China 2023
Se siguió utilizando la seguridad nacional como pretexto para impedir el ejercicio de derechos, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión. Se censuraron estrictamente los debates sobre numerosos temas, tanto dentro como fuera de Internet. Se detuvo de manera arbitraria y se juzgó sin las debidas garantías a defensores y defensoras de los derechos humanos, entre otras personas. La situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang) siguió siendo grave, y no se rindieron cuentas por violaciones graves de derechos humanos cometidas contra la población uigur y kazaja y contra otras minorías predominantemente musulmanas de la región. Expertos y expertas de la ONU expresaron de nuevo preocupación por la contribución de las políticas y los programas del gobierno a la destrucción de lenguas y culturas de grupos étnicos, como el tibetano. Se sometió a hostigamiento, intimidación, detención arbitraria y juicios injustos a activistas de los derechos de las mujeres. En Hong Kong se redujo cada vez más el espacio de la sociedad civil, al mantener las autoridades amplias prohibiciones sobre las protestas pacíficas y encarcelar por cargos relacionados con la seguridad nacional a activistas en favor de la democracia, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas. Las autoridades también intentaron detener a activistas de la oposición que habían huido al extranjero. En varios casos históricos, los tribunales de Hong Kong fallaron a favor de los derechos de personas LGBTI.
Información general
China sufrió una grave crisis económica y el desempleo juvenil afectó al 21,3% de la población de entre 16 y 24 años, una cifra récord. También las huelgas alcanzaron la cifra más alta de los últimos años, debido a los cierres de fábricas y los recortes salariares, que desencadenaron protestas entre los trabajadores y las trabajadoras.
La repentina desaparición de la vida pública del ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, y del ministro de Defensa Nacional, Li Shangfu, así como la repentina muerte del ex primer ministro, Li Keqiang, demostraron la persistente falta de transparencia del Partido Comunista Chino y del gobierno.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las autoridades chinas siguieron restringiendo gravemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, aplicando la legislación de forma abusiva, a menudo con el pretexto de preservar la seguridad nacional.
Se siguió hostigando a las personas que habían participado en actos en recuerdo de las víctimas del incendio de un bloque de apartamentos ocurrido en noviembre de 2022 en Urumqi, capital de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang), y en otras protestas relacionadas contra las políticas restrictivas de la COVID-19 (conocidas como “protestas A4” o “revolución de los papeles en blanco” porque quienes se manifestaban portaban hojas en blanco). Entre las decenas de manifestantes mayoritariamente jóvenes que se creía que habían sido víctimas de detención figuraban Cao Zhixin, Li Yuanjing, Zhai Dengrui y Li Siqi, que quedaron en libertad bajo fianza en abril tras haber pasado aproximadamente cuatro meses recluidas.
En junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que Kamile Wayit, estudiante universitaria uigur, había sido declarada culpable en marzo de “promoción del extremismo”, al parecer por haber publicado un vídeo sobre las protestas A4 en la red social china WeChat. Kamile Wayit, que, según informes, sufría depresión y otros problemas de salud, fue condenada a tres años de prisión.1
En agosto, el Parlamento chino anunció una propuesta de reforma de la Ley Administrativa de Seguridad Pública para prohibir los actos, la vestimenta y los discursos “perjudiciales para el espíritu nacional chino u ofensivos para los sentimientos del pueblo chino”. Expertos chinos en derecho expresaron preocupación por las excesivas facultades para restringir las libertades que concederían a las autoridades algunos de los cambios propuestos, al carecer éstos de definición y ámbito de aplicación.
En julio, la autoridad reguladora del ciberespacio en China impuso limitaciones aún mayores a las personas usuarias de las redes sociales, al introducir nuevas directrices que regulaban las cuentas de redes sociales y los blogs de “contenido propio no institucional” (zimeiti); con ellas, la persona titular de la cuenta era responsable de garantizar que los datos de sus publicaciones fueran objetivamente correctos y de identificar las fuentes cuando se tratara de temas de actualidad o política internacional. En consecuencia, las empresas de redes sociales implantaron nuevas políticas que exigían revelar sus nombres reales a influencers y a otras personas con gran número de seguidores, lo cual hacía temer por el derecho a la privacidad.
