Los refugios y organizaciones que brindan atención a los migrantes sin papeles que llegan a Estados Unidos a través de la frontera sur con México se preparan para la intensificación del escrutinio de los republicanos con llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Estas organizaciones, que dependen en buena parte de fondos federales para seguir funcionando, podrían enfrentar grandes recortes de presupuesto y demandas legales, como las ya iniciadas por la Administración del gobernador Greg Abbott en el Estado de Texas contra oenegés que proveen albergue, comida y consejo de viaje a migrantes.
“Se están sentando las bases aquí en Texas para un ataque más amplio contra las organizaciones sin fines de lucro que solo intentan proteger los derechos civiles de las personas”, ha dicho a AP la presidenta del Texas Civil Rights Project, Rochelle Garza, que representa a dos de las organizaciones investigadas por la fiscalía de Texas. Tanto el Gobierno de Texas como el presidente electo Donald Trump, que toma posesión de este 20 de enero, han dicho sin mostrar evidencia que estas oenegés y sus albergues atraen y facilitan la inmigración ilegal a Estados Unidos.
Bajo ese argumento, el fiscal texano Ken Paxton ha entablado demandas contra seis de estas organizaciones y hasta ahora los tribunales no le han dado la razón. Sin embargo, se prevé que la campaña legal continúe. En preparación para ello y desde la reelección de Trump, Texas Civil Rights Project ha capacitado a más de 100 organizaciones de ayuda a migrantes sobre cómo responder a las amenazas de las autoridades del Estado, según el informe de AP publicado este 5 de enero. Otras oenegés que operan en la zona fronteriza, como Las Americas Immigrant Advocacy Center, han declinado comentar sobre el tema al ser contactadas por EL PAÍS.
La agenda de inmigración que Donald Trump prometió durante su campaña incluye deportaciones masivas de migrantes y otras políticas que ya el gobernador Abbott ha ensayado en Texas, como el uso Guardia Nacional para arrestar migrantes o la instalación de barreras a lo largo del río Grande, que separa a Estados Unidos y México.
Tom Homan, designado por Trump como nuevo “zar de la frontera”, ha adelantado que el nuevo Gobierno federal revisará el papel que cumplen las organizaciones sin fines de lucro en la atención de migrantes en la frontera, mientras que el nuevo codirector del departamento de eficiencia gubernamental de la Casa Blanca, Vivek Ramaswamy, también ha recomendado reconsiderar los fondos que Washington les destina. “Necesitamos examinar minuciosamente el financiamiento del Gobierno de Estados Unidos a las ‘organizaciones no gubernamentales’. Es un oxímoron que representa un desperdicio del dinero de los contribuyentes, pero el problema real es más profundo: los estadounidenses merecen transparencia sobre la ayuda exterior opaca y los grupos sin fines de lucro que favorecen nuestra propia crisis fronteriza”, escribió Ramaswamy el 2 de diciembre a través de la red social X.
El funcionamiento de docenas de organizaciones que dan ayuda humanitaria a los migrantes, tanto en la frontera de Estados Unidos con México como en el interior del país, depende en gran medida del financiamiento que otorga el Gobierno federal mediante iniciativas como el Programa de Refugio y Servicios (SSP, por sus siglas en inglés), administrado por la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). Este programa fue aprobado por el Congreso en 2019, con el apoyo de republicanos y demócratas, con el fin de otorgar reembolsos a las comunidades locales que brindan ayuda de emergencia a los migrantes recién liberados por la Patrulla Fronteriza y a los que aguardan por audiencias en cortes de migración.
El SSP cubre costos de comida, camas, transporte a aeropuertos u hospitales y artículos de higiene. Solo el año pasado, el SSP distribuyó más de 650 millones de dólares en reembolsos entre gobiernos estatales y locales y organizaciones sin fines de lucro en 35 comunidades de todo el país, incluyendo los Estados fronterizos de Arizona, California, Nuevo México y Texas. En esos, las diócesis y caridades católicas que operan refugios se cuentan entre las organizaciones que dependen de estas subvenciones.
El número de migrantes en albergues cayó en 60% desde julio de 2024, cuando el presidente Joe Biden lanzó una acción ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo y el Gobierno de México redobló sus esfuerzos para frenar el flujo de personas sin visa en ruta hacia Estados Unidos. Sin embargo, se teme que un recorte en los fondos para sostener los refugios provoque el colapso de las comunidades que aún necesitan de esta ayuda humanitaria.
