El presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Félix González (Ind.), había puesto en tabla para la sesión de hoy -que comienza a las 3 de la tarde- “continuar la discusión del proyecto de ley que dicta normas sobre protección de personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales. Boletín N°16.886-12”. A ese impulso del diputado ecologista se sumó este lunes la “urgencia suma” puesta por el gobierno para esta iniciativa, presentada en mayo de 2024 mediante moción parlamentaria.
El autor del proyecto, el diputado del Partido Liberal Luis Malla Valenzuela, dijo a País Circular que “esta ley es necesaria por dos razones. La primera, para proteger a los defensores ambientales que están siendo perseguidos, secuestrados y asesinados, más aún en los países de Latinoamérica -donde sabemos que el contexto es peligroso para aquellos que defienden la naturaleza-. Y en segundo lugar, para cumplir con el Acuerdo de Escazú, que establece la obligación del Estado de proteger a los defensores ambientales”.
El Acuerdo de Escazú, cuyo nombre completo es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, del cual Chile es Estado Parte desde septiembre de 2022, incluye una disposición vinculante sobre la protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En ese sentido, Luis Malla sostuvo que uno de los elementos más relevantes del proyecto de ley es que “consagra un marco normativo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales y de la naturaleza, que haga operativo el Acuerdo Escazú en nuestro país”. Además, destacó que “reconoce los derechos fundamentales de los defensores ambientales; establece deberes para el Estado en materia de prevención y protección; e incorpora agravantes penales para quienes cometan actos constitutivos de delitos contra ellos”.
Asimismo, el diputado por el distrito N°1 de la región de Arica y Parinacota (Arica, General Lagos, Putre, Camarones), valoró que el texto incluye definiciones para conceptos como “defensores de derechos humanos en asuntos ambientales” y “agresiones”, entre otros. Además, dijo, “se establecen sanciones concretas para asegurar el cumplimiento de la normativa, se hace responsable penalmente a las personas jurídicas que resulten responsables de las amenazas -si aplica-, se incorpora el ataque contra defensores ambientales como un delito más dentro de la ley de delitos económicos y se agrega un agravante en el código penal para las personas naturales que incurran en esta práctica”.
La diputada Camila Musante Müller (Ind.), quien integra la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara y es patrocinante de este proyecto de ley en esa instancia, señaló que se trata de “un paso fundamental para reconocer y proteger a los que se dedican a defender el medio ambiente”.
“El contenido del proyecto es pertinente al establecer mecanismos de protección y apoyo para los defensores ambientales que se encuentran enfrentando amenazas, intimidación, e incluso violencia. Pero, además, apunta a reforzar una necesidad del Estado, que es la falta de fiscalizadores en esta materia. Los defensores ejercen una labor fiscalizadora y, con el conocimiento que tienen (…) pueden ser un aporte, incluso un ahorro, en términos de recursos del Estado si se les reconoce la calidad y el trabajo que finalmente terminan haciendo, que responde una función pública”, comentó la parlamentaria por el Distrito Nº 14 de la Región Metropolitana (Calera de Tango, Talagante, María Pinto, Curacaví, Alhué, El Monte, San Bernardo, San Pedro, Paine, Padre Hurtado, Buin, Melipilla, Peñaflor, Isla de Maipo).
En tanto, la activista Alejandra Parra, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) e integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Basura Cero Chile, comentó a País Circular que le parece súper importante que exista una ley como la que presentó el diputado Luis Malla. Parra, quien este lunes presentó una querella criminal por amenazas en su contra, vinculadas a su oposición a un proyecto de incineración de basura en la región de La Araucanía, señaló que “la creación de una ley va a entregar un marco mucho más sólido para la protección de las defensoras y defensores ambientales, porque las leyes tienen una jerarquía jurídica superior a un protocolo y pueden permitir el desarrollo de recursos legales más efectivos para la protección de esta actividad, que es muy riesgosa de desarrollar en Latinoamérica”.
El también activista Sebastián Benfeld, quien preside la fundación Escazú Ahora, comentó que desde esa organización “valoramos muy positivamente este proyecto de ley que dicta normas para proteger a las personas defensoras del Medio Ambiente, porque es una iniciativa que apunta justamente a la dirección de implementar el Acuerdo de Escazú”. A su juicio, el texto “reconoce a las personas defensoras del medio ambiente, les atribuye derechos esenciales, que son los mismos que todos tenemos, pero que lamentablemente, por lo expuestos que se encuentran, requieren una reafirmación de derechos como la libertad de expresión, asociación, comunicación, etc”.
Asimismo, Benfeld consideró muy relevante que el proyecto establece “ciertos deberes para el Estado, para que pueda garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores ambientales, en la línea de lo que establece el Acuerdo de Escazú de manera textual. Y lo último, que también para nosotros es un punto no menor, este proyecto de manera inédita incluye sanciones para todas las personas y empresas que están involucradas en casos de amenaza, ataques, hostigamiento contra defensores ambientales”. Esto último, dice, es una innovación sin precedentes y, a su juicio, permite combatir la Y esto es tremendamente importante porque efectivamente permite combatir la impunidad que hoy día existe ante tantos casos de amenaza y agresión que hemos visto en nuestro país, en 2023 y en 2024, de una forma grotesca”.
