El apabullante triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales no habría sido posible sin el apoyo de los latinos. El giro que ha dado el electorado hispano, tradicionalmente demócrata, ha alzado con la victoria a quien ha izado como bandera la lucha contra la inmigración. El discurso xenófobo que ha difundido el republicano durante toda la campaña ha tachado a los migrantes de criminales, que “envenenan la sangre del país” e incluso ha llegado a afirmar, con declaraciones más propias de ideología nazi, que tienen “genes malos”. A pesar de que Trump se ha desvinculado de él, se prevé que el Proyecto 2025, realizado por un grupo de radicales seguidores que priorizan acabar con la inmigración, será una guía de su política.
Los latinos que son ciudadanos estadounidenses y han votado por Trump no se dan por aludidos por las amenazas del expresidente, pero lo cierto es que si llega a cumplir todas sus promesas contra la inmigración, hay estimaciones de que unos 19 millones de latinos pueden verse afectados. No son sólo los migrantes que serían objeto de la mayor deportación de la historia (indocumentados o no), sino sus cónyuges, hijos y otros familiares relacionados con ellos. Estas son algunas de las amenazas que el que será el 47 presidente de Estados Unidos ha hecho.
La mayor deportación de la historia
La estrella de su discurso durante la campaña ha sido prometer que, si llega a la Casa Blanca, llevará a cabo la mayor deportación de la historia de migrantes indocumentados. Afectaría a unos 11 millones de personas.
Trump respaldaría la bautizada como “Operación Aurora” con una ley utilizada en tiempos de guerra, que contempla la expulsión de los enemigos que invaden Estados Unidos. Desde que fue promulgada, a finales del siglo XVIII, esta norma solo se ha aplicado en tres ocasiones: la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Las organizaciones latinas de derechos civiles han alertado de que la operación no se limitaría a los migrantes que no tienen documentos estadounidenses.
En numerosas ocasiones, Trump ha equiparado a los migrantes sin papeles con delincuentes que roban, matan y violan, por lo que los considera los enemigos del país. Los acusa además de reemplazar a trabajadores estadounidenses y causar el desempleo, a pesar de que los estudios apuntan a que la deportación sería muy negativa para la economía del país. Los migrantes indocumentados suelen ocupar los empleos que los americanos no quieren desempeñar, como los del campo. Pagan impuestos y ayudan a mantener la seguridad social, a pesar de no beneficiarse de ello.
Fin del programa DACA
Ya en 2017, durante su anterior presidencia, Trump quiso eliminar el programa DACA, pero el Tribunal Supremo se lo impidió, a pesar de que admitió que el presidente tiene autoridad para anularlo. El programa, aprobado en 2012 durante la presidencia de Barack Obama, concedía el permiso de residencia y trabajo a los migrantes que llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños. A petición de varios Estados gobernados por republicanos, un juez de Texas paralizó el programa, que ya no acepta nuevos solicitantes. Los que entraron, unos 580.000 beneficiarios, pueden seguir renovándolo cada dos años. Los llamados “dreamers” llevan más de dos décadas en el país, son profesionales, han creado familias, echado raíces y la deportación les expulsaría del que consideran su país.
Fin del programa Manteniendo a las Familias Unidas
Aprobado por Joe Biden en junio de este año, el Programa Manteniendo a las Familias Unidas se convirtió en la mayor reforma migratoria de su Administración al conceder la residencia a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, pero fue interrumpido unos días después por un juez federal de Texas, a petición del fiscal republicano Ken Paxton, que lideró a 15 Estados republicanos. Trump se opuso al programa y acusó a Biden de conceder una “amnistía masiva” a los “delincuentes” que entraron de forma ilegal al país. Medio millón de personas más sus hijos podían beneficiarse del programa, conocido en inglés como Parole in Place.
Los solicitantes deben haber vivido en Estados Unidos un mínimo de 10 años y haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 18 de junio. Además, no pueden suponer una amenaza nacional ni tener antecedentes penales. De media, los beneficiados han vivido más de dos décadas en Estados Unidos.
Adiós al TPS
“Springfield es un lugar tan hermoso. ¿Has visto lo que le pasó? Ha sido invadido. No puedes hacerle eso a la gente. Revocaría (el estatus de protección temporal o TPS, por sus siglas en inglés) y traería (a los inmigrantes) de regreso a su país”, dijo Trump en una entrevista a NewsNation el mes pasado.
El TPS protege a unas 330.000 personas que, de regresar a su país, sufrirían violencia, hambruna, las consecuencias de desastres naturales u otras condiciones potencialmente mortales. El grupo más grande de beneficiarios del TPS es el de El Salvador (195.000 personas), seguido de Honduras (57.000 personas) y Haití (50.000 personas).
En el único debate presidencial con Kamala Harris, Trump difundió el infame bulo de que los haitianos que viven en la ciudad de Springfield, en Ohio, se comen a las mascotas, provocando el caos y escenas de violencia en la ciudad.
No más ‘parole’ humanitario
Unas 530.000 personas han llegado al país bajo la protección del programa parole humanitario, que permitió la entrada de migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Aprobado en 2022 concedía asilo a los venezolanos que huían del régimen de Nicolás Maduro, si tenían un patrocinador financiero, pasaban una investigación de antecedentes y compraban un boleto de avión para volar a un aeropuerto estadounidense. Trump los considera “migrantes ilegales” y ha criticado que se les conceda un permiso de trabajo.
Fin de la ciudadanía por nacimiento
El presidente electo ha prometido que eliminará la ciudadanía automática para los niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente, un plan que contradice cómo se ha interpretado durante mucho tiempo una enmienda del siglo XIX de la Constitución. En un vídeo publicado en X, Trump afirmó que esa política supone un imán para los migrantes que vienen de cárceles e instituciones de enfermos mentales. “Desde el primer día firmaré una orden ejecutiva por la que los hijos de extranjeros ilegales no reciban la ciudadanía automática”, prometió.