Continuó la persecución de periodistas, entre otras razones debido a tensiones geopolíticas. En junio, en el contexto de las tensiones existentes entre los gobiernos chino e indio, se puso fin a la presencia formal de los medios de comunicación de India en China con la expulsión de un periodista del Hindustan Times. En octubre quedó en libertad la periodista australiana Cheng Lei, que había trabajado en la cadena de televisión china CGTN, propiedad del Estado. Había sido detenida en agosto de 2020 por presunta “difusión de secretos de Estado al extranjero”.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
El gobierno continuó atacando sistemáticamente a defensores y defensoras de los derechos humanos, en un esfuerzo por aplastar la disidencia y reducir el espacio de la sociedad civil. A lo largo del año fueron procesadas por imprecisos cargos de seguridad nacional numerosas personas, entre ellas profesionales del derecho, intelectuales, periodistas, activistas y personal de ONG.
Se condenó a largas penas de prisión a prominentes activistas, como el jurista Xu Zhiyong y el abogado de derechos humanos Ding Jiaxi, que habían sido declarados culpables de “subversión del poder del Estado” en 2022 y fueron condenados en abril a 14 y 12 años de prisión respectivamente. Ambos figuraban entre las decenas de personas que fueron perseguidas tras haber asistido en 2019 a una reunión informal en la que se debatió sobre la situación de la sociedad civil y sobre asuntos de actualidad en China.2
En junio, el abogado de derechos humanos Chang Weiping fue condenado a tres años y medio de prisión por “subversión del poder del Estado” tras haber difundido información sobre las torturas que afirmó haber sufrido durante su detención, en 2020, a raíz de la mencionada reunión. Esta condena se le impuso casi un año después de haber sido declarado culpable en un juicio a puerta cerrada.3
En abril, la policía detuvo al abogado de derechos humanos Yu Wensheng y a su esposa, Xu Yan, cuando se dirigían a una reunión con personal diplomático en la delegación de la UE en la capital, Pekín. En octubre fueron acusados de “provocar peleas” e “incitar a la subversión del poder del Estado”. Yu Wensheng ya había estado encarcelado en el pasado por su labor de derechos humanos.
En julio, la periodista ciudadana Zhang Zhan, que había sido detenida en mayo de 2020 y posteriormente condenada a 4 años de prisión, fue ingresada en un hospital penitenciario de Shanghái debido a los efectos de la huelga de hambre que mantenía.
En septiembre comenzó el juicio de la destacada activista del movimiento #MeToo y periodista Sophia Huang Xueqin y del activista de los derechos laborales Wang Jianbing. Ambos habían sido detenidos en septiembre de 2021 y acusados de “incitar a la subversión del poder del Estado” por su participación en actividades de formación sobre protestas no violentas y en reuniones privadas celebradas en el domicilio de Wang Jianbing para hablar sobre la reducción del espacio de la sociedad civil.4
En octubre, la veterana abogada de derechos humanos Li Yuhan fue condenada a seis años y medio de cárcel por “provocar peleas y crear problemas” y “fraude”. Li Yuhan, que tenía más de 70 años y cuyo estado de salud era precario, llevaba recluida desde finales de 2017, y desde entonces le habían negado acceso regular a asistencia letrada y tratamiento médico, además de someterla, al parecer, a otros malos tratos.5
Preocupaba que las reformas legales facilitaran aún más los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos. En abril se reformó la Ley de Contraespionaje —que había sido utilizada contra los defensores y defensoras de los derechos humanos— para extender el ámbito de las actividades de espionaje y ampliar las facultades de investigación de cuestiones relacionadas con el espionaje.
Derechos de las mujeres
En mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por los informes sobre intimidación, acoso y violencia sexual y de género contra defensoras de los derechos humanos, y sobre hostigamiento a quienes colaboraban con el Comité.
