poco en esta nota, se estima que el sistema de salud cerrará 2024 con un hueco de más de $9 billones. El Gobierno Nacional proyectó que se necesitarían alrededor de $90,1 billones para financiar la atención en salud de los colombianos este año, pero los costos serán realmente de poco más de $99,6 billones.
Otros actores como Afidro y ANIF calculan que el déficit real es de $9,9 billones, mientras que Acemi estima un déficit mínimo de $5,8 billones. Estas cifras, sin embargo, solo consideran las deudas de 2024 y no incluyen las de años anteriores, que podrían sumar entre $11 y $25 billones.
El panorama para 2025 en el sector salud no es alentador. Según el presupuesto general de la nación, el sector arranca desfinanciado. Aunque el gobierno de Gustavo Petro incrementó ligeramente los recursos asignados al Ministerio de Salud, el Ministerio enfrenta un déficit de al menos $9,5 billones, afectando áreas como la infraestructura hospitalaria. Además, entidades fundamentales como el Invima y la Supersalud verán recortes en sus presupuestos, lo que limitará su capacidad para cumplir con funciones claves en el país.
Mientras tanto, las tutelas relacionadas con el derecho a la salud están disparadas (por cada tutela presentada el año pasado, este año se presentaron 1,5 tutelas) y el número de quejas, reclamos o inconformidades presentadas por los usuarios cuando sienten que sus derechos no están siendo respetados, se ha multiplicado por dos en los últimos 4 años hasta alcanzar 1.4 millones en 2023. Aunque no se conocen cifras de cierre definitivo, se espera que este año cierre con dos millones de quejas. Finalmente, y con todo esto sucediendo, el Ministerio de Salud espera en 2025 que el Gobierno apruebe la reforma a la salud.
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