El ministerio de Interior del Reino Unido planea introducir medias «interinas», llamadas órdenes de prevención del crimen grave (SCPOs, en sus siglas en inglés), a fin de poder establecer restricciones inmediatas a las actividades de personas sospechosas mientras los tribunales valoran emitir órdenes judiciales completas.
El anuncio llega después de que las últimas cifras oficiales mostraran un incremento en el número de migrantes en situación irregular que cruzaron el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones a este país el pasado año, un 25 % más frente a 2023, hasta las 36.816 personas.
La ministra de Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, considera que se necesita dar poderes más fuertes a las fuerzas del orden para perseguir y erradicar «las redes de bandas malvadas».
Según las propuestas desveladas por el Home Office, a los sospechosos de tráfico de personas se les podría prohibir el uso de ordenadores portátiles o teléfonos móviles, el acceso a redes sociales, asociarse con ciertas personas o el acceso a sus finanzas.
La Policía, la Agencia Nacional del Crimen (NCA) y otros organismos de seguridad podrán solicitar directamente al Tribunal Superior de Londres dichas órdenes sin tener que pasar antes por la Fiscalía, según explicó este ministerio, que puntualizó que infringir estas órdenes interinas podría derivar en penas de hasta cinco años de prisión.
Estos cambios se incluirán en la proposición de Ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración, que se introducirá en el Parlamento británico en las próximas semanas.
«Los peligrosos traficantes de personas se están lucrando tras socavar nuestra seguridad fronteriza y están poniendo vidas en riesgo. No se les puede permitir salirse con la suya», señaló Cooper.
