Ciudades lideradas por demócratas, como Chicago, Nueva York o Boston, recibieron en los últimos dos años una afluencia masiva de migrantes en medio de un aumento de los cruces fronterizos que en muchos casos generó una crisis y colapsó el sistema. Aunque la oleada de cruces se atenuó, el problema en las ciudades no desaparece y ahora se preparan para enfrentar las nuevas políticas migratorias que prometió Donald Trump en campaña.
Una de las razones de que la crisis migratoria se haya trasladado a estas ciudades fue la iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, de llevar a los inmigrantes que entraron por la frontera sur en autobús a las puertas de los estados azules, obligando a los líderes demócratas locales a responder ante ella. Abbott argumentó en su momento que lo hacía para evitar que su estado enfrentara la carga de la política de “fronteras abiertas” que era defendida en otras partes del país.
Después de dos años de anunciada la medida, fueron más de 100.000 migrantes enviados por Abbott a Nueva York, Chicago, Denver, Filadelfia, Los Ángeles y Washington D.C. En medio de la crisis, los líderes demócratas incluso apuntaron públicamente contra el presidente Joe Biden por no hacer lo suficiente para frenar la inmigración.
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La situación al momento se encuentra mejor controlada en varias de las ciudades, debido a las medidas tomadas por los gobiernos para encontrar alojamientos alternativos para miles de inmigrantes y la fuerte caída del número de personas que atraviesan la frontera.
Ahora, mientras la nueva administración promete “la deportación masiva más grande de la historia”, las ciudades demócratas siguen lidiando con cómo alojar a los solicitantes de asilo, y al mismo tiempo se preguntan cómo enfrentar las políticas federales de deportación.
El desafío de las ciudades demócratas
El nuevo “zar de las fronteras”, Tom Homan, ya reveló detalles de cómo el nuevo gobierno planea implementar el plan de deportaciones y en una de sus últimas apariciones en Chicago arremetió contra los líderes locales por no querer cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “Chicago está en problemas porque su alcalde -Brandon Johnson- apesta y su gobernador -JB Pritzker- apesta”, dijo Homan.
“Vamos a empezar aquí mismo, en Chicago, Illinois. Si el alcalde de Chicago no quiere ayudar, puede hacerse a un lado Pero si nos lo impide -si alberga u oculta a sabiendas a un extranjero ilegal- lo voy a procesar”, aseguró.
“Lo que estamos tratando de averiguar es cuánto de esto será fanfarronería, y cuánto de esto será real”, dijo el representante demócrata de Chicago, Jesús “Chuy” García, a Politico.
Chicago cerró recientemente una zona de arribo donde los recién llegados recibían orientación sobre refugios, alimentos y asistencia jurídica, al tiempo que fusionaba los refugios para inmigrantes y personas sin hogar en un nuevo sistema que parecía sobrepasado.
En respuesta a las políticas de Trump, el alcalde Johnson dijo que la fuerza policial de la ciudad tiene suficiente trabajo que hacer sin ayudar en la detención de inmigrantes condenados por delitos graves. “No vamos a doblegarnos o acobardarnos ante la amenaza”, dijo Johnson a los periodistas después de las elecciones. “Vamos a levantarnos y unirnos en torno a nuestros valores compartidos, y (los residentes) tienen mi garantía de que voy a proteger a las familias de esta ciudad”.
La situación es parecida en las diferentes ciudades y, a la espera a las nuevas políticas federales, algunos estados están limitando las opciones de alojamiento para los solicitantes de asilo y desfinanciando iniciativas para resguardar a los migrantes. De todas formas, los líderes de las ciudades insisten en que no ayudarán a ningún plan de deportación masiva después del día de la investidura.
En Nueva York el alcalde demócrata Eric Adams gastó más de 5.000 millones de dólares en gastos de alojamiento para los más de 200.000 migrantes que fueron enviados allí desde 2022. The New York Times informó que Manuel Castro, comisionado de asuntos migratorios de Nueva York, se ha comprometido a no seguir “las instrucciones del gobierno federal en casos de deportaciones masivas”.
Sin embargo, Adams anunció planes para cerrar un refugio que puede albergar hasta 2.000 personas en un antiguo aeródromo de Brooklyn, que es una de las 25 instalaciones que la ciudad ha cerrado o está en proceso de cerrar.
Asimismo, en Massachusetts, los costes del programa de refugios de emergencia del estado fueron ligeramente inferiores a los casi 1.000 millones de dólares previstos por las autoridades, aunque significó el doble de lo que el estado presupuesta históricamente para un sistema todavía desbordado.
Además, la gobernadora, Maura Healey, anunció a finales del mes pasado nuevas restricciones en el sistema de refugios de emergencia, endureciendo los criterios de elegibilidad para las familias que buscan refugio temporal y anunciando planes para presionar a la Legislatura para que apruebe un nuevo límite de seis meses para las estancias.
Estos ajustes empezaron el año pasado, cuando Healey limitó por primera vez el sistema estatal de refugios de emergencia a 7.500 familias. Desde entonces, su administración ha restringido gradualmente los servicios para contrarrestar el aumento de los costes. Durante el verano, prohibió a las familias dormir en el suelo en el aeropuerto Logan de Boston y envió agentes a la frontera sur para disuadir a los recién llegados al país de que trataran de convertir Massachusetts en su hogar.
