Abigaíl Castillo estaba a punto de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos cuando se enteró de que el presidente Joe Biden iba a suspender el asilo. Continuó de todos modos, caminando horas por las montañas al este de San Diego con su hijo pequeño, esperando que no fuera demasiado tarde.
“Escuché que iban a hacerlo o estaban a punto de hacerlo”, dijo Castillo, de 35 años, el miércoles mientras ella y su hijo eran escoltados a una camioneta de la Patrulla Fronteriza junto con unas dos docenas de personas más de Brasil, Ecuador y su aldea en el estado de Oaxaca, en el sur de México, de donde dice que salió porque estaba sumida por la violencia.
Pero no cumplieron el plazo y quedaron sujetos a la nueva norma de deportación.
Dos altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron a la prensa, bajo anonimato, que las primeras deportaciones con base en la nueva norma tuvieron lugar el propio miércoles, aunque no dijeron cuántas fueron.
Sergio Franco, que abrazaba a su bebé después de un viaje de casi dos meses desde Ecuador, caminando por la peligrosa selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, dijo que confiaba en que prevalecería en su súplica de encontrar un lugar seguro en Estados Unidos.
“Si tenemos pruebas, no debería haber ningún problema”, dijo mientras subía a la camioneta con Castillo y los demás.
Mientras el grupo se alejaba, varios inmigrantes de India caminaron hasta la misma zona polvorienta cerca de una tienda de armas en la ciudad de Dulzura, una de las varias que han aparecido durante el último año en las remotas afueras rurales de San Diego para que los inmigrantes se entreguen a los agentes de la Patrulla Fronteriza. No había agua ni baños y, casi, tampoco sombra.
Después llegaron varias mujeres guatemaltecas. Entre ellas se encontraba Arelis Alonzo López, quien dijo que tenía casi cinco meses de embarazo y había caminado durante dos noches. Un agente de la Patrulla Fronteriza le preguntó cómo se sentía. “No puedo soportar más”, respondió.
Suspensión temporal al asilo decretada por Biden
El asilo permanece suspendido hasta que el promedio de arrestos diarios caiga por debajo de 1,500 durante una semana consecutiva. El último mes en el que los cruces fueron tan bajos durante tanto tiempo fue en julio de 2020, durante lo peor de la pandemia de covid-19.
Los migrantes que expresen temor por su seguridad si son deportados serán examinados por funcionarios de asilo estadounidenses, pero bajo un estándar más alto que el vigente hasta ahora. Si aprueban, pueden quedarse para buscar otras formas de protección humanitaria, incluidas las establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Hay serias dudas sobre si la nueva medida introducida por Biden podrá detener las entradas de inmigrantes a gran escala. México ha aceptado recibir de regreso a inmigrantes que no sean mexicanos, pero solo en números y nacionalidades limitados. Y la administración Biden no tiene el presupuesto ni el apoyo diplomático que necesita para deportar a migrantes a largas distancias, como India.
Preocupaciones entre los migrantes en la frontera
“Imagínese lo que va a pasar con lo que han hecho. El sistema va a colapsar nuevamente”, dijo Castro, hablando en un campamento de inmigrantes cerca de las orillas del río Grande, donde ha estado viviendo con unas 10 personas más. La aplicación se vio tan abrumada en ocasiones que los usuarios recibieron mensajes de error y experimentaron otras fallas técnicas.
Juan Daniel Medina, de República Dominicana, dijo que estaba decidido a seguir con CBP One, incluso después de ocho meses de intentos infructuosos de conseguir una cita. “Es la forma correcta porque así se hace todo legalmente. No tendrán que saltar el río y correr el riesgo de enfrentar cargos penales”, dijo Medina, de 30 años.
Dos horas antes de la puesta del sol del martes en San Diego, agentes de la Patrulla Fronteriza dejaron cuatro autobuses llenos de migrantes en un centro de tránsito, muchos de ellos para buscar asilo en uno de los 68 tribunales de inmigración en todo el país. Los solicitantes de asilo generalmente pueden trabajar mientras sus solicitudes pasan lentamente por los abrumados tribunales de inmigración.
Jesús Gómez, de Medellín, Colombia, dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza le dijeron que fue una de las últimas personas en ser liberadas para solicitar asilo y que debería decirles a sus amigos y familiares en su país que serán deportados si intentan ingresar ilegalmente. Pero afirmó que no sabía si era verdad. “Es algo muy difícil con lo que lidiar”, agregó Gómez, de 49 años, mientras esperaba que la Patrulla Fronteriza liberara a su esposa antes de volar a Boston, donde vive su hija.
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