El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) implementa diferentes tácticas para realizar arrestos en comunidades migrantes. Según el Immigrant Defense Project (IDP), estas estrategias incluso llegan a contener manipulaciones que les permiten acceder a hogares y comunidades sin órdenes judiciales.
Según la organización citada, estos agentes suelen presentarse como detectives o fiscales y, bajo pretextos, solicitan información o acceso a las viviendas. En algunos casos, afirman estar investigando un crimen relacionado con la persona o aseguran que un familiar ha sido víctima de robo de identidad, lo que genera preocupación y lleva a los residentes a colaborar. Este tipo de engaño explota la confianza en las autoridades locales y puede hacer que las personas compartan datos personales o permitan el ingreso de los agentes a sus hogares.
El IDP también advierte que estas tácticas no se limitan a encuentros en persona. Las llamadas telefónicas falsas son otra herramienta utilizada por el ICE para obtener información o ubicar a sus objetivos. En estas llamadas, los agentes pueden hacerse pasar por empleados de la fiscalía, representantes judiciales o incluso por oficiales encargados de devolver identificaciones extraviadas. Estas estrategias telefónicas buscan convencer a las personas de que proporcionen direcciones, nombres o datos sensibles, lo que facilita los arrestos posteriores.
La combinación de estas tácticas, tanto presenciales como telefónicas, permite al ICE actuar de manera efectiva sin necesidad de órdenes judiciales. Este tipo de prácticas han sido denunciadas por organizaciones como el IDP, que destacan la importancia de que las comunidades migrantes conozcan sus derechos para evitar ser víctimas de estos engaños.
El Immigrant Defense Project es una organización que, desde hace más de 20 años, combate la criminalización masiva y deportación de migrantes en Estados Unidos. Su labor incluye brindar asesoría legal, capacitar comunidades y liderar campañas de comunicación. Una de sus iniciativas principales es ICEWatch, un mapa interactivo que documenta más de 1400 redadas y expone las tácticas utilizadas por el ICE.
El ICE identifica a sus objetivos con anticipación y los busca en sus hogares, lugares de trabajo, refugios o cortes. Las prioridades de arresto incluyen a personas consideradas una amenaza para la “seguridad nacional” o la “seguridad pública”, así como a aquellas que ingresaron al país sin autorización después del 1° de noviembre de 2020. Sin embargo, el IDP advierte que, aunque alguien no caiga en estas categorías, sigue siendo vulnerable al arresto y la deportación.
El IDP subraya la importancia de conocer los derechos frente al ICE. Si los agentes llegan a un domicilio, es esencial mantener la calma, no abrir la puerta sin una orden judicial firmada por un juez y no proporcionar información personal, como el lugar de nacimiento o el estatus migratorio. En espacios públicos o en cortes, es fundamental ejercer el derecho a permanecer en silencio, no responder preguntas sin la presencia de un abogado y evitar entregar documentos extranjeros.
En caso de un arresto, es crucial no firmar documentos sin la revisión de un abogado, ya que podrían ser utilizados en contra del caso migratorio. Mentir o resistirse físicamente al arresto también puede agravar la situación.
Para quienes están en riesgo de deportación, el IDP subraya la importancia de estar preparados ante posibles intervenciones del ICE. Una de sus principales recomendaciones es elaborar un plan de emergencia familiar que contemple aspectos como quién cuidará de los menores en caso de arresto, cómo acceder a documentos importantes y cómo comunicarse con un abogado de confianza. Este tipo de planificación ayuda a reducir el impacto de las redadas y protege los derechos de las personas involucradas.
Además, el IDP enfatiza la necesidad de evitar cualquier interacción con el sistema penal, ya que las huellas dactilares y otros datos compartidos por las fuerzas policiales pueden ser utilizados por las agencias de inmigración. También recomienda consultar con un abogado especializado antes de iniciar trámites migratorios, como la renovación de la tarjeta de residencia, ajustes de estatus o solicitudes de ciudadanía, para evaluar posibles riesgos y evitar complicaciones legales.
Los que necesiten denunciar redadas, obtener información sobre derechos o buscar apoyo legal, pueden acceder a la línea de ayuda (212-725-6422), así como recursos detallados en su sitio web (immdefense.org).
