El ataque ha llegado por dos flancos. Si el 21 de marzo el Gobierno de Trump retiraba la representación legal a los menores que llegan solos a la frontera (que tendrán que defenderse sin abogados en los tribunales de inmigración), la semana pasada se eliminó la protección de los familiares que los reciben, anticipando que mucho perderán la oportunidad de ser acogidos. Ahora los patrocinadores tienen que aportar su estatus migratorio, que será compartido con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Teniendo en cuenta que muchos de ellos son indocumentados y corren el riesgo de ser deportados, se prevé que la medida, que se anticipó en febrero, desaliente a los solicitantes, privando a los niños de un hogar.
“Es otra idea más contra los niños, lo que vamos a ver es un efecto disuasorio en quienes desean o pueden patrocinar a sus familiares. Una persona sin estatus migratorio puede ser patrocinador, pero si empiezan a exigir identificación, no van a querer serlo y los niños van a acabar en refugios o bajo custodia. Deberíamos intentar que estos niños tengan hogares seguros y estables, no dificultarles la tarea”, afirma Michael Lukens, director ejecutivo de Amica.
La norma, publicada en el Registro Federal el martes, elimina una disposición aprobada por el Gobierno de Joe Biden que estipulaba que “la ORR (la Oficina de Reasentamiento de Refugiados) no descalificará a posibles patrocinadores basándose únicamente en su estatus migratorio ni recopilará información sobre su estatus migratorio para fines policiales o de control migratorio. La ORR no compartirá información sobre el estatus migratorio de los posibles patrocinadores con ninguna entidad policial o de control migratorio en ningún momento”.
La idea era fomentar la acogida de los menores en hogares de familiares para que no se quedaran en los refugios, donde las condiciones son bastante peores. Cuando los menores son localizados por la Patrulla Fronteriza y se identifican como no acompañados, empieza su proceso de deportación y son entregados a la ORR, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés). La ORR entra en contacto con los patrocinadores, que suelen ser familiares, a quienes los menores son transferidos después de garantizar que el hogar que los recibe es seguro. Si los niños no tienen quien les reciba, quedan bajo la custodia de la ORR y, al cumplir los 18 años, ICE se hace cargo, lo que aumenta las posibilidades de que sean deportados.
En el año fiscal 2024 se entregaron 99.419 niños a patrocinadores, menos de los 113.602 de 2023 y 128.106 de 2022. El 32% de los menores no acompañados llegados en 2024 procedía de Guatemala; un 20%, de México; otro 20%, de Honduras, y un 8%, de El Salvador. La ORR tenía hasta el 7 de marzo 2.218 niños repartidos en 240 centros.
El Gobierno de Trump ha argumentado que la protección de los patrocinadores entra en conflicto con una ley federal que impide que se prohíba el traspaso de información sobre el estatus migratorio al Servicio de Inmigración y Naturalización.
“Esta medida es como: ’¿Este es tu familiar y estás dispuesto a recibir a este niño que vino solo a este país y ahora está en proceso de deportación? Disculpa, si no nos entregas tus documentos, no lo liberaremos.’ Lo único que vamos a lograr es que haya más niños en estas instalaciones que sabemos que son perjudiciales para el desarrollo infantil”, vaticina Karen Tumlin, directora de Justice Action Center (JAC).
Su organización, junto con Amica y otros grupos de defensa de los migrantes, ha presentado esta semana una demanda contra el HHS por eliminar los fondos que financiaban la representación legal de los menores, que ahora quedan desamparados en los tribunales que juzgan sus casos.
En una escueta carta anunciaron que cortaban el grifo, pero no dieron explicaciones al respecto. Desde las organizaciones denuncian que la retirada de los fondos es inaudita, ya que el programa para los menores siempre se había defendido desde ambos lados del espectro político.
“Este programa siempre ha estado protegido. Siempre ha sido bipartidista. La idea de retirar fondos a un programa que protege a los niños nunca se había planteado, porque proteger a los niños es una marca de nuestra humanidad”, sostiene Lukens.
