Los 94 “Bitcoin al día” depositados en la “billetera fría” han salido de Bitfinex

Las 94 criptomonedas del programa “Un Bitcoin al día” provienen de direcciones de la empresa Bitfinex, según el análisis de las transacciones de la dirección que, según el primer mandatario Nayib Bukele, corresponde a la “billetera fría” en la que, presuntamente, se ha colocado el tesoro en el criptoactivo del Estado salvadoreño.

Bukele dijo que “continuará” con el programa de comprar un Bitcoin al día el 15 de marzo de 2024. Agregó que estas nuevas monedas serán depositadas en la dirección de la “billetera fría” en la que, según el funcionario, guardarán “una parte” (5,690 Bitcoin) de la inversión en este activo del Estado salvadoreño. Hasta este lunes 17 de junio, se habían cumplido 94 días desde esa fecha, por lo tanto, la cantidad depositada habría crecido a 5,784 Bitcoin.

Cuando Bukele anunció la existencia de esa “billetera fría”, El Diario de Hoy comprobó que el 80 % de los Bitcoin de dicha dirección tenían como origen a la empresa Bitfinex. Solo el 20 % del ecosistema de Chivo Wallet. Por lo tanto, la tendencia se ha mantenido.

Bitfinex es dirigida por los italianos Paolo Ardoino y Giancarlo Devasini, que cuentan con una alta influencia en el Gobierno de El Salvador. Incluso participaron en la construcción de la Ley de Emisión de Activos Digitales, aprobada por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2022. Su compañía matriz, iFinex, fue señalada en Estados Unidos en 2021 de mentir sobre sus garantías de liquidez. Bitfinex también fue anunciada como la sociedad que se encargaría de la infraestructura de los largamente prometidos Bonos Volcán.

Que una empresa privada con tanta incidencia en las decisiones de un Estado sea el origen de la mayor parte del Bitcoin en la “billetera fría” revelada por Bukele, ponen en duda que esos Bitcoin le pertenezcan, en realidad, al Estado salvadoreño.

¿Es verosímil pensar que esos casi 6,000 Bitcoin sí son del Estado salvadoreño, es decir, de todos los salvadoreños? Al respecto, el tecnólogo Mario Gómez, quien sufrió una detención ilegal por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) en septiembre de 2021, expone una hipótesis, que originalmente fue publicada en su cuenta en X: que Bitfinex haya transferido esos fondos a la dirección que publicó Bukele para que, simplemente, tenga algo que mostrar.

“Esto es como que yo mande $10 a la cuenta de alguien más con más dinero y yo presente ese estado de cuenta como mío. Ni los proveedores, ni las cantidades, ni las fechas cuadran con lo supuestamente comprado”, escribió Gómez en X en marzo de este año.

Las transacciones de la dirección

Tal como lo anunció el primer mandatario Nayib Bukele, la dirección ha recibido un Bitcoin diariamente durante 94 días.

En 79 de estos, los fondos salieron directamente de la misma desde la que provinieron los primeros 4,569 Bitcoin desde Bitfinex.

Las 15 monedas restantes salieron de 9 direcciones distintas, también pertenecientes a Bitfinex. Esta propiedad se pudo comprobar gracias a la consulta en webs especializadas en el tema y en la verificación de que también habían realizado otras transacciones con la dirección perteneciente a Bitfinex desde la que ha salido casi todo el dinero.

Siete de ellas enviaron fondos solo una vez y las dos restantes repitieron cuatro veces.

Debido a que todo el proyecto Bitcoin ha sido manejado con la más absoluta opacidad por el gobierno, esta es la primera vez en la que el mandatario publica una dirección en la que, presuntamente, está alojada la millonaria inversión en Bitcoin del Estado salvadoreño.

“Es imposible tener la certeza de que esos Bitcoin le pertenecen al Estado salvadoreño, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría viene de Bitfinex”, comenta el economista Rafael Lemus.