En febrero, las autoridades permitieron a la defensora de los derechos de las mujeres y del derecho a la salud He Fangmei reunirse por primera vez con sus abogados tras casi dos años y medio de reclusión. Llevaba desde mayo de 2022 esperando sentencia por cargos de “bigamia” y “provocar peleas y crear problemas” debido a su campaña en favor de las vacunas seguras y de la justicia para los niños y niñas, incluida su hija, cuya salud consideraba que se había visto perjudicada por vacunas no seguras. Según informes, tras la detención de He Fangmei, las autoridades internaron a sus dos hijas de corta edad en un hospital psiquiátrico y enviaron a su hijo a un hogar de acogida, sin permitir que otros familiares tuvieran acceso a ellos.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En octubre, 18 expertos y expertas de la ONU instaron a China a no repatriar por la fuerza a personas norcoreanas, tras haberse sabido que las autoridades habían devuelto a Corea del Norte a más de 500 personas, en su mayoría mujeres, a pesar de las advertencias previas de que las personas devueltas podían sufrir duros castigos, como desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y posible ejecución (véase el apartado sobre Corea del Norte).
Represión de la disidencia
Continuó la preocupación por la represión de la disidencia que estaba en el extranjero, incluida la presión ejercida por las autoridades chinas sobre otros países para que repatriaran por la fuerza a personas de nacionalidad china que de ser devueltas corrían peligro de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. En julio, la policía detuvo en Laos al abogado de derechos humanos Lu Siwei, que en septiembre fue sometido a repatriación forzosa a China, donde pasó varias semanas detenido. Aunque quedó en libertad bajo fianza, sus libertades de circulación y expresión permanecieron sumamente restringidas.6
En julio se comunicó a la familia de Yang Zewei que éste se encontraba recluido en un centro de detención para menores de la ciudad de Hengyang (provincia de Hunan). Esto se produjo después de que se hubieran recibido informes según los cuales Yang Zewei había sido detenido en Laos en mayo tras haber lanzado una campaña en línea contra la censura de Internet en China.
Regiones autónomas
Amnistía Internacional no apreció avances en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe de 2022 de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el que se documentaban posibles crímenes de lesa humanidad contra uigures y otras personas de grupos predominantemente musulmanes de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang). En septiembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos volvió a pedir “medidas correctoras enérgicas”. Entretanto, continuó la represión sistemática de la población uigur y kazaja y de otros grupos étnicos minoritarios mayoritariamente musulmanes, al tiempo que se perpetuaba la arraigada impunidad. Durante una visita a Urumqi en agosto, el presidente Xi Jinping, pidió a las autoridades locales que reforzaran el control de las “actividades religiosas ilegales”.
Desde el comienzo de la represión, en 2017, habían sido recluidas arbitrariamente en campos de internamiento y prisiones hasta un millón de personas, y en 2023 se produjeron nuevas detenciones y juicios injustos. En junio, un tribunal de Urumqi condenó al estudiante uigur Zulyar Yasin a 15 años de prisión por “separatismo”. En julio, la policía se llevó a su madre, Rahile Jalalidin, después de que ésta hubiera protestado por la condena de su hijo.
En febrero, la policía de seguridad del Estado detuvo a la periodista y artista de etnia kazaja Zhanargul Zhumatai en casa de su madre, en Urumqi, después de que se hubiera comunicado con contactos en el extranjero y denunciado la apropiación de tierras de las comunidades ganaderas kazajas de los alrededores de Urumqi para la construcción de carreteras y proyectos hidroeléctricos. Previamente, Zhanargul Zhumatai había estado detenida más de dos años en un campo de internamiento, donde había desarrollado trastornos cardiacos debido, según informes, a la falta de atención médica.
Investigadores y medios de comunicación independientes siguieron denunciando el empleo de trabajos forzados contra uigures. En septiembre, una delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitó Xinjiang para entablar “debates técnicos” sobre la aplicación de los Convenios 29 y 105 de la OIT, relativos al trabajo forzoso, que China había ratificado en 2022.
La envergadura de la discriminación ejercida contra la población tibetana y de las restricciones de sus derechos socavaba cada vez más su identidad cultural y su lengua. En febrero, cinco expertos y expertas de la ONU escribieron al gobierno chino para expresar su preocupación por los programas de transferencia de mano de obra, en virtud de los cuales millones de personas tibetanas de zonas rurales al parecer tenían que abandonar sus hogares y sus medios de vida tradicionales para incorporarse a puestos de trabajo poco cualificados y mal remunerados en el sector manufacturero. Esta práctica —añadían— podía afectar negativamente a las lenguas, las prácticas culturales y la religión de la minoría tibetana, y ser constitutiva de trata de personas para trabajos forzados.