Los niños que llegan solos han pasado en su mayoría situaciones traumáticas, han sido víctimas de abusos físicos y psicológicos y huyen de situaciones de extrema violencia. Generalmente, llegan sin hablar el inglés y no entienden nuevas reglas a las que tienen que someterse, mucho menos los derechos que pueden defender ante un juez. Los hay incluso que aún no han aprendido a hablar.
Jennie Giambastiani, jubilada, ha visto a miles de niños en su carrera como jueza de inmigración en Chicago. “¿Cómo podría cumplir con mi deber si me presentan a bebés solos? Cuando hay abogados especializados los procedimientos son más eficientes. Manejamos muchos casos, por lo que eficiencia es importante. Incluso los agentes de ICE, que hacen de fiscales, querían que hubiera abogados porque movía las audiencias y se llegaba a conclusiones más rápido”, explicaba esta semana en una conferencia por zoom.
De vuelta a la familia que la vendió
Tener o no un abogado es determinante para evitar la deportación. Mickey Donovan-Kaloust ha defendido a muchos niños como directora de servicios legales de Inmigrants Defender Law Center y pone el ejemplo de una niña que fue vendida como esclava sexual por su familia. “Después de meses de conversaciones pudo compartir su historia y consiguió la protección para víctimas de tráfico humano y que no la deportaran. Sin representación no habría tenido ninguna oportunidad, la habrían devuelto a la misma familia que abusó de ella y que traficó. En lugar de eso, se ha graduado y se prepara para ir a la universidad”, cuenta.
Peor suerte ha tenido un niño de quinto grado que, aunque cumple las condiciones para quedarse en Estados Unidos, va a ser deportado porque ningún abogado lo representó, relata Donovan-Kaloust.
La ayuda que ofrecen las organizaciones no se limita a la sala de los juzgados. Tener un traductor o alguien que se preocupe por las necesidades básicas del niño acaba siendo una parte importante de su labor.
¿De qué pandilla eres?
Gerson Navidad lo sabe bien porque llegó al país solo con 16 años, asustado, huyendo de la amenaza de muerte por parte de una pandilla de El Salvador. El recibimiento en la frontera no fue precisamente acogedor. “La primera pregunta que me hicieron al entrar a Estados Unidos no fue: ‘¿Cómo estás?, ¿Por qué estás aquí?‘. Lo primero fue: ‘¿A qué pandilla perteneces?‘. Después, me esposaron. Estaba aterrorizado. Sentí que me criminalizaban, aunque solo era un niño”, explicó en una videoconferencia organizada por la organización de defensa de los menores Acacia. “No fue hasta que conocí a un abogado que pude compartir esta parte de mi historia. De no haber sido por ellos, habría tenido que navegar por un complejo sistema de inmigración sin orientación” y posiblemente ser deportado. Navidad trabaja ahora en la defensa de los menores que llegaron como él en Immigrant Defenders, en San Diego.
Con la terminación del programa lo único que se les permite a las organizaciones que los defienden es dar información básica sobre sus derechos, pero muchos niños no saben ni leer ni escribir. El martes próximo será la audiencia ante un juez de distrito en San Francisco.
“Solicitamos una acción inmediata. Ya se han emitido avisos de despido de personal experimentado. Es muy difícil representar a un niño pequeño en un tribunal de inmigración que ha sufrido un trauma y no tiene tutor legal. Se trata de personal experimentado que, tras ser despedido, es muy difícil reemplazar. Por lo tanto, el daño es inmediato. El Congreso ha asignado fondos año tras año porque cree que ningún niño debería estar solo en un tribunal de inmigración, y eso es lo que argumentaremos ante el tribunal”, anticipa Tumlin.
EL PAÍS no ha recibido respuesta del HHS para comentar las nuevas reglas sobre los menores migrantes.
