En sus oficinas de Miami, el reconocido abogado de migración Willy Allen recibió la semana pasada a una señora nicaragüense preocupada. Más que preocupada, asustada. Desde que cruzó la frontera en 2007, ha permanecido en Estados Unidos “sin ningún tipo de documentación” legal. Tiene el miedo evidente que acompaña a millones de migrantes ilegales y, por tanto, ha comenzado a imaginar todos los escenarios futuros posibles: que le toquen a la puerta de la casa y carguen con ella; que sin esperarlo, lleguen los agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) a su trabajo; que la suban de un día a otro a un vuelo de deportados. La señora quiere saber si tiene aún posibilidad de escapar de cualquiera de estos desenlaces.
No es lo que a Allen le gustaría decir, pero tuvo que comunicarle que probablemente no hay nada que pueda hacer ahora mismo. “¿Qué posibilidad tiene? Ninguna”, dice Allen. “Le expliqué que en estos momentos no podía legalizarla. Tiene un niño de 15 años, pero eso no es garantía”.
Entre todos sus miedos, ese es el mayor: que a su hijo menor de edad, que nació en Estados Unidos, lo deporten o lo tenga que dejar solo. Nadie sabe con precisión cómo el presidente electo Donald Trump llevará a cabo las promesas de campaña que lo llevaron a la Casa Blanca, pero ha dicho, sin vacilar, que no tendrá reparos cuando la deportación se trate de familias con estatus mixto. Es decir, la supuesta “deportación más grande de la historia” podría no ser de 11 millones de migrantes, la cifra oficial de indocumentados en el país, sino de unos cuantos más. “No quiero estar rompiendo familias, así que la única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y enviarlos a todos de vuelta”, dijo el republicano en una reciente entrevista en el programa Meet the Press, su primera entrevista desde las elecciones.
Las constantes amenazas que lanza sin reparos contra los migrantes indocumentados en el país, el Proyecto 2025 que promete acabar con la inmigración ilegal, o las declaraciones y perfiles del equipo de personas que ha nombrado para su próximo mandato no han hecho más que infundir miedo entre la población migrante. Las firmas de abogados y las organizaciones sin fines de lucro que apoyan con asistencia legal ya han comenzando a sentir, en las puertas de sus oficinas y en sus buzones de entrada, el saldo de la ansiedad con que hoy viven tantas familias.
Los abogados hablan de un aumento en la cantidad de personas que programan citas para aclarar dudas o constatar si están a tiempo de hacer algo para permanecer en los Estados Unidos. “Hay un grupo grande de personas que me ha venido a ver, que llevan mucho tiempo, que nunca han tenido ningún tipo de documentación, que nunca se rindieron ante las autoridades y que han vivido en la parte gris de la comunidad. Están preocupados por si los van a buscar, por lo que va a pasar”, asegura Allen.
Lo mismo ha visto Estuardo Cifuentes, gerente de proyecto del Proyecto Corazón, que ofrece orientación legal a inmigrantes. “Después de las elecciones comenzamos a ver un incremento en la cantidad de consultas a través de nuestro número de Whatsapp o nuestra página de Facebook. Si antes recibíamos entre 30 o 40 mensajes diarios, ahora recibimos unos 150 mensajes por día”, sostiene.
Las dudas que llegan en los cientos de mensajes o visitas diarias de los migrantes en los despachos de abogados son de lo más diversas. Cifuentes asegura que la mayor preocupación de quienes se les acercan consiste en la situación en la frontera, las solicitudes de asilo o los permisos de trabajo, temas a los que su organización siempre se ha dedicado. “Pero ya nos empiezan a llegar preguntas que nosotros antes no trabajábamos como el programa DACA (Acción Diferida para los llegados en la infancia), personas con órdenes de deportación vigentes y personas que se encuentran completamente indocumentadas y en este momento están buscando alguna opción”, dijo. “Las personas están apresurando más las cosas. Quienes querían solicitar asilo, pero tenían un plan más lento, ahora lo están haciendo mucho más rápido, están tratando de acelerar el proceso para someter su solicitud”.
El temor más recurrente: la deportación
El abogado Willy Allen no tiene dudas de que cada familia migrante es única en sus dilemas. “Hay diferentes personas con diferentes preocupaciones”, insiste. “Por eso el temor es diferente”.
Por ejemplo, en los últimos días han llegado muchos que temen qué sucederá en la frontera y con sus familiares en México a la espera de una cita del programa en línea CBP One, el cual Trump dijo que erradicaría una vez llegase a la presidencia del país. Por otra parte, lo han visitado una “cantidad alta” de venezolanos con estatus de Protección Temporal (TPS) que ahora han aplicado al asilo, pues “no saben si el TPS lo van a volver a otorgar o no, o qué va a pasar con ellos”. El TPS, que Trump aseguró que revocaría, ha protegido hasta el momento a unas 330.000 personas, sobre todo de El Salvador (195.000 personas), Honduras (57.000 personas) y Haití (50.000 personas).