En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó preocupación por el impacto negativo de los planes de mitigación de la pobreza y los reasentamientos —con el fin aparente de favorecer la restauración ecológica—, sobre la vida y los medios de sustento de los pequeños agricultores y ganaderos, incluidos los nómadas tibetanos. El Comité instó a poner fin de inmediato al reasentamiento y la reubicación no voluntarios de estas comunidades, y se mostró preocupado por las noticias recibidas sobre campañas de erradicación de la cultura y la lengua tibetanas, cierres de escuelas que impartían enseñanza en tibetano y en otras lenguas minoritarias, y programas de asimilación, incluido el sistema de internado escolar forzoso impuesto a los niños y niñas tibetanos.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En febrero, dos estudiantes presentaron una demanda contra el Ministerio de Educación para pedir la anulación de las medidas disciplinarias adoptadas contra ellas “por violación de las normas universitarias” tras haber distribuido banderas arcoíris en el campus de la Universidad de Tsinghua en 2022. En las redes sociales se censuró la información sobre esta demanda.
Las autoridades también siguieron presionando a los grupos LGBTI. En mayo, el Centro LGBT de Pekín, una de las mayores y más antiguas organizaciones de apoyo y defensa del colectivo LGBTI en China, anunció que cerraba “debido a fuerzas que escapaban a su control”. En agosto, en Qixi (día de San Valentín en China), WeChat prohibió sin dar explicaciones las cuentas de varios grupos LGBTI, entre ellos Hermandad Trans China, el Centro Lésbico de Pekín y la filial de Trueself en Pekín.
Pena de muerte
La información sobre el empleo de la pena de muerte era limitada, ya que las cifras sobre el número de condenas y ejecuciones seguían clasificadas como secreto de Estado. La pena de muerte continuó siendo de aplicación para 46 delitos, algunos de ellos no letales —como el tráfico de drogas— y que, por tanto, no se ajustaban al criterio de “los más graves delitos” establecido en el derecho y las normas internacionales.
Los medios de comunicación estatales informaron de algunos casos de personas condenadas a muerte. Entre ellas figuraba Yu Huaying, condenada a muerte en septiembre por el Tribunal Popular Intermedio de Guiyang por secuestro y tráfico de menores en la década de 1990.
En diciembre, el gobierno filipino comunicó que —pese a sus reiteradas solicitudes de conmutación de la pena— China había ejecutado a dos personas de nacionalidad filipina por delitos de narcotráfico.
Derechos laborales
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU consideró preocupante la falta de seguridad y el acoso generalizado en el lugar de trabajo, en particular el acoso sexual a mujeres, así como los insuficientes mecanismos de inspección laboral para investigar las denuncias de violaciones de la legislación y la normativa pertinentes. Asimismo, el Comité se mostró preocupado por la falta de una cobertura médica y de accidentes suficiente, en especial para las personas que trabajaban en el sector informal, y por la inadecuada cobertura de la seguridad social para los trabajadores migrantes del campo a la ciudad, entre otros.
Derecho a un medioambiente saludable
Según un informe publicado en febrero por Global Energy Monitor y el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, el número de centrales eléctricas de carbón construidas en China en 2022 multiplicaba por 6 el de todo el resto del mundo. En septiembre, el enviado especial chino para el clima, Xie Zhenhua, afirmó que la eliminación total de los combustibles fósiles era “poco realista”. China reanudó la construcción de centrales eléctricas de carbón, temporalmente paralizada, y permitió la construcción de nuevas centrales tanto dentro como fuera del país, a pesar de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU le había recomendado en febrero suspender los permisos y detener la financiación de centrales eléctricas de carbón.
Región Administrativa Especial de Hong Kong
Las autoridades de Hong Kong siguieron utilizando la Ley de Seguridad Nacional de 2020, así como las disposiciones sobre sedición de la Ordenanza sobre Delincuencia —que databan de la era colonial— y otra legislación restrictiva contra activistas en favor de la democracia, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas.
