Con la nominación de la gobernadora Kristi Noem para la Secretaría de Seguridad Nacional, el presidente electo Donald Trump completó una primera etapa de nombramientos que tendrán relación directa con la política migratoria de EEUU, en medio de una fuerte expectativa sobre la capacidad que tendrá el nuevo Gobierno de poner en marcha una deportación masiva.
Este lunes, Trump adelantó lo que serán algunas de sus decisiones. Apenas asuma la Presidencia, prevé declarar emergencia nacional y movilizar tropas para llevar adelante las deportaciones masivas. Según el mandatario, con esta movilización que involucraría específicamente a la Guardia Nacional, espera poner en marcha las medidas en consonancia con su promesa de campaña de llevar adelante “la mayor operación de deportación” en la historia de EEUU.
Entretanto, diversos medios de prensa hispanos dentro de Estados Unidos presentan a Noem, actual gobernadora de Dakota del Sur, como “una seguidora de la línea dura de Trump en materia migratoria“. Dada la jerarquía ministerial de su cargo, el Senado —controlado por el Partido Republicano— deberá confirmarla y, como es previsible que esto ocurra, ella tendrá bajo su mando cruciales agencias (dentro de la Secretaría de Seguridad Nacional) que manejan temas migratorios.
Antes de nominar a Noem, el presidente electo ya había efectuado varios nombramientos que no requieren aprobación del Senado, como fue el caso del llamado “Zar de la Frontera”, Tom Homan, o el subdirector de Política de la Casa Blanca, Stephen Miller.
La inclusión muy rápida de la agenda migratoria en tales designaciones y el hecho de que sean personas de su círculo de confianza, junto al mensaje de este lunes, ratifican la tesis de que efectivamente habrá medidas de envergadura en relación con la presencia de migrantes sin documentación dentro de EEUU y con evitar el ingreso de nuevos migrantes a territorio estadounidense.
En su campaña electoral, Donald Trump agitó repetidamente el tema migratorio. Haciendo frente a un Partido Demócrata usualmente percibido como débil ante la migración por vías irregulares, algunos observadores políticos pensaron en que podría tratarse solamente de mensajes en el marco de una campaña presidencial.
Antes de las votaciones del 5 de noviembre, Trump puso en agenda de forma repetida el tema migratorio para atacar la política seguida por la Administración Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, quien salió derrotada en las urnas.
Karoline Leavitt, designada como portavoz de la Casa Blanca cuando Trump asuma la Presidencia, explicó que se “reuniría todo el poder federal y estatal necesario para instituir la mayor operación de deportación de criminales, traficantes de drogas y traficantes de personas ilegales”.
La American Immigration Coalition sostiene que más de 11 millones de personas de otras nacionalidades residen dentro de EEUU sin tener un estatus legal, bien sea porque entraron de manera irregular o bien porque, teniendo visa, esta expiró.
Un estudio de esta coalición civil estima que una implementación masiva de deportaciones podría provocar una caída del Producto Interno Bruto entre el 4,2 % y el 6,8 %, lo que equivale a pérdidas de entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales.
El impacto negativo sería especialmente severo en California, Texas y Florida, estados que albergan casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país y donde uno de cada 20 residentes podría ser deportado si Trump cumple a cabalidad con su promesa de campaña.
“En este nuevo panorama, es vital que empleadores como nosotros interactúen y eduquen a esta nueva Administración y al Congreso sobre la urgencia de adoptar políticas que estabilicen la fuerza laboral”, dice Bob Worsley, quien fue senador por el Partido Republicano y actualmente copreside la American Business Immigration Coalition (ABIC), que reúne a más de 1.400 líderes empresariales de 17 estados.
Aunque Trump ha evitado dar una cifra aproximada de cuántas personas podrían salir del país a partir del 20 de enero de 2025, su compañero de fórmula presidencial aseguró que sería un millón de personas las que podrían ser expulsadas.
Hace varias semanas, en una entrevista televisiva con el canal nacional ABC, el hoy vicepresidente electo JD Vance dio esta cifra específica: “Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”.
Un dato muy relevante en este debate lo aporta la académica Kathleen Bush-Josep, al ser consultada por DIARIO DE CUBA. Abogada en el estadounidense Instituto de Política Migratoria, la experta recuerda que se encuentran presentados 1.478.623 casos de asilo en las cortes de inmigración, en el sistema de justicia de EEUU. “Es la mayor cantidad jamás vista”, puntualiza Bush-Joseph.
Para el último año fiscal estadounidense, que concluyó el 30 de septiembre, se recibieron 850.720 peticiones de asilo, lo cual estableció un récord para un periodo anual. No pocos expertos se preguntan si el Gobierno de Trump tomará medidas drásticas en relación con las Cortes de Migración.
De acuerdo con observadores en Washington, como en otros temas candentes que le tocará enfrentar en su presidencia, Trump se ha rodeado en materia migratoria de personas de su círculo de confianza. La gobernadora de Dakota del Sur, incluso, sonó como fórmula presidencial de Trump.
Asimismo, Trump anunció la designación de Tom Homan en la dirección del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE).
A diferencia del primer Gobierno de Trump (2017-2021), que hizo frente a diversas trabas y contención en el Congreso, en esta oportunidad el mandatario contará con mayoría en el Senado y también en la Cámara de Representantes, y asimismo una mayoría de jueces de la Corte Suprema se identifican con las posiciones conservadoras del mandatario electo en materia migratoria.
La nominación de Noem, precedida de la rápida designación de Homan, y una proporción de republicanos más favorable en ambas cámaras del Legislativo, puede abrir el camino a una serie de medidas previas a la toma de posesión que vayan preparando el escenario para las políticas en materia migratoria que, según Trump, comenzarían a implementarse desde el primer día de su gobierno.
Junto al “Zar de la Frontera”, Trump hizo otro nombramiento estratégico. Se trata de una figura de su entorno, a quien CNN ha bautizado como “el arquitecto de la deportación”. Es Stephen Miller, el ideólogo de la estrategia migratoria de Trump, quien fue nombrado como subdirector de Política de la Casa Blanca, otro cargo cercano al mandatario que no necesita de ratificación en el Senado.
Miller ejerció como asesor de Trump durante su primer mandato, delineando las bases de la política fronteriza que incluyó la construcción inconclusa de un muro en la frontera con México. Ahora Miller estará inserto más directamente en la toma de decisiones en la Casa Blanca en este segundo periodo de Trump.
“Me complace anunciar que el exdirector de ICE e incondicional en el control fronterizo, Tom Homan, se unirá a la Administración Trump a cargo de las fronteras de nuestra nación (‘El Zar de la Frontera’)”, escribió Trump en redes sociales.
El presidente electo se refirió a Homan como el candidato idóneo para encargarse de “todas las deportaciones de extranjeros ilegales”, e insistió en su discurso de campaña al asegurar que los migrantes en situación irregular dentro de EEUU “envenenan la sangre del país”.
“Kristi (Noem) ha sido muy firme en materia de seguridad fronteriza”, dijo Trump por su parte al anunciar la nominación de la gobernadora. “Trabajará en estrecha colaboración con el ‘Zar de la Frontera’ Tom Homan para asegurar la frontera (con México) y garantizará que nuestra patria estadounidense esté a salvo de nuestros adversarios”, agregó.
Si es confirmada por el Senado, la republicana de 52 años, además de otras funciones ligadas a la seguridad de EEUU, tendrá bajo su mando tanto al ICE como a las agencias y servicios encargados de la protección y seguridad en el terreno de las fronteras con México y Canadá.