Allen también ha notado la afluencia de ciudadanos cubanos con estatus de I-220A u “Orden de Libertad Provisional” que en estos momentos están en procesos de corte. “Tienen miedo de estar en peligro, de que los puedan detener y deportar”. El abogado dice que tiene otros clientes con órdenes de deportación “que tienen miedo a que los vayan a empezar a detener.
La idea de una deportación es la que más aterra a los migrantes y ha sido, desde su primer mandato, una idea fija en la mente de Trump. Su vicepresidente electo, J.D. Vance, y Thomas Homan, el próximo “zar de la frontera”, han dicho también, claramente, que durante el primer año de administración republicana deportarán entre 1 y 1.5 millones de extranjeros, comenzando por quienes tienen antecedentes criminales.
William Murillo, presidente ejecutivo de la organización 1800 Migrantes, que ofrece asesoría legal, dijo que en sus oficinas han recibido a muchas personas con órdenes de deportación. “Nos llaman con esa preocupación, no saben qué pueden hacer, y ahora es muy tarde, porque ellos tenían que haber apelado en el mes que le dieron la sentencia y ya pasó”, explica. “Muchos están diciendo, bueno, qué puedo hacer, cuál es mi opción. Pero para los que tienen una deportación apenas hay opciones, a menos que puedas demostrar que tu esposa o tus hijos van a sufrir de forma extrema y que es más fácil darte la residencia que hacerse cargo de una familia”.
El equipo legal de 1800 Migrantes, que también ha duplicado la asistencia de casos en los últimos tiempos, llama a este estado de desasosiego “el efecto Trump”. “Tiene mucho que ver el miedo, la incertidumbre y sobre todo la falta de seguridad jurídica”, dice Murillo. “Hemos visto un aumento significativo de quienes buscan conseguir las pruebas para el asilo. Porque cualquier persona puede solicitar asilo, lo difícil es que puedas probarlo ante el juez. Hemos visto un aumento de un 15 o 20% de consultas adicionales”.
“Estamos listos para lo que venga”
Aunque nadie sabe hoy lo que va a suceder a partir del próximo mes de enero, los abogados y las organizaciones que acompañan a migrantes se están preparando para cualquier escenario. Murillo insiste en que hace falta educar a los migrantes sobre las posibilidades que tienen y las que no. Por tanto, sus abogados recomiendan hacer poderes que puedan garantizar la protección de sus bienes.
“Estamos recomendando que hagan poderes, que dejen a alguien que se encargue de sus asuntos”, comenta. “Si tienes hijos, una casa, cuentas bancarias, y no tienes un documento que le dé el poder a alguien, va a ser un problema. Esto va a ser algo bien difícil”.
Allen, por su parte, ha recomendado a ciudadanos nicaragüenses y haitianos que permanecen en el país con parole humanitario que no retrasen sus solicitudes de asilo político. “Deben hacerlo desde ahora, no cuando se venza”, dice. “Los venezolanos que han entrado con parole y que no han presentado asilo lo deben considerar ahora. Los mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses y hondureños que llevan acá más de 10 años, en estos momentos las opciones que tienen son más limitadas”.
Entre todos estos grupos con estatus diferentes, a Allen le preocupan menos los cubanos que no tienen órdenes de deportación o no han cometido delitos. De haber un cambio en las políticas, podrían aplicar a la llamada Ley de Ajuste Cubano. También confía en que todo irá bien con los beneficiarios del programa DACA, que hasta hoy suma unos 580.000 beneficiarios. Incluso Trump se mostró menos agresivo con DACA en la entrevista con la cadena NBC, donde dijo que trabajará para llegar a un acuerdo al respecto con los demócratas.
“Definitivamente hay ansiedad, miedo e incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar”, afirma Estuardo Cifuentes. “Hemos escuchado muchas cosas durante la campaña, pero no sabemos qué es lo que va a suceder ni cómo lo van a hacer”. En cualquier caso, el Proyecto Corazón estará preparado para “seguir en la línea de defensa de los derechos de los migrantes y los solicitantes de asilo”, dice su gerente de proyecto. “Estamos listos para lo que venga, para crear un programa de respuesta rápida si hiciera falta. Si se trata del cierre definitivo de la frontera, pues las personas tienen derecho a pedir asilo. También prepararemos un programa para brindar orientaciones legales después de detenciones en redadas o arrestos masivos”.
