Echar raíces, hacerse muy firme, establecerse de manera permanente en un lugar, vinculándose a personas y cosas. Así define la RAE la palabra arraigo, el arraigarse, y los extranjeros que han conseguido la residencia en Córdoba por la figura legal denominada arraigo han aumentado de manera muy llamativa en los últimos años. De 146 personas que lograron regularizar su situación a través de esta fórmula en 2013, han pasado a ser 1.497 en 2023, diez veces más.
Los datos demuestran que son cada vez más los migrantes que, por trabajo, estudios, familia o simplemente por pertenecer desde hace años a la sociedad cordobesa y estar plenamente integrados, consiguen legalizar su situación migratoria. La mayoría de los que obtiene este beneficio en Córdoba son jóvenes, en edad productiva, de entre 25 y 34 años, y predominan las mujeres, casi el 61% del total.
De los 1.497 que obtuvieron residencia por arraigo, además, más de la mitad están afiliados a la Seguridad Social, la mayoría dentro del régimen general y como trabajadores indefinidos y a tiempo completo. La mayoría (256) se dedica a actividades de los hogares como empleadores o productores, hostelería (133), agricultura (119) o actividades sanitarias (58). Algunos se dedican también a actividades artísticas, la educación o el transporte. Estos son los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, referentes al año 2023.
Ese aumento en Córdoba, que destaca junto a Ciudad Real en el cómputo global entre 2022 y 2023 con un aumento del 180%, puede tener varias razones. Según explica a El Día el consultor en materia de Extranjería Manuel Román, se resume en tres motivos: los cambios en la legislación, con reducciones en los requisitos de tiempo de residencia o en las condiciones laborales; un incremento general en el número de inmigrantes en España, expulsados de sus países de origen por motivos económicos, políticos o sociales, y mejor acceso a la información sobre los derechos y procedimientos de inmigración, que pueden hacer que más personas sean elegibles para uno de estos tipos de arraigo.
De los datos cordobeses, 293 beneficiarios son de Colombia, 191 de Honduras, 183 de Marruecos, 143 de Nicaragua, 103 de Paraguay, 65 de Venezuela, 53 de Cuba, 45 de Perú, 40 de El Salvador, 39 de Georgia y 30 de Argentina. De las nacionalidades menos comunes figuran dos personas de Palestina y una de Siria, tres de Armenia, o uno de Australia, Nueva Zelanda o Albania.
La mayoría de los extranjeros que obtienen este beneficio en Córdoba lo han hecho por ser familiares de ciudadanos españoles o comunitarios, 790 en 2023, seguido por el arraigo social, con 493 personas, y el laboral, con 114. El arraigo por formación, el último en incorporarse a la lista de posibilidades, suma ya a 100 beneficiarios, todos el año pasado. El social es el que se tarda más en resolver, una media de 6,8 años.
¿Qué es la residencia por arraigo y cómo se obtiene?
El arraigo no se implementó en la práctica administrativa hasta el año 2005 y la última reforma en la normativa se hizo en 2022. Desde esta reforma, junto a las tres figuras tradicionales de arraigo (social, familiar y laboral), se creó un nuevo tipo, el arraigo para la formación, y los requisitos y supuestos de los tres tipos existentes se modificaron de forma sustantiva en algunos casos.
Cada tipo de arraigo tiene sus propios requisitos y documentación específica, pero todos están diseñados para ofrecer una vía legal de regularización a los extranjeros que se encuentran en España, explica Román. El arraigo familiar se concede a extranjeros que se encuentren en territorio y tengan algún vínculo familiar con ciudadanos españoles o comunitarios. Puede tardar, según la comunidad autónoma, entre seis y siete meses en resolver dado el volumen de solicitudes. “Desafortunadamente, las oficinas de Extranjería no tienen el mismo criterio” entre las comunidades autónomas, lamenta, por lo que los tiempos y ciertos requisitos varían.
El arraigo laboral se concede a ciudadanos que residen por al menos dos años en el país y han trabajado por cuenta ajena o propia por más de seis meses, siendo válido cualquier tipo de trabajo y no solo de alta cualificación. Solo se puede pedir cuando el extranjero se encuentre en situación irregular. Los solicitantes de protección internacional, por ejemplo, no pueden solicitarlo porque el asilo “se considera como una mera tolerancia de permanecer en España, sin considerarse como una estancia ni una residencia legal”, agrega el experto, que critica que esta medida afecta a gran cantidad de personas.
El gobierno español le da el arraigo social a aquellas personas que vivan durante tres años en el país, tengan familiares españoles o estén plenamente integrados en la sociedad. Para demostrarlos, las comunidades autónomas o los ayuntamientos deben emitir un informe y, en algunas de ellas, las personas cursan una formación en leyes, por ejemplo. También deben estar trabajando y ganar por lo menos el Salario Mínimo Interprofesional.
Al menos tres años en situación irregular
La estadística también permite observar los años en irregularidad que han vivido los migrantes hasta conseguir su residencia. La situación de irregularidad en España puede ocurrir de forma original, cuando ingresan al territorio español sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa de Extranjería; de forma posterior, cuando exceden el período de 90 días autorizado para turistas, o de forma sobrevenida, cuando no cumplen los requisitos para renovar una autorización de residencia que ya tenían y expiró, o cuando se les niega una solicitud de asilo.
La media de esos años también ha variado. Hace diez ejercicios, en 2013, los migrantes podían pasar hasta cinco años en situación irregular, esperando una respuesta, mientras que ahora la media en Córdoba es de 3,2 años. Esa cantidad de tiempo es mucho menor cuando son niños menores de 15 años, cuyos padres consiguen regularizarlos, de media, en unos cuatro meses.
En Córdoba, 1.388 personas accedieron al arraigo sin haber tenido antes ningún tipo de residencia, lo que se conoce, según explica el Ministerio de Inclusión, como irregularidad profunda, mientras solo 109 estaban en situación de irregularidad sobrevenida (que perdieron su estatus legal).
La irregularidad sobrevenida, alerta Manuel Román, “es una preocupación importante porque las personas afectadas pueden perder acceso a servicios sociales, derechos laborales y otras protecciones legales, y pueden enfrentarse a la deportación”. En algunos casos, existen vías legales para regularizar su situación, como la solicitud de residencia por arraigo, precisamente, o la aplicación de medidas especiales de regularización.
Así, la mayor parte de los que tenían residencia y la perdieron, un total de 109 personas en 2023, la habían obtenido por estudios (40) y por ser familiar de un ciudadano de la Unión Europea (37) y aquí entran divorcios o separaciones de parejas de hecho, que hacen que se pierde el estatus legal.