En febrero comenzó el mayor proceso judicial que había tenido lugar hasta la fecha por cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, en el que se juzgaba a 47 activistas en favor de la democracia. Todas estas personas estaban acusadas de “conspiración para cometer subversión” en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, debido a su participación en las primarias no oficiales de un partido político para las elecciones al Consejo Legislativo de 2020, que finalmente fueron aplazadas. La mayoría de ellas habían pasado más de dos años recluidas hasta el inicio del juicio y, de ser declaradas culpables, algunas se enfrentaban a penas de hasta cadena perpetua.7
El juicio por cargos relacionados con la seguridad nacional y de sedición contra Jimmy Lai, editor y fundador del periódico prodemocrático Apple Daily, comenzó en diciembre, un año después de lo previsto inicialmente, tras haber sido aplazado en reiteradas ocasiones. Jimmy Lai llevaba detenido desde agosto de 2020. En marzo, cinco expertos y expertas en derechos humanos de la ONU escribieron al gobierno chino para expresar su profunda preocupación por el arresto, la detención y los múltiples procesamientos de Jimmy Lai, que parecían relacionados con sus críticas al gobierno chino y su apoyo a la democracia en Hong Kong.
En marzo, la policía de seguridad nacional detuvo por “sedición” a dos hombres, por estar en posesión de libros infantiles prohibidos, cuyos autores y editores habían sido condenados por sedición en 2022.8 Ambos quedaron en libertad bajo fianza, pero podrían ser condenados a hasta dos años de prisión.
Se siguió procesando a personas pertenecientes a grupos en favor de la democracia y los derechos humanos, a pesar de que la mayoría de estos grupos habían dejado de estar operativos desde la introducción de la Ley de Seguridad Nacional en 2020. El 4 de marzo se dictó sentencia condenatoria contra Chow Hang-tung, Tang Ngok-kwan y Tsui Hon-kwong, integrantes de Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, por no haber satisfecho la solicitud policial de información sobre la membresía, la financiación y las actividades del grupo, formulada en 2021 en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Chow Hang-tung, exvicepresidenta de la Alianza de Hong Kong, se negó a cumplir las condiciones de su libertad bajo fianza, que limitaban su derecho a la libertad de expresión y, por tanto, continuó detenida en espera de que se resolviera el recurso que había interpuesto. Estuvo varias veces en régimen de aislamiento, en total durante 82 días.
El 1 de marzo, las autoridades de Hong Kong levantaron la normativa sobre reuniones públicas impuesta con motivo de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el derecho a protestar siguió estando muy restringido y reinaba un ambiente de intimidación. En marzo, la Asociación de Trabajadoras de Hong Kong suspendió una marcha programada con motivo del Día Internacional de la Mujer, al parecer debido a la preocupación de la policía por la participación de “grupos violentos” y a las amenazas sobre la posible detención de participantes.
En junio, el gobierno de Hong Kong solicitó una orden judicial para prohibir la popular canción de protesta en favor de la democracia “Glory to Hong Kong”, y amenazó con procesar, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional y de las leyes de sedición, a cualquiera que la interpretara, emitiera o publicara.
El 4 y el 5 de junio, la policía detuvo al menos a 32 personas en las proximidades de Victoria Park, donde se celebraba anualmente una vigilia con velas para conmemorar la represión de Tiananmen hasta que este acto fue prohibido, en 2020. La policía afirmó que las personas detenidas estaban “exhibiendo artículos de protesta con textos sediciosos, entonando cánticos y cometiendo actos ilegales”. Posteriormente todas ellas quedaron en libertad sin cargos.
En junio, 10 personas que habían formado parte del personal de la organización Fondo de Ayuda Humanitaria 612 —constituida para ayudar con los costos judiciales y de otra índole a quienes habían participado en las protestas de 2019 en favor de la democracia, y disuelta en 2021—, o que habían tenido alguna relación con ella, fueron detenidas por presunta “conspiración para actuar en connivencia con un país extranjero o con elementos externos” en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, y por “incitación a la revuelta”. Fueron acusadas de haber aceptado donaciones de organizaciones extranjeras con el fin de proporcionar ayuda económica a personas que habían huido de Hong Kong o a organizaciones que defendían la imposición de sanciones contra las autoridades de Hong Kong.
En julio, cinco expertos y expertas de la ONU escribieron a los gobiernos de China y Hong Kong para expresar su preocupación por las repercusiones en materia de derechos humanos que podrían tener las propuestas sobre la regulación de las actividades de financiación colectiva (crowdfunding) publicadas en diciembre de 2022. En la comunicación se resaltaban especialmente los riesgos que podía suponer para las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión la aplicación de unos motivos de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo vagamente definidos como criterio principal para evaluar la naturaleza y la finalidad de las actividades de financiación colectiva.