El Gobierno publicó, en mayo de este año, un sitio web perteneciente a la Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC), con el que, aseguró, salda todas las deudas de transparencia de su apuesta por la criptomoneda. Se trata de un Mempool, que es, según la ONTBC, “una herramienta que te permite ver información histórica y en tiempo real sobre el mempool de un nodo, visualizar sus transacciones, y buscar y ver esas transacciones”. En pocas palabras, hace lo mismo que otros sitios de consulta de la blockchain de Bitcoin, que son de acceso público.

Pero en ese sitio no está colgado ni un solo recibo de las compras realizadas por el gobierno de El Salvador o la partida de la que han salido dichos fondos. Ni siquiera quién es el proveedor.

“Todo los movimientos del dinero del Estado deberían ser verificables en el Presupuesto General de la Nación. Y no hemos visto ninguna de esas salidas para compras de Bitcoin, más allá de la inversión inicial de $200 millones, que tuvo varios destinos. Hasta que no podamos hacer eso, es imposible decir, sin dudas, que las compras son reales”, valora la economista Tatiana Marroquín.

Para el tecnólogo Mario Gómez, en ningún momento se ha dicho desde el Estado que el proveedor de sus criptomonedas es Bitfinex, lo que sí ocurrió, por ejemplo, con Bitso, de la que sí se puede rastrear que transfirió fondos al ecosistema de Chivo Wallet. Es más, nunca en los dos años anteriores se había publicado una dirección que le perteneciera al gobierno de El Salvador.

“¿Cuál es el motivo de esta demostración de que sí se cuenta con esos fondos? Creo que es hacer creer que Bitfinex ha sido siempre su proveedor y que es un contrato que siempre se ha tenido, cuando la realidad es que esa movida es reciente”, dice Gómez, quien no cree que esos casi 6,000 Bitcoin sean del Estado.

Por ello, señala que es posible que se trate de una jugada destinada a recuperar algo de la credibilidad perdida en los más de dos años de promulgada la Ley Bitcoin. En este periodo han sido constantes las promesas sin cumplir, como los Bonos Volcán.

Un lío, aún si las compras son reales

Si se da por sentado el escenario de que el Gobierno de El Salvador sí está haciendo esas compras, todavía queda un problema: ¿tienen sentido las inversiones en un criptoactivo como este para un Estado? Para economistas reconocidos, como el estadounidense Aaron Sepúlveda-Cué, no.

“Los estados manejando Bitcoin, no se me hace nada razonable… Los estados no pueden comprar activos tan a largo plazo porque la sociedad tiene necesidades presentes, que se dejan de atender para guardar ese dinero”, comenta.

Para ilustrar su posición, Sepúlveda-Cué compara a una inversión en Bitcoin a la compra de acciones de una empresa, por ejemplo, Walmart o Amazon.

“La compañía puede ser muy confiable o lo que tu quieras, pero así como puede subir, puede bajar. Si vendes tus acciones ahorita, estás perdiendo las ganancias del futuro; si te esperas al futuro, significa que no estás dando ciertos servicios ahorita mismo que tú como Estado te has comprometido a proveer. Lo mismo sucede con Bitcoin. Es un sinsentido sin salida”, comenta.

Algo en lo que también está de acuerdo la economista Tatiana Marroquín, sobre todo en un país como El Salvador, donde el Gobierno está pagando intereses altísimos por su deuda. Incluso está buscando lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el que está en la mesa de negociaciones la propia Ley Bitcoin.

El Bitcoin ha tenido un precio promedio, en el último trimestre, de unos $55,000. Si el gobierno realmente ha comprado estos 94 nuevos Bitcoin, se traduce en que ha destinado $5.17 millones de dinero público para ello.

“Con el FMI estamos buscando más de $1,300 millones, pero por estos $5 millones que se han gastado en tres meses ya no se tendrían que pagar intereses… Es como ocupar la tarjeta de crédito para ir al casino”, comenta Marroquín.

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