Una ola de temor recorre las comunidades del sudeste asiático en Los Ángeles y el condado de Orange. Durante años, muchos inmigrantes camboyanos, laosianos y vietnamitas convivieron con órdenes de deportación en suspenso, mientras cumplían con sus controles rutinarios ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Hoy, esa rutina se transformó en una amenaza concreta: varios de ellos fueron arrestados y deportados, a pesar de haber residido durante décadas en ese país.
Según informó LA Times, las autoridades federales comenzaron a detener a personas del sudeste asiático que, hasta hace poco, vivían bajo una política de control periódico sin riesgo inminente de remoción. La situación afecta particularmente a quienes fueron condenados por algún delito luego de su llegada a EE.UU., lo que los volvió técnicamente deportables, aunque durante años sus países de origen se negaron a recibirlos o simplemente no los reconocieron como ciudadanos.
Desde el Asian Law Caucus, informaron que cerca de 15.100 nacionales de Camboya, Laos y Vietnam se encontraban en esta situación especial hasta 2024, amparados por una práctica de larga data que les permitía quedarse si demostraban buena conducta y se presentaban con regularidad ante ICE. Sin embargo, esa política empezó a revertirse.
Los arrestos y deportaciones se concentraron en Los Ángeles y el condado de Orange, regiones con una fuerte presencia de refugiados y descendientes del sudeste asiático. En Little Saigon viven más de 100 mil vietnamitas estadounidenses, muchos de ellos exiliados. Además, decenas de miles de laosianos y camboyanos se establecieron en áreas como Long Beach y el este angelino.
Para muchas de estas personas, el camino hacia la deportación comenzó en la adolescencia. Laura Urias, directora del programa en el Immigrant Defenders Law Center, explicó que varios llegaron siendo niños y no recibieron la contención adecuada para adaptarse al entorno estadounidense. Algunos terminaron involucrados en pandillas y fueron condenados por delitos, lo cual les dejó un antecedente migratorio negativo.
Urias señaló que, pese a esas historias difíciles, muchas de estas personas cumplieron sus penas, formaron familias y consiguieron empleo estable. Hasta hace poco, la rutina era clara: visitar a ICE una vez al año, presentar pruebas de empleo y seguir con su vida. Hoy, ese ciclo se ha convertido en una ruleta rusa.
Uno de sus casos recientes ilustra la nueva lógica de las autoridades. Un inmigrante camboyano acudió a su control programado y recibió una orden de presentar un pasaje aéreo a Camboya en un plazo de 60 días. Aunque los clientes de Urias aún no fueron expulsados del país norteamericano, reconoció que personas sin abogado ya fueron deportadas.
El Departamento de Seguridad Nacional, al que pertenece ICE, no respondió a las preguntas del LA Times sobre las razones de este cambio de política ni sobre la disposición de los países de origen a aceptar a los deportados. No obstante, Urias sospecha que las presiones diplomáticas y comerciales ejercidas por la administración de Donald Trump influyeron en la repentina cooperación de algunos gobiernos asiáticos.
El abogado Richard Wilner, del estudio Wilner & O’Reilly en Orange, indicó que recibió un número inusual de llamados en las últimas semanas. “En los últimos quince días recibí más consultas que en los últimos quince años, porque la gente está siendo arrestada”, declaró.
El letrado aclaró que su bufete no representa a personas con condenas por delitos graves como homicidio o abuso sexual. Sin embargo, notó algo inquietante: no hay un patrón claro para determinar quién es detenido y quién no.
“Todos tienen órdenes de deportación pendientes, pero algunos han formado familias, abierto negocios, son buena gente. Otros han reincidido. No logro identificar cuál es el criterio, porque no todos están siendo arrestados en los controles”, explicó.