El activista destaca lo mismo que el diputado Malla, en el sentido de que el texto incluye definiciones, es decir, se explica qué hace que una persona sea una defensora ambiental, se establecen sus derechos, y hay sanciones contra los responsables de atacarlos.
“En el proyecto de ley se establecen sanciones concretas para asegurar el cumplimiento de la normativa, se hace responsable penalmente a las personas jurídicas que resulten responsables de las amenazas -si aplica-, se incorpora el ataque contra defensores ambientales como un delito más dentro de la ley de delitos económicos, y se agrega un agravante en el código penal para las personas naturales que incurran en esta práctica”.
Tramitación
Desde el Gobierno también manifestaron su interés por acelerar la tramitación de esta iniciativa de ley y, en consecuencia, este lunes 3 de marzo le pusieron “urgencia Suma”, es decir, que el proyecto deberá ser despachado por la Sala de la Cámara en un plazo de 15 días.
Consultado por País Circular al respecto, el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, dijo que “como Ejecutivo nos interesa mucho que esta propuesta avance en su tramitación. Por esta razón se le puso suma urgencia, porque estamos convencidos de que las defensoras y los defensores ambientales cumplen un rol clave en la protección de nuestro patrimonio natural y nuestra democracia”.
El diputado Luis Malla dijo que estaba a la espera de este gesto del Gobierno “para que este proyecto esté a la cabeza de la Comisión de Medio Ambiente. Pero también que -una vez que se discuta en la Comisión- esté en los primeros lugares en la tabla de la Sala, para que pueda discutirse pronto”. El parlamentario del Partido Liberal subrayó que la iniciativa “tiene apoyo de la Comisión de Medio Ambiente y especialmente de su presidente”.
La diputada Camila Musante también esperaba esta urgencia por parte del Ejecutivo, porque “es una deuda que existe con la implementación del Acuerdo de Escazú, que ha tenido muy poco avance, lo que finalmente implica que el Gobierno tiene compromisos simbólicos, pero no reales, con las causas que dice defender”. Agregó que, “aunque el proyecto lleva 10 meses en la Comisión de Medio Ambiente, el hecho de que ya se encuentre alineado con los ejes de trabajo de la Comisión es una buena señal y los parlamentarios, tanto como el presidente de la comisión, le han dado el apoyo para legislar en esta materia”.
Sebastián Benfeld, en tanto, comentó que al poner urgencia a esta proyecto, el Gobierno está “remediando su error y su ausencia en este debate (…) Es un tema que no puede seguir esperando; creemos que durante este periodo legislativo debiera ser -al menos- despachado desde la Cámara de Diputados y Diputadas hacia el Senado”.
Situación de vulnerabilidad
El representante de Escazú Ahora pone énfasis en la urgencia de tener herramientas para proteger a las personas defensoras de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales debido a que su situación, subraya, es altamente vulnerable. “Como fundación, en 2023 hicimos el primer estudio sobre la situación de los defensores ambientales en Chile, y ese año documentamos más de 35 casos de vulneraciones contra más de 20 defensores ambientales. Lo que más documentamos en esa ocasión fueron amenazas, del tipo ‘o dejas de hacer actividad ambiental, o vamos a quemar tu casa, te vamos a agredir, vamos a matar a tu mascota, etc’”.
“Eso ya era gravísima, pero lo que estamos viendo que ocurrió en 2024 es que todas esas amenazas se transformaron en ataques concretos contra los y las dirigentes, ataques súper graves. Tenemos un caso emblemático, el de la abogada de temas ambientales y mapuches Orietta Llauca, que durante años recibió amenazas, una muy concreta de incendio en 2023, y en 2024 quemaron su oficina en la ciudad de Llanquihue. Casos como ese tenemos varios en el país y, lamentablemente, no son tan visibles, no se ve tanto en la prensa, pero de que existen, existen, y son cada vez más graves, son más grotescos”.
Respecto a este problema, el diputado Luis Malla consideró que la situación de las y los defensores del medio ambiente, “tanto en Arica y Parinacota (donde se encuentra su Distrito), como en todo Chile, es bastante preocupante, ya que no existe una ley que los proteja en su labor de defender el medioambiente. Hemos visto situaciones como el caso de Julia Chuñil [mujer mapuche, dirigenta indígena y defensora ambiental de Los Ríos, desaparecida en noviembre de 2024] y otros casos más, que dejan en evidencia que el Estado es débil en cuanto a la protección de los derechos humanos de las personas, o en cuanto a la protección de los defensores de la naturaleza y los derechos humanos medioambientales”.
Una opinión semejante tiene a diputada Camila Musante, que ve con preocupación lo que pasa con los defensores, “tanto en nuestro distrito como a nivel nacional. Son ciudadanos que se enfrentan a un entorno de riesgo constante por amenazas, agresiones y, en ocasiones, actos de violencia. Tal es el caso de Julia Chuñil, que evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos. Esto subraya la necesidad de contar con un marco normativo”.
“Exponen su vida, su integridad física, y es imperativo que el Estado pueda garantizar espacios seguros y mecanismos ante los tribunales de justicia para que puedan ser protegidos efectivamente. Al final ellos y ellas muchas veces terminan haciendo el trabajo que le corresponde al Estado y que, por falta de capacidad, no se hace. Me gustaría que esta propuesta de ley salga rápido y que el Gobierno sea coherente con lo que prometió de ser un gobierno ecologista”, concluye la parlamentaria.
