La Corte Suprema parece lista para abrir la puerta a algo inédito: una escuela pública religiosa completamente financiada por el Estado. El caso de Oklahoma, donde se propone crear la primera charter escolar confesional con fondos públicos, no es solo una rareza legal, es una señal de que la delgada línea entre iglesia y gobierno está siendo redibujada. Pero esto no va solo de educación o fe: va de poder. Porque donde se enseña religión, también se moldea ideología.
Aunque la Corte Suprema de Oklahoma dictaminó que esta iniciativa es inconstitucional, la discusión ha escalado hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde una mayoría conservadora podría redefinir los límites entre fe y educación pública.
La propuesta de St. Isidore no es simplemente una escuela con crucifijos en las paredes, es una institución que planea integrar enseñanzas católicas en todas las materias, desde matemáticas hasta ciencias sociales, incluyendo clases de teología y asistencia a misa. Aunque se presenta como una opción educativa, su currículo está diseñado para evangelizar, lo que plantea serias dudas sobre el uso de fondos públicos para promover una religión específica .
La Corte Suprema de Oklahoma fue clara: permitir que una escuela pública adopte una identidad religiosa viola tanto la constitución estatal como la cláusula de establecimiento de la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU. El fallo destaca que St. Isidore, al ser una entidad gubernamental, no puede promover una religión específica sin infringir los principios fundamentales de separación entre iglesia y Estado .
Sin embargo, el debate no termina en Oklahoma. El caso ha llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde una mayoría conservadora parece dispuesta a reconsiderar precedentes históricos.
Decisiones anteriores, como Carson v. Makin (2022), han abierto la puerta para que las escuelas religiosas reciban fondos públicos si existen programas de elección escolar. Ahora, la pregunta es si los estados están obligados a financiar escuelas religiosas si ya financian escuelas chárter laicas.
Este movimiento no ocurre en el vacío. El presidente Donald Trump ha reforzado su alianza con el cristianismo político al establecer una Comisión Presidencial de Libertad Religiosa, liderada por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, y con figuras como Ben Carson. Durante el Día Nacional de Oración, Trump cuestionó la separación entre iglesia y Estado, sugiriendo que la religión debe tener un papel más prominente en la vida pública.
Esto no es solo simbólico. El presidente ha construido un aparato institucional para reforzar su alianza con el cristianismo político: creó una Oficina de la Fe dentro de la Casa Blanca, invita pastores a orar en reuniones del gabinete, y ahora lanza una comisión sin límites claros, liderada por el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, y con Ben Carson.
¿Una puerta abierta a la discriminación por religión?
La implicación de estas decisiones va más allá de la educación. Si se permite que las escuelas chárter adopten identidades religiosas y reciban fondos públicos, se corre el riesgo de que se discrimine a estudiantes LGBTQ+, se priorice la admisión de alumnos de una fe específica y se contrate personal basado en creencias religiosas. Esto no solo desafía los principios de equidad en la educación pública, sino que también plantea preguntas sobre el papel del gobierno en la promoción de una religión sobre otras.
En última instancia, el debate sobre St. Isidore y la financiación pública de escuelas religiosas es una batalla por el alma de la educación pública en Estados Unidos. Mientras algunos ven en estas iniciativas una expansión de la libertad religiosa, otros las perciben como una amenaza a la neutralidad del Estado y a la inclusión en las aulas. La decisión final de la Corte Suprema podría redefinir el equilibrio entre fe y educación en el país.
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