En septiembre, la joven Zeng Yuxuan, de 23 años y procedente de China continental, que estudiaba un posgrado de derecho en la Universidad China de Hong Kong, se declaró culpable de sedición y fue condenada a 6 meses de prisión por haber hecho planes para desplegar una pancarta con la imagen de una escultura de un artista danés que conmemoraba la represión de Tiananmen. Aunque debía quedar en libertad en octubre al haber cumplido la mayor parte de su condena en detención previa al juicio, fue deportada a China continental, donde se creía que permanecía recluida en régimen de incomunicación. Ésta se consideró la primera vez que una persona de China continental era deportada desde Hong Kong tras haber sido condenada por sedición.
En diciembre, la policía arrestó a 7 personas y emitió órdenes de arresto contra otras 2 que vivían en el extranjero por “incitar a otras personas a no votar o a emitir votos nulos” en las elecciones a los consejos de distrito.
Se siguió persiguiendo a personas críticas con las autoridades de Hong Kong residentes en el extranjero. En julio, la policía emitió órdenes de arresto contra 8 activistas, incluidos 3 exdiputados, que se habían exiliado en Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Estaban acusados de haber violado la Ley de Seguridad Nacional, y se ofreció una recompensa de un millón de dólares de Hong Kong (unos 128.228 dólares estadounidenses) a quien facilitara información que permitiera su detención. En octubre, 4 expertos y expertas de la ONU expresaron profunda preocupación por la emisión de estas órdenes de arresto y pidieron una reforma de la Ley de Seguridad Nacional. En diciembre se añadió a la lista de personas buscadas, y con la misma recompensa, a 5 activistas hongkoneses más residentes en el extranjero.
En noviembre, la estudiante Yuen Ching-ting, de 23 años, fue condenada a 2 meses de prisión por haber publicado mensajes “sediciosos” en las redes sociales mientras estudiaba en una universidad de Japón. Yuen Ching-ting, que se declaró culpable de haber publicado 13 mensajes de apoyo a la independencia de Hong Kong, fue detenida en marzo, cuando regresó a Hong Kong para renovar su documento de identidad.
En diciembre, la destacada activista estudiantil Agnes Chow publicó en Instagram el relato de cómo tuvo que aceptar viajar a China continental y participar en actos y “visitas patrióticas” para que le devolvieran el pasaporte y poder estudiar en Canadá. Agnes Chow había sido encarcelada en 2020, pero había permanecido sometida a vigilancia tras haber quedado en libertad bajo fianza en 2021 y, además, le había sido confiscado el pasaporte. Tras su llegada a Canadá, expresó su temor de no poder regresar nunca a Hong Kong puesto que, de hacerlo, correría el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.
Se produjeron avances positivos para los derechos de las personas LGBTI gracias a una serie de decisiones judiciales en recursos interpuestos contra políticas y prácticas discriminatorias En febrero, el Tribunal de Última Instancia resolvió que el gobierno había vulnerado los derechos de dos personas transexuales al rechazar sus solicitudes de modificación del sexo en sus documentos de identidad porque no se habían sometido a cirugía de reasignación completa.
En agosto, en una causa interpuesta por una pareja de lesbianas, el Tribunal Superior reconoció legalmente a la madre no gestante como segunda progenitora. En otra histórica sentencia dictada en septiembre, el Tribunal de Última Instancia rehusó reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero resolvió que el gobierno tenía la obligación constitucional de proporcionar un marco jurídico alternativo para que las relaciones entre personas del mismo sexo quedaran reconocidas. El Tribunal fijó un plazo de dos años para que los derechos de las parejas homosexuales —incluido el acceso a hospitales y herencias—, quedaran protegidos en igualdad de condiciones que los de las parejas heterosexuales.9
En octubre, en otras dos causas, el Tribunal de Apelación declaró discriminatoria la decisión del gobierno de negar a los matrimonios homosexuales el derecho a alquilar y poseer viviendas públicas. Asimismo, el tribunal falló a favor de la igualdad en los derechos de herencia.
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