Una de las películas que catapultaron a Mario Moreno, Cantinflas, fue la estrenada en 1940, “Ahí está el detalle”, frase que usó para explicar su razonamiento en el sentido de “que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario” misma que viene al caso al hablar de las medicinas en Guatemala porque resulta que no es ni la oferta ni la demanda lo que fija los precios, sino todo lo contrario; es la corrupción el factor esencial de por qué pagamos tanto los ciudadanos en las farmacias.
Sucede que el principal consumidor de medicinas es el Estado, mediante el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y, como dijo la experta de FUNDESA al hablar del tema, el Ministerio de la Defensa. Desde hace muchos años la compra de medicinas ha sido un gran negocio corrupto y como esas entidades, encabezadas por el IGSS, compran carísimo, los vendedores de medicinas no pueden darlas más baratas en las farmacias para no quedar en evidencia, lo que se traduce en el elevadísimo costo para el ciudadano común y corriente.
Importante señalar que la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, FUNDESA, entidad privada conformada por empresarios, coincide con lo expresado ayer en este editorial, en el sentido de que los precios de los medicamentos se distorsionan por la corrupción. No olvidemos que el sector farmacéutico ha sido pilar de los negocios y que hasta han puesto presidentes, como es el caso de Álvaro Colom y posteriormente del mismo Giammattei, quienes recibieron millones en sus campañas, favor que lógicamente tuvo que ser debidamente retribuido.
En El Salvador existen, según explicaron funcionarios y expertos en ese país, mecanismos para evitar que se cometan abusos con los precios de las medicinas, mientras que aquí hay todo un consorcio en el que es fundamental el acuerdo de todos los proveedores para mantener los precios a la altura que fija la corrupción imperante en entidades como el IGSS y los ministerios de Salud y de la Defensa.
En el tema regulatorio, funciona a la perfección para impedir o castigar a quienes los operadores de más peso quieran bloquear. Especial énfasis en aquella famosa denuncia bajo la teoría que se benefició a un allegado a Miguelito.
Mientras más dinero se embolsa el funcionario, más dinero gana también el operador de medicinas que paga la mordida, pero todo ello repercute en que para justificar lo que paga el Estado, en las farmacias se estrangule al consumidor que requiere de medicinas. Debemos entender claramente cuál es el origen de ese terrible castigo al consumidor y comprender que la corrupción tiene efectos que van más allá de la defraudación y mal uso de los fondos públicos, puesto que de una u otra manera termina afectando el bolsillo y el bienestar de las familias chapinas.
Expuesta la realidad, procede preguntar: ¿Hay chance de salir de ese atolladero? Y si existe esa posibilidad, ¿hay alguien con los atributos para implementar las medidas necesarias?